Tras convocar a una marcha multitudinaria para este sábado, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este martes un paro escalonado en la administración pública como otra medida de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo y dictatorial.
«Vamos hacia un paro escalonado en la administración pública, propuesto por los sindicatos», dijo en una rueda de prensa el líder opositor tras reunirse con representantes de varios gremios en Caracas.
«Producto de esta reunión, vamos a construir las capacidades para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada», continuó.
Con respecto a la organización de la medida de fuerza, Guaidó anunció que desde este miércoles el Parlamento, de mayoría opositora, comenzará a sostener reuniones con las más grandes centrales de trabajadores, que agrupan a más de 600 sindicatos, para coordinar los pasos a seguir.
«Sabemos que van a empezar con las amenazas y la persecución», dijo tras criticar que el país tenga hoy «indicadores de guerra» como una contracción del Producto Interno Bruto de más del 50 % y una inflación insostenible.
El líder del antichavismo se reunió este martes con sindicalistas de la Cancillería, la estatal eléctrica Corpoelec, compañías telefónicas y petroleras. «La presión apenas comienza, la movida social ahora va a la calle», señaló sin dejar de recordar que la lucha de los trabajadores es anterior a la tensión política ya que el año pasado los gremios encabezaron el conflicto laboral más extendido en la historia del país, que significó decenas de protestas.
Un regreso marcado por la tensión
Tras estar durante tres días fuera de Venezuela, Guaidó volvió el lunes a su país, en un regreso donde reinó la tensión y sobrevoló la posibilidad de que fuera arrestado, algo que finalmente no pasó.
Ante esto, el Gobierno aseguró que analizará «cuidadosamente» las circunstancias de su vuelta al país. «Su comportamiento y sus actividades serán cuidadosamente analizados por estas instituciones y se tomarán medidas apropiadas», dijo Dercy Rodríguez, vicepresidenta, al canal Rusia 24.
Entre esas amenazas estaba la posibilidad de meterlo preso, ya que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, le había prohibido salir del país.
