«Bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida… Que quede claro: se eliminó el subsidio, se acaba la zanganería». Tras una jornada marcada por violentos disturbios, Lenín Moreno decidió mantenerse firme. El presidente ecuatoriano ratificó ayer la medida que pone fin a los subsidios a los combustibles, que paralizó los servicios de transporte y derivó en movilizaciones y más de 350 detenciones en todo el país.
Como respuesta a las manifestaciones, las autoridades ecuatorianas detuvieron en Quito a un dirigente nacional de los taxistas y en el sur del país a dos líderes transportistas regionales, por afectar el servicio público, que seguía ayer por segundo día consecutivo sin operar en medio de una huelga con la que los gremios buscan presionar al presidente por la medida.
Ómnibus y camiones militares, con custodia de uniformados, salieron a las calles de las principales ciudades para ofrecer servicio de transporte público y despejar las vías.
En Quito, las personas tuvieron que usar un atestado transporte municipal, o caminar hacia sus trabajos, mientras otros pedían el apoyo de gente con autos que los llevaran. Ocasionalmente algunos taxis se veían en las calles, en aparente desafío a su gremio, que llamó a todos sus integrantes a dejar de trabajar.
«No me pidan que cambie con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana. El pueblo ecuatoriano perdió unos 60.000 millones de dólares por los subsidios en estos años», dijo Moreno desde Guayaquil, que tomó la medida tras la intervención financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque se mostró abierto al diálogo con los gremios y dijo que «habrá mecanismos para paliar el efecto que pueda tener en algunos sectores», añadió que bajo «ninguna circunstancia» cambiará la medida.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó que lograron bajar la intensidad de la violencia de las protestas. Anteayer tenían registradas 200 actividades de protesta, que se intensificaron a 291 por la noche; ayer no pasaron de 100.
Las cámaras de empresarios estimaron que la paralización del transporte público está causando pérdidas diarias por 262 millones de dólares.
Acusaciones
Moreno decretó anteayer el «estado de excepción» para enfrentar las protestas. Ayer por la mañana, algunos bloques y restos de llantas quemadas en algunas calles de Quito eran los rastros de los choques.
La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, informó que Jorge Calderón, dirigente nacional de taxistas, fue detenido acusado de paralización de un servicio público, mientras la Fiscalía de Ecuador informó que detuvo a dos dirigentes de transportistas de la provincial Azuay, al sur del país, bajo la misma acusación.
Las autoridades confirmaron que hubo más de 350 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.
En Quito, los dirigentes nacionales del transporte mantuvieron anteanoche una reunión con las autoridades a fin de buscar una salida a la situación. El «estado de excepción» estará vigente por 60 días en todo el territorio.
Con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, Moreno decidió eliminar los subsidios, que significaban un gasto de 1300 millones de dólares anuales, por lo que la nafta de mayor uso en el país pasó de 1,85 dólares por galón (3,7 litros) a 2,30 (0,48 dólares por litro), mientras que el diésel subió de 1,03 dólares por galón a 2,27 (0,60 por litro).
El FMI había elogiado las medidas anunciadas por el gobierno, que incluyen la liberación del precio de los combustibles y reformas laborales y tributarias, que buscan «fomentar un crecimiento sólido e inclusivo».
Moreno, que asumió en mayo de 2017 y tiene mandato hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía nacional.
Agencias AP y Reuters
