El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró un informe que detalla graves violaciones a los derechos humanos sufridas por ciudadanos venezolanos a manos de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento es el resultado de la recopilación de testimonios de 44 venezolanos que residen en el país, quienes describieron distintas vejaciones sufridas en el país caribeño.
«La totalidad de los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos. Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas», explica el informe.
El documento será enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya -en Holanda- y tiene como objetivo proveer nueva información a la fiscalía del organismo jurídico que, desde febrero de 2018, lleva a cabo un «examen preliminar» para analizar la posible comisión de crímenes de su competencia. En concreto, crímenes de lesa humanidad.
El documento especifica que 29 de los 44 casos «se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma», instrumento rector de la CPI . No obstante, el ministerio de Justicia aclaró que, al no ser «autoridad competente para concluir si los hechos mencionados constituyen o no» este tipo de delitos, evitó realizar este tipo de juicio a la espera de que lo haga la fiscalía del órgano.
A la hora de describir los delitos denunciados, el informe se divide en cuatro secciones: Persecución; Tortura; Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física y Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual. En este último resalta tres testimonios particulares que describen con crudeza actos llevados a cabo por el régimen.
Persecución
Todos los venezolanos que aportaron su testimonio manifestaron ser víctimas o testigos de algún tipo de persecución y explicaron el modus operandi de los agentes del régimen: «se ejecutaba luego de identificar a personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno, hubieran hecho declaraciones públicas, denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, o fueran miembros y/o dirigentes de partidos políticos opositores».
La persecución, explicaron, podía manifestarse de distintas maneras: «Amenazas públicas por parte de las autoridades, judicialización de la política y politización de la justicia, invención de causas penales, inhabilitación política, privación al derecho a la libre expresión, allanamientos ilegales de la vivienda, represión violenta con excesivo uso de la fuerza y exilio forzoso».
El accionar «derivaba en la detención arbitraria e ilegal de personas, que eran conducidas a centros de detención donde permanecían incomunicados» y sufrieron las torturas descriptas en el apartado siguiente.
Torturas
Los denunciantes afirmaron ser tanto víctimas como testigos de los actos de tortura cometidos por los agentes del régimen. Entre ellos mencionaron: Golpes físicos dados hasta dejar inconsciente a la víctima Posicionarse en cuclillas o arrodillados durante horas
Estar parados sobre asfalto caliente Mantenerse en situación de hacinamiento
Encierro en espacios reducidos por horas Ataques con bombas lacrimógenas en lugares cerrados, Disparos a quemarropa Electrocución Asfixia Privación del sueño Utilización de picanas eléctricas en piernas, testículos y brazos.
En todos los casos, el motivo de la tortura tuvo como objetivo lograr que las víctimas denuncien a otras personas consideradas como «opositores y/o traidores a la patria» por el régimen.
Prácticamente todos los declarantes aseguraron haber sido encarcelados de manera arbitraria. En su gran mayoría, las futuras víctimas eran marcadas en manifestaciones. Pero el informe también hace referencia a casos de allanamientos y detenciones ilegales a personas que se encontraban en listas.
«El encarcelamiento era generalmente en condiciones infrahumanas, en donde se producía hacinamiento, encierro en celdas de dos metros por un metro y medio, los ataban durante horas, celdas oscuras sin ventilación, imposibilidad de asearse e incomunicación indefinida», describe el documento, que menciona centros de detenciones como «La Tumba» y «El Helicoide».
A la hora de profundizar esta sección, el informe destaca tres testimonios de personas cuyas identidades fueron mantenidas a resguardo. Uno de ellos corresponde a un Fiscal del Ministerio Público, que se desempeñó como Fiscal de Garantías entre 2015 y 2017, cuando Maduro ya estaba en el poder.
En 2015, indicó, comenzó la llamada «Operación para la Liberación del Pueblo» donde «se llevaron a cabo 1.700 ejecuciones extrajudiciales». «Las victimas se encontraban en su casa durmiendo, las Fuerzas Armadas llegaban y los ejecutaban», aseguró la persona, que dijo contar con fotos y videos que confirman su testimonio.
Otro testigo describió como su hermano fue asesinado por agentes de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), mientras que «algunos testimonios manifiestan tener conocimiento de gente desaparecida y víctimas que fueron violentadas sexualmente, ultrajadas por armas de militares».
Todos los entrevistados apuntaron hacia Maduro y su aparato represivo como responsables, y también mencionaron a otros jerarcas de las fuerzas de seguridad. Entre ellos se encuentran el General Néstor Reverol, Ministro de Interior de Justicia y el General Antonio Benavidez Torres, Comandante General de la Guardia Bolivariana.
Los testimonios fueron recabados entre julio y agosto de este año, luego de que el presidente Mauricio Macri habilitara el Centro de Orientación a Migrantes a ese efecto.
Sin embargo, el ministro de Justicia Germán Garavano expresó durante una conferencia de prensa esta semana que no se recibieron nuevas denuncias luego del resultado de las PASO. «Eso lo atribuimos al temor que puedan tener de eventuales represalias en un eventual gobierno kirchnerista», indicó el ministro.
No obstante, el documento elaborado se sumará a otras acciones tomadas a nivel internacional contra el régimen de Maduro. Entre ellas se destaca el informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la alta comisionada Michelle Bachelet, y la denuncia, también ante la CPI, por parte de Argentina y otros cinco países.
Presentado en julio de este año, el llamado «Informe Bachelet» denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
El 9 de septiembre, Bachelet presentó ante la ONU una actualización del texto original y lamentó que el chavismo no haya tomado las medidas que sugirió para reducir la violencia estatal contra los venezolanos.
Ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos señaló que su organismo «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país», en referencia al organismo que exigió disolver.
En tanto, en septiembre de 2018 Argentina, junto a otros cinco países -Perú, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay- remitieron formalmente la situación venezolana ante la CPI.
Esta acción se mueve en paralelo a la investigación de la fiscal y constituyó la primera vez en la historia del órgano jurídico donde un Estado miembro-en este caso un grupo de Estados- denunció a otro. Todos los casos previos habían sido enviadas por los propios Estados, luego de que sus autoridades se consideraran imposibilitadas de llevar a cabo investigaciones propias, ya sea por motivos económicos o políticos.
La principal diferencia entre la investigación de la fiscal y la denuncia es procesal: en la primera, si la fiscal concluye que existe evidencia suficiente para comenzar una investigación formal, debe solicitar la autorización de una Sala de Cuestiones Preliminares. En tanto, si decide que la denuncia de los otros Estados miembros es atendible, puede prescindir de la autorización y comenzar una investigación que derive en un proceso formal.
