El Tribunal Oral que juzga al empresario Alberto Samid por presunta asociación ilícita ya envió toda la documentación que se requiere para iniciar la extradición desde Belice, donde fue detenido el viernes por la noche tras permanecer tres días prófugo de la justicia.
Para agilizar los trámites, junto con la orden de captura nacional e internacional, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 envió el miércoles a Cancillería, el canal oficial de comunicación con todo país, los documentos que se requieren para pedir la extradición de una persona, informaron a Infobae fuentes judiciales.
Ahora será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que haga el pedido formal a Belice. A fin de acelerar el proceso, agentes de Interpol Argentina viajaban al país centroamericano.
Las opciones para que Samid regrese al país son dos: la extradición o la expulsión por parte de Belice. La segunda es la más rápida e inmediata. Las autoridades de ese país deciden la expulsión de una persona por vías administrativas. Para eso deben tener alguna irregularidad del empresario al ingreso al país. De hecho, luego de su arresto, trascendió que éste se debió a un «detalle migratorio». Samid se registró como turista.
La extradición es un proceso un poco más largo. Requiere el pedido de un país y el análisis del caso. En rigor, no hay un acuerdo de extradición entre Argentina y Belice. «Pero eso no impide que el proceso se pueda hacer», le dijo a este medio una fuente que trabaja en el caso. «No debería haber ningún elemento que demore esto más de 10 o 15 días», agregó con confianza sobre el plazo en que Samid tendría que estar en Argentina.
Pero el empresario puede defenderse en Belice. Cualquier pedido de extradición puede ser objetado, lo que significa el inicio de una causa judicial.
Samid fue detenido ayer al noche por la policía de Belice, un país de América Central con costa sobre el mar Caribe, en la localidad de San Pedro, ubicada en Cayo Ambergris,una de las islas del país.
Samid había salido de la Argentina el 24 de marzo pasado hacia Paraguay. No tenía prohibición de salida del país -se le dictó tres días después- pero de todas formas lo hizo de manera irregular porque no quedó registrado en ningún paso fronterizo. De Paraguay tomó un vuelo a Panamá y el 26 de marzo otro a Belice.
A ese país ingresó como turista y en la planilla dejó asentado en qué hotel de iba a hospedar. Cuando se ordenó su detención – el miércoles pasado- se supo su alojamiento por ese dato. Ayer a la mañana se emitió la alerta roja de Interpol con el pedido de detención y la policía lo fue a buscar al hotel con ese dato. Pero no estaba. Pocas horas después fue detenido en la isla Cayo Ambergris.
Ahora se inicia el proceso de regreso al país. Samid comenzó a ser juzgado el 18 de marzo pasado junto a otras siete personas por la presunta asociación ilícita en la evasióndel IVA en la comercialización de la carne. Cuando se ordenó la detención de Samid el juicio entraba en su etapa final. El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió que el empresario sea condenado a seis años y seis meses de prisión y que junto con el resto de los acusados devuelvan 23 millones de pesos como multa. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, pidió una condena de siete años.
El juicio – a cargo de los jueces José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari- continuará el miércoles a las 10 de la mañana con lo que se conoce como «dúplicas» de las defensas. La primera será la de Samid. Y hay dos audiencias más ya fijadas para los miércoles siguientes. El tribunal espera que para ese momento Samid ya esté en el juicio.
A Argentina llegará detenido y acá la defensa de Samid podrá pedir su excarcelación.Con su estado de prófugo, la libertad parece difícil: el tiempo que estuvo fuera del alcance de la justicia es un motivo suficiente para sostener que se va a seguir evadiendo. La única posibilidad de evitar ese riesgo es la prisión. Como Samid tiene 71 años puede puede pedir la prisión domiciliaria. Es un beneficio que la ley otorga a quienes tienen más de 70 años aunque no es automático y se tiene que presentar un argumento que lo justifique como una enfermedad que no se puede tratar en prisión.
