Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019
Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019
Morales renunció de palabra, pero hasta el momento no se ha conocido en tal sentido ninguna carta suya, ni de su vicepresidente, Álvaro García Linera.
Los movimientos ciudadanos contrarios a Morales decidieron mantenerse movilizados pese a su anunciada renuncia porque temen que ocurra lo mismo que en Venezuela en 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue derrocado y retomó el poder en 48 horas.
Tras la renuncia de Morales grupos vandálicos salieron a incendiar, apedrear y saquear casas y comercios en ciudades como La Paz y El Alto.
Al respecto, la policía boliviana negó que exista una orden de detención en contra de Evo Morales, quien renunció a la Presidencia cercado por las exigencias de la oposición, la central sindical y las fuerzas armadas en un clima de golpe de Estado, y luego denunció por Twitter que había planes para apresarlo.
«Quiero hacer conocer a la población boliviana que no existe orden de aprehensión alguna contra funcionarios del Estado como Evo Morales y los ministros de su gabinete», dijo al canal privado Unitel el comandante nacional de la Policía, Yuri Calderón.
Calderón aclaró que «es la Fiscalía, y no la Policía, la entidad que emite las órdenes de aprehensión».
El jefe policial aseguró que «la orden ha sido emitida para los presidentes de tribunales departamentales electorales y los vocales departamentales de las cortes electorales».
También se ordenó aprehender a María Eugenia Choque, hasta ayer presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y Antonio Costas, quien renunció a la vicepresidencia del organismo electoral poco antes de que termine el escrutinio de las elecciones del 20 de octubre y en medio de protestas por un eventual fraude para la reelección de Morales.
Hasta el momento se han ejecutado 25 órdenes de aprehensión en contra de presidentes y vocales de los diferentes tribunales electorales departamentales, precisó Calderón.
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