El gobierno venezolano replicó señalando que «son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles».
En su informe tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que «grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones».
La alta responsable de la ONU pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana, a las que achaca la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por «resistencia a la autoridad», registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó una portavoz, Ravina Shamdasani.
«Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes», detalló.
Sin embargo, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», había resaltado Bachelet.
Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.
Venezuela atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 gobiernos.
El informe de Bachelet confirma «todas las denuncias que hemos realizado durante años», reaccionó Guaidó, calificando al gobierno de Maduro de «dictadura sanguinaria».
Venezuela vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro.
«El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas», explica la ONU.
Pero la administración de Maduro respondió que el ACNUDH «presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos» en Venezuela.
«El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable», pues «no existen personas detenidas por tal condición», añadió Caracas.
La situación es «compleja», admitió Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.
Además de la disolución de las FAES y los «colectivos», Bachelet recomienda crear «un mecanismo nacional imparcial e independiente»para investigar las ejecuciones extrajudiciales, y pide al gobierno publicar regularmente datos exhaustivos sobre la salud y el acceso a agua y alimentos de la población venezolana.
Según una veintena de testimonios recogidos por la ONU, las FAES allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría.
A Naciones Unidas le preocupa que las autoridades puedan usar a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para «infundir miedo» y «mantener el control social», según el texto.
El informe recordó que Bachelet ha pedido la creación de una oficina permanente en Venezuela.
Para el gobierno venezolano, el documento «nada dice (…) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país», en referencia a sanciones de Estados Unidos.
Guaidó, en tanto, renovó su llamado a protestas para este viernes, cuando se conmemora la declaración de Independencia de Venezuela.
«Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluyó Bachelet.
Ámbito
