Siete meses después de aquel anuncio que hizo Mauricio Macri sobre un plan nacional de lucha contra la corrupción en medio del escándalo de los Cuadernos, el Gobierno se prepara ahora para lanzar antes de fin de mes un decreto presidencial que contempla los ejes centrales de ese programa de gestión por mayor transparencia en el Estado que se extenderá para los próximos cuatro años gane quien gane las elecciones.
Según revelaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, los detalles de ese decreto que prevé el plan anticorrupción están siendo revisados por el jefe de Gabinete Marcos Peña y por el propio Macri. Se trata de un exhaustivo trabajo que realizaron Laura Alonso desde la Oficina Anticorrupción; el secretario de Fortalecimiento InstitucionalFernando Sánchez, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el director de la Agencia de Acceso a la Información Eduardo Bertoni, entre otros.
La iniciativa que se convertirá en decreto a fin de mes y que también está siendo revisada por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Pablo Clusellas apunta a «establecer objetivos prioritarios de transparencia» en 50 organismos estatales de la órbita del Poder Ejecutivo, según reza un documento con los lineamientos centrales de la propuesta oficial al que accedió Infobae.
El Plan Nacional Anticorrupción 2019/2023 pretende replicar modelos similares de países como Gran Bretaña, España y Colombia y se plasmará en un decreto que contemplará tres ejes de prioridad: transparencia y gobierno abierto, integridad y prevención y sanción e investigación.
«El hecho de que el plan Anticorrupción se encuentre en un decreto presidencial y apunte a los próximos cuatro años habla de un gobierno que está severamente comprometido con el país y que quiere dejar este esquema de transparencia como una política de Estado para la Argentina», reveló un funcionario que formó parte de la redacción de este decreto.
En el capítulo de «transparencia y gobierno abierto» se contemplan medidas más ágiles de acceso a la información pública, asignación de transferencias, becas y subsidios más transparentes, un esquema de compras y contrataciones mucho más riguroso que el actual y mecanismos de transparencia fiscal, presupuestaria e inspecciones muy severas.
Al abordar el tema de «integridad y prevención» se prevén también nuevas cláusulas que deberán cumplir todos los ministerios y dependencias públicas de la órbita del PEN, para el empleo público, la prevención de conflicto de intereses y la ética pública. Parte de estas directrices ya fueron elaboradas en un proyecto de ley de ética pública que envió el Gobierno al Congreso.
En tanto, la parte vinculada con «investigación y sanción», prevé un régimen de auditorías internas más complejo, un sistema de seguimiento riguroso de lavado de dinero, el esquema de recupero de activos y un régimen disciplinario con esquema de denuncias y delaciones para que los funcionarios puedan denunciar sus pares bajo un esquema de protección especial.
Según revelaron a Infobae algunos de los participantes que elaboraron el decreto la normativa alcanzará a 48 organismos estatales comprometidos, 22 centralizados y 26 descentralizados. Allí se contabilizan organismos como el PAMI, la Policía Federal, la Procuración del Tesoro, Prefectura, la SIGEN, la Superintendencia de Salud, la Unidad Antilavado, la Gendaremería, las Fuerzas Armadas, los entes reguladores y la Agencia Nacional de Seguridad Social entre otros organismos.
En el decreto estarán condensadas 250 iniciativas que circularon por diversos ministerios y secretarías. Y la normativa se hizo luego de una consulta pública que hubo desde agosto del año pasado hasta ahora donde hubo 24 participantes de la sociedad civil que llevaron 18 propuestas.
