Alberto Fernández ya tiene pensado quién será su ministro de Trabajo y se lo contó, en charlas privadas, a por lo menos dos de sus sindicalistas allegados: Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales de la CGT, y Sergio Palazzo, el titular de La Bancaria. Ambos vieron con buenos ojos la decisión del presidente electo de designar a Claudio Moroni.
Sobre todo por un punto que en el mundo gremial no es menor, el ex síndico general de la nación tiene una posición equidistante de todas las líneas sindicales, al menos por ahora.
El abogado Moroni fue compañero de estudios de Fernández en la Universidad de Buenos Aires, y es su amigo personal. Así lo reconoció el mismo ex jefe de Gabinete. Tanto es así que, desde ese cargo, intercedió ante la entonces presidenta Cristina Kirchner (hoy su vicepresidenta electa) para que este acceda a la titularidad de la poderosa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Fue el 25 de abril de 2008. Ese mismo día, Carlos Fernández dejaba ese cargo para asumir como ministro de Economía en lugar de Martín Losteau (ahora aliado al macrismo). Así de rápido suceden las cosas en el país.
El primero en enterarse de la idea de Fernández de nombrar a Moroni en la cartera laboral fue Daer, uno de los hombres más allegados dentro del sindicalismo local. Tanto es así que el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina sonaba con fuerza para acceder a ese lugar. Sin embargo, el gremialista nunca se mostró entusiasmado –aunque sí agradecido– con esa posibilidad. “No se puede ser funcionario y dirigente al mismo tiempo. Y cuando dejás el cargo, el sello de funcionario no te lo sacas más», se le escuchó decir a Daer.
Con pocas horas de diferencia, Palazzo, escuchó la misma iniciativa por parte de Fernández, fue durante uno de los encuentros privados que mantuvo. Como su par, el secretario general de La Bancaria resaltó ante su interlocutor el conocimiento de Moroni sobre la administración pública y descargó en la figura del mandatario electo la potestad para armar su gabinete sin presiones.
Fernández valorizó las ponderaciones de Daer y Palazzo sobre su candidato; otros sindicalistas ya le habían hecho saber de sus intenciones para que allegados propios accedieran al Ministerio de Trabajo, o al menos a alguna secretaría. Entre ellos se encuentra el camionero Hugo Moyano quien impulsa a Facundo y “Huguito” –abogado– para acceder a algún puesto en esa repartición.
El tercero en conocer el nombre del ex director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fue Víctor Santa María, el secretario general del SUTERH. El presidente del Partido Justicialista porteño es otro hombre de confianza –y de consulta– dentro del sindicalismo. Tampoco en él encontró reparos a la figura del elegido.
Claudio Moroni tiene una amplia trayectoria en la administración pública, y también algunos dolores de cabeza.
Veamos. De adelante hacia atrás. Entre el 6 de mayo de 2008 y el 30 de diciembre de 2008 se desempeñó como Administrador Federal de Ingresos Públicos. Dejó el cargo cuando Fernández, por entonces jefe de Gabinete, abandonó la Casa Rosada en disidencia con algunas políticas que por entonces llevaba adelante la jefa de Estado, hoy su vicepresidenta electa.
Entre el 10 de diciembre de 2007, es decir cuando Cristina Kirchner asume su primer mandato presidencial como sucesora de su esposo, Néstor Kirchner, y hasta el 6 de mayo de 2008, Moroni estuvo a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Reemplazaba en el cargo a Sergio Massa, hoy electo como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Casi con seguridad Massa será designado como presidente de la Cámara baja, según la promesa que Fernández le hizo al ex intendente de Tigre.
Entre el 8 de octubre de 2004 y el 10 de diciembre de 2007, es decir hasta que el ex gobernador de Santa Cruz dejó la presidencia, estuvo a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control que depende directamente de Presidencia.
«Moroni tiene un conocimiento impresionante de lo que es el Estado”, había afirmado Daer cuando se lo consultó sobre la probabilidad de que el amigo de Fernández fuera el ministro de Trabajo. Y está en lo cierto.
A los cargos ya mencionados hay que sumarle que fue Superintendente de Seguros entre el 11 de diciembre de 1995 y el 6 de febrero de 1998. El mandamás del país era, por entonces, el ex gobernador de La Rioja Carlos Saúl Menem. Precedía en el cargo nada más y nada menos que a Alberto Fernández, hoy su jefe político. Hasta ese momento Moroni era el gerente técnico del organismo.
Moroni tuvo un segundo paso por esa superintendencia, fue entre los años 2002 (el presidente era el peronista Eduardo Duhalde) hasta octubre de 2004, fecha en la cual saltó a la SIGEN.
Desde esa posición, tanto Fernández como Moroni entablaron relaciones con los sindicalistas más poderosos del país, y también con buena parte del empresariado.
Antes de dejar la Superintendencia de Seguros, Moroni y también Fernández habían sido señalados en un libro escrito por Roberto Guzmán, ex ministro de Economía de Salta y posteriormente interventor del Instituto del Reaseguro, por una presunta estafa millonaria por supuestos pagos de siniestros inflados. Las acusaciones nunca llegaron a escalar en la Justicia.
Como se ve, las carreras de los dos hombres que estudiaron juntos en la Facultad de Derecho de la UBA siguen de la mano. Moroni –Fernández lo sabe– será un funcionario clave en su administración, ya que será la cabeza visible del “pacto social” que gremios, y también organizaciones sociales, pero sobre todo los primeros, deben acordar con el mandatario entrante si este quiere tener un tiempo de gracia (se habla de entre seis y doce meses) sin conflictos en las calles ni protestas frente a la Casa Rosada, el Ministerio de Desarrollo Social y la cartera laboral que, como ya se comprometió el presidente electo, volverá a tener el rango de ministerio.
Moroni, según pudo saber Infobae, ya escuchó algunos pedidos de los popes sindicales que hablan de suba de salarios, o al menos que estos no queden retrasados con respecto a la inflación, y de algún tipo de control de precios, para evitar que los bolsillos de los trabajadores sigan adelgazando de manera forzosa.
