La fiscal Alejandra Mangano pidió este viernes la indagatoria del ex jefe del Ejército Cesar Milani, detenido y procesado por enriquecimiento ilícito y causas de lesa humanidad, por presuntos actos de corrupción cometidos junto a una empresa de los Estados Unidos. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, se cree que Milani armó a medida una licitación en la compra de puentes modulares por cerca de USD 1,5 millones para beneficiar a la firma Acrow.
Pero además la fiscal pidió profundizar las investigaciones sobre las otras compras que se hicieron entre 2013 y 2015 a través de la agregaduría militar de los Estados Unidos porque superan los USD 50 millones, porque podrían existir más irregularidades.
Mientras tanto, a pedido de la Justicia argentina, Estados Unidos también está investigando a Milani en una causa que sustancia la jueza federal con asiento en Washington, DC, Deborah Robinson.
Milani ocupó entre 2013 y 2015 el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército. Supo promover la política de derechos humanos del gobierno de Cristina Kirchner pero fue acusado de encubrimiento y falsedad ideológica por desaparición de un soldado, Alberto Agapito Ledo, en 1976 en Tucumán. También por los tormentos que sufrieron un padre y su hijo en La Rioja.
En diciembre de 2016, además, fue procesado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa que no se correspondía con su nivel de ingresos. Milani quedó preso en febrero de 2017 tras prestar una indagatoria en La Rioja. La semana próxima, el 3 de mayo, el Tribunal Oral Federal de esa provincia comenzará a juzgarlo, junto a 12 acusados, por secuestros y torturas en la dictadura.
Ahora, Milani enfrenta otra causa a raíz de la denuncia anónima que motorizó esta causa que decía que «Milani habría ordenado la compra de ese puente porque habría un negociado que iba a tener un retorno por eso». Allí se daba cuenta de que en noviembre de 2014 el Ejército le compró a la empresa estadounidense «Acrow Corporation of America» puentes móviles que se suelen usar cuando hay inundaciones. Según esa denuncia, los precios que se pagaron no fueron publicados por la Aduana; «Acrow» tiene denuncias de corrupción en varios países y la firma fue elegida directamente sin compulsa de precios.
El caso quedó en manos de la jueza María Servini y la fiscal Mangano. Ahora, después de reunir información y cotejar las irregularidades, Mangano pidió la indagatoria de Milani y del general de brigada Juan Rodolfo Brocca, representante del Ejército de la agregaduría militar argentina en los Estados Unidos.
«Se sospecha que intentaron beneficiar a la empresa Acrow Corporation of America, una empresa privada radicada en ese país a través de una licitación que primero le otorgó facultades al agregado militar de Estados Unidos para contratar a la empresa Arrow», escribió a la fiscal en el dictamen al que accedió Infobae. En la causa ya se determinó que el Ejército le compró a la empresa un «puente de paneles modular metálico y accesorios» por un valor de USD 1.500 por módulo. El valor total de la operación fue de USD 1,5 millones.
Según la hipótesis fiscal, Milani, en su carácter de jefe del Ejército, dictó la Resolución 1936/14 donde «modificó las competencias para autorizar y aprobar contrataciones para la adquisición de bienes y servicios» y estableció nuevas facultades de aprobación de los actos contractuales en el exterior hasta una cifra más alta que la que regía hasta el momento. Luego firmó un acta para adquirir paneles modulares metálicos y accesorios y se recomendó comprarlo en Estados Unidos. Y más tarde se aprobó la contratación.
Esas circunstancias se convirtieron en «uno de los pilares de la imputación». «La responsabilidad penal en torno a los aquí imputados se presenta como una secuencia de tres etapas: la existencia de un interés particular del teniente general Milani tendiente a direccionar la compra a un oferente en particular y las decisiones administrativas tomadas a tal efecto el procedimiento licitatorio propiamente dicho plagado de excepciones e inconsistencias y enderezado a favorecer a la empresa Acrow y finalmente la efectiva adjudicación de la licitación a la empresa en cuestión», se advirtió.
Para la fiscal, «no es casualidad» que se haya utilizado esta forma, cuando «el sistema y la regulación de contrataciones en el exterior podían ser utilizadas de manera discrecional por las autoridades del Ejército Argentino» aprovechando «cierta rebaja en el sistema de control escrituración pública por tratarse de bienes que hacen a la defensa nacional y por realizarse casi íntegramente y justamente en el exterior».
Se pidieron así las indagatorias por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por entender que Milani y Brocco, «al favorecer a la empresa Acrow con el resultado de la licitación privaron al Estado de la posibilidad de obtener una mejor oferta y en definitiva una mejor calidad de los puentes adquiridos».
Ademas la fiscal recomendó poner en conocimiento de los datos de la causa al Ministerio de Defensa para hacer una auditoría frente a «la información aportada por el agregado de defensa y militar en los Estados Unidos relativo a los actos contractuales entre 2013 y 2015 en donde se desprenden compras a través de la agregaduría militar de Estados Unidos que superan los 50 millones de dólares» y permiten sospechar la existencia de otras irregularidades.
