El juicio oral al ex secretario de Obras Públicas José López por sus bolsos con nueve millones de dólares entra en su etapa final. El Tribunal Oral Federal 1 tiene previsto dar el veredicto el jueves de la semana que viene, 13 de junio. La fecha coincide con los tres años de la madrugada en la que López fue detenido en un convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares, un arma y relojes.
El fiscal Miguel Angel Osorio y la Oficina Anticorrupción pidieron que el ex funcionario sea condenado a la pena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito y que se le decomise el dinero y dos propiedades que los acusadores entendieron que no puede justificar con sus ingresos y que estaba a nombre de testaferros.
Los alegatos -la etapa en la que las partes piden las condenas y las absoluciones- concluyó la semana pasada y los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini fijaron el cronograma previsto para concluir el proceso. El próximo lunes serán las réplicas y dúplicas -momento en que los acusadores y las defensas se contestan los alegatos- y el jueves las últimas palabras y luego el veredicto, le informaron a Infobaefuentes judiciales. Esa es la agenda que se puede modificar si la audiencia del lunes se extiende.
López, secretario de Obras Públicas durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue detenido la madrugada del 14 de junio en un convento de General Rodríguez. Llegó hasta allí desde su casa de Tigre con bolsos que contenían nueve millones de dólares, 153 mil euros y 59 mil pesos y dos relojes Rolex. También tenía una carabina.
El ex funcionario no habló sobre el caso hasta el juicio, que comenzó en junio del año pasado. «Ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Yo mismo no sé quiénes son todos y no puedo saberlo. No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo», dijo López ante el tribunal. Contó, en su versión, que Fabián Gutiérrez, ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner, lo llamó para pedirle que lleve al convento el dinero que era de Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, y que desde un auto y una moto lo escoltaron hasta el convento y que le daban órdenes por un celular que luego tiró al río.
Pero los acusadores no le creyeron. «El señor López se enriqueció a costa del estado», dijo el fiscal Osorio en el juicio. Sostuvo que el dinero que llevó al convento era de él y que buscaba esconderlo. También que no se pudo comprobar la versión que dio: las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos no divisaron ningún auto ni moto y que López no dio el número del celular que tiró al río.
La Fiscalía y la OA también lo acusaron por ser dueño a través de testaferros de dos propiedad, su casa del Dique Luján, en la localidad bonaerense de Tigre, y de un departamento en la avenida Las Heras al 2000, en Barrio Norte. Pidieron que sea condenado a seis años de prisión, la pena máxima del delito de enriquecimiento ilícito, y que se decomise a favor del estado nacional el dinero del convento y las propiedades.
Por su parte, Pamela Bisserier, la defensora oficial de López, pidió su absolución. «La tenencia de cualquier activo por parte de mi defendido no significa que sea parte de su patrimonio», sostuvo la defensora.
Junto con López están acusadas otras seis personas: María Amalia Díaz, ex esposa de del funcionario; los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez, Carlos Gianni y abogado Artemio Marconi-como prestanombres de López para las propiedades- y la monja Inés Aparicio, quién ayudó al ex funcionario a ingresos los bolsos al convento. Para ellos la Fiscalía y la OA también pidieron condena.
López estuvo preso en la cárcel de Ezeiza hasta agosto del año pasado cuando ingresó al Programa de Programa de Protección de Testigos e Imputados después de declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción.
Este es el primer juicio a López. El segundo lo comenzó hace dos semanas. Es el caso de las presuntas irregularidades en la obra pública en el que está acusado junto a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
