La Legislatura aprobó la modificación a la ley 7.575, que establece la prohibición de fumar en lugares públicos, para incluir el impedimento de utilizar cigarrillos electrónicos. Quedó además vedada la importación, comercialización, distribución, publicidad, promoción y patrocinio de esos productos en toda la provincia. El legislador oficialista Reneé Ramírez, titular de la comisión de Salud de la Legislatura, consignó en la sesión del martes que, según estudios, la utilización del cigarrillo electrónico y sus distintas variantes produce enfermedades, como cáncer de pulmón.
El alfarista Alfredo Toscano, autor de una de las iniciativas sobre el tema, detalló que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología se expresó sobre lo perjudicial de esos dispositivos. El peronista Javier Pucharras, quien también hizo aportes al proyecto, destacó que los cigarrillos electrónicos “están de moda entre adolescentes y jóvenes”. El proyecto definitivo, impulsado por el legislador Claudio Viña (Nueva Fuerza), establece además multas para quienes no respeten estas disposiciones, que además alcanzan a los narguiles. Ante el primer incumplimiento, los propietarios de los locales donde se fume recibirán un apercibimiento; luego, una multa equivalente a 300 litros de nafta súper; la tercera vez, 650 litros de ese combustible; la cuarta, 1.300 litros más la clausura efectiva del inmueble durante dos semanas. Los fondos recaudados por multas serán destinados a las campañas de concientización, señala el proyecto. Resta que el Poder Ejecutivo promulgue la norma.
TRAS LA SESIÓN
Deberán enseñar los tratados internacionales en las escuelas
Por unanimidad, los legisladores dispusieron la enseñanza de pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional en las entidades educativas de la provincia. El listado incluye la Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, entre otros. “Si no los entendemos (a esos tratados), no los ejercemos ni los demandamos”, indicó la oficialista Silvia Rojkés autora del proyecto.
Habilitaron la vía de la auditoría ambiental para las construcciones
Una ley daría lugar a la regularización de unas 2.000 casas del Instituto de la Vivienda que aún no cuentan con apto ambiental. Así lo explicó el radical Raúl Albarracín, quien impulsó la creación de la figura de auditoría ambiental y la modificación del registro de actividades contaminantes de la provincia. “Hemos generado una desburocratización en ese registro, de manera que la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia sea la autoridad de aplicación de la norma. El control y gobierno en materia de actividades contaminantes quedó enmarcado en el poder de policía que ejerce ese organismo”, indicó el radical. Y destacó la habilitación de un “modo excepcional” de afrontar la problemática generada por avances de obras, y de lograr una recomposición ambiental a través de una novedosa figura. “El instituto de la auditoría ambiental permitirá que los emprendimientos públicos o privados que no cuenten estudio de impacto ambiental y sean pasibles de la sanción correspondiente, puedan subsanar el daño ambiental que han generado y lograr la aprobación de la obra, siempre que la auditoría sea aprobada por el Consejo Provincial de Economía y Ambiente”, dijo Albarracín.
Ponen en marcha un registro de denuncias de los consumidores
Las denuncias que formulen los usuarios y consumidores de bienes y de servicios públicos quedaran asentadas en un registro. Así lo dispuso la Legislatura, que sancionó el martes la propuesta impulsada por los radicales José Canelada, Adela Estofán y Fernando Valdez. El Registro de Denuncias de Consumidores (RDC) tendrá por objeto “sistematizar información, emitir informes y publicarlos, sobre las denuncias realizadas por parte de los consumidores y usuarios acerca del desempeño de las empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios de la Provincia, a fin de facilitar su evaluación por parte de los mismos”. Según el texto, esos datos serán “de acceso público” y “los usuarios podrán consultar las denuncias que haya recibido una empresa mediante un sistema de búsqueda por nombre y rubros”. “Los consumidores deben ser protegidos frente a las prácticas comerciales desleales recibiendo información sustancial, veraz, eficaz y suficiente, que les permita tomar una decisión sobre una transacción”, indica la propuesta. Detalla que, con esos elementos, el usuario podrá “realizar una utilización segura y satisfactoria de los bienes y servicios”. El proyecto, aprobado por unanimidad, debe ser promulgado y reglamentado por el Poder Ejecutivo. “Este registro permitirá que todas las personas partes en una relación de consumo puedan consultar el acatamiento de las normas en la materia, el tipo de denuncias recibidas y la soluciones brindadas por parte de una empresa proveedora de bienes y servicio”, detallan los argumentos de la iniciativa radical.
Tras los incendios, crean una delegación de bomberos
El departamento Simoca tendrá su propia delegación de Bomberos de la Provincia. La Legislatura dispuso esta medida en la última sesión, en la que se recordaron los recientes incendios producidos en los ranchos de feriantes. El radical Luis González, autor de la iniciativa, detalló que hace poco una máquina cosechadora quedó reducida a cenizas en esa ciudad. “El fuego la consumió por completo”, alertó.
Autorizaron una amnistía para regularización administrativa
La Legislatura aprobó “una amnistía para los clubes, organizaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones o federaciones deportivas” -cuya constitución y control esté a cargo de Personas Jurídicas- por “el incumplimiento de obligaciones y requisitos” para obtener su “normal funcionamiento”. La propuesta del radical Ariel García abarca los 10 años anteriores a la promulgación de la norma.
Un registro de cada paciente
“Las generaciones que vendrán tendrán su historia clínica desde su nacimiento hasta su muerte”. Con esa frase, el legislador oficialista César Dip, médico de profesión, defendió en el recinto el proyecto de ley para la creación de la Historia Clínica Digital en la provincia. “Esta iniciativa viene a simplificar la vida de los tucumanos, incorporando los avances tecnológicos a las prestaciones de salud públicas y privadas”, explicó el ex intendente de Lules. El expediente de cada paciente será “único” e “integrado”, detalló Dip. La iniciativa incluyó las versiones electrónicas a la legislación vigente, que regula los derechos del paciente en su relación con los profesionales y las instituciones de la salud. La idea es que, a través de un sistema único, los médicos podrán revisar la historia clínica de cada paciente.
“Una enfermedad en crecimiento”
“Que las personas con celiaquía no vuelvan a pasar hambre cuando no se encuentren en su casa”, resumió el macrista Luis Brodersen al defender el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Celiaquía. El presidente de la comisión de Salud, el manzurista Reneé Ramírez, explicó que la iniciativa establece la obligatoriedad a bares y restaurantes, cuando no cuenten con una cocina apropiada, de ofrecer un sistema de viandas con una o dos opciones para personas con celiaquía. “Una gran parte de la población tiene este trastorno digestivo”, indicó Ramírez. Brodersen especificó que, de hecho, uno de cada 100 argentinos lo sufre. “Es una enfermedad que viene en crecimiento. Hay muchas personas que la tienen y lo desconocen”, advirtió la peronista Sandra Mendoza, autora de otra de las iniciativas.
La Gaceta
