El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, cuyo rector es Mario Bonucci Rossini, se le planta al Gobierno, negándose a aceptar la destrucción de las universidades autónomas del país, como busca la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia.
El 27 de agosto, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia sobre el procedimiento a seguir para superar el estado en que se encuentran los mandatos vencidos de las autoridades de las instituciones de educación superior autónomas del país electas.
Ordena realizar elecciones en las principales universidades del país, pero además que el Registro Electoral garantice la «igualdad» de los electores», de manera que el voto de los estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y obrero tenga el mismo valor.
La prestigiosa Universidad de Los Andes, al examinar la sentencia Nº 0324, determinó que «es una medida cautelar que la Universidad Central de Venezuela no ha pedido dentro del marco del juicio de nulidad incoado por los Rectores de las Universidades Autónomas en 2009, por la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación».
Destacan que el fondo del juicio paralizado desde hace diez años no se ha resuelto y no se va a resolver con apego al derecho, «porque sería reconocer que la Asamblea Nacional desconoció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al introducir una modificación del contenido del artículo 109 constitucional al margen del procedimiento pautado por la propia Constitución, y ahora, es el propio TSJ quien ha desconocido la Constitución al reformar la Ley de Universidades e ignorar las previsiones del citado Art. 109 constitucional».
A juicio del Consejo Universitario de la ULA, lo que determinan los hechos es que no existe tampoco ninguna preocupación ajustada a la Ley y a los principios democráticos, en salvaguardar el respeto de la soberanía popular representado por el voto. «La incertidumbre generada por las evidentes intenciones intervencionistas para desestabilizar el orden institucional, la encontramos en los casos de la representación del estado Amazonas en el Poder Legislativo del país y en no mostrar la menor preocupación por democratizar las instituciones de educación superior, en las cuales jamás se han elegido sus autoridades y las mismas son designadas discrecionalmente por el ejecutivo».
Señalan que el principio de autonomía, previsto en el artículo 109 de la Constitución, ha sido permanentemente quebrantado durante los últimos 20 años. «Con esta decisión, la Sala Constitucional del TSJ ha montado el disparador de un dispositivo oficial estructurado para culminar en el año 2020, con la liquidación definitiva de la Autonomía Universitaria. Promover una falsa discusión en las universidades sobre el valor y contenido del voto para elegir las autoridades universitarias es una manera de distraer la atención de los universitarios de lo esencial».
Asumen como prioridad para el país «resolver cuanto antes la crisis que está matando a Venezuela, y para los universitarios asegurar que se mantengan las bases de la Autonomía Universitaria. Y en esas luchas, como lo ha demostrado la historia del país, la Universidad venezolana ha jugado en cada ocasión un papel central».
Recuerdan que en estos momentos, todas las mediciones de la opinión pública colocan a los universitarios, particularmente a los estudiantes, a la cabeza de la valoración hecha por los consultados sobre los componentes de la sociedad llamados a encabezar el cambio que reclama la República. «Promover un ambiente de dispersión y de contradicciones entre los universitarios puede convertirse en la forma de anular su significación en las tareas que tiene planteadas la sociedad ahora. En la Universidad lo esencial es salvaguardar la Autonomía Universitaria».
Defender la Autonomía
El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes destaca que «como la decisión de la espuria Sala Constitucional del TSJ se refiere directamente y en primer lugar a la Universidad Central de Venezuela, es deber de la Universidad de Los Andes y de las demás universidades autónomas del país, acompañar a la UCV en las iniciativas que adelante para hacer frente a la situación».
Es así que consideran que como la decisión del TSJ encubre universitaria y jurídicamente un problema originado por motivaciones no universitarias ni jurídicas, «estimamos no obstante necesario hacerle frente en todas sus implicaciones, empezando por las formas jurídicas que ha adoptado para lo cual estimamos pertinente coordinar nacionalmente la defensa jurídica de la Universidad».
Llaman la atención de la Asamblea Nacional y de las organizaciones partidistas «a las que concierne la protección de la vida del país de acuerdo con las pautas de la Constitución de la República para que se pronuncien sobre un asunto que solo tiene a la vida universitaria como pretexto».
Finalmente consideran una necesidad «acometer en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ámbitos geográficos de la Universidad de Los Andes, así como acompañar en las sedes de cada una de las universidades autónomas del país, las iniciativas pertinentes para organizar la defensa de la Autonomía Universitaria, base principista y legal del funcionamiento de las Universidades Nacionales desde hace 62 años» y para ello comisionan a cada uno de los Decanos de Facultades y Núcleos para que, junto con las organizaciones representativas de la comunidad universitaria, promuevan las iniciativas que el espíritu de este remitido aconsejan.
