Finalmente, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, presentó su renuncia indeclinable a través de una carta que le envió a Mauricio Macri. Se trata de un texto de tres páginas donde especifica: “La derogación del protocolo en el día de la fecha, me obliga a renunciar indeclinablemente a mi cargo ya que durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades la ampliación de los derechos» de las mujeres.
Rubinstein aclaró en su meditado texto que “la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazado que fue derogado en el día de la fecha se trata de una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro código penal y refrendados por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y aseguró que “la resolución que lamentablemente fue derogada le daba a esta actualización le entidad jurídica y normativa que varias provincias reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar ILE en las personas gestantes, incluidas las niñas y adolescentes, en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad».
El funcionario cuya renuncia estará vigente desde mañana 25 de noviembre reconoció que “esta decisión de formalizar jurídicamente la protección de derechos en los casos de causales de aborto no punible sancionadas en nuestro código penal hace casi un siglo tuvieron una repercusión política indeseada, que determinó mezclando las causales de interrupción legal con el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se dio en el Congreso de la Nación el año pasado”. E insistió en que la resolución derogada tenía que ver “con la aplicación de garantías y derechos ya consagrados por las leyes de nuestro país”.
La dirigencia radical no sale de su asombro por la actitud que tomó el Gobierno frente a un protocolo que estaba acordado con Jefatura de Gabinete, donde solamente se le pidió a Rubinstein que lo diera a conocer después de las elecciones, para que no se transforme en tema de debate electoral. “Había coincidencia de que era un asunto pendiente, ya que el protocolo vigente no es lo suficientemente taxativo para quienes quieren oponerse al artículo 86º del Código Penal, que en 1921 estipuló su legalidad en casos de que provenga de una violación o en casos de que peligre la vida de la embarazada”, se explicó a Infobae.
Y reconocieron que, ayer, el Presidente saliente se comunicó con varios de ellos para darles los argumentos por los que había pedido revocar el decreto en cuestión. “Aseguró que nadie le había avisado y que, apenas salió publicado, empezó a recibir llamados de votantes que estaban furiosos», contó una de las fuentes radicales que recibieron el llamado presidencial. Agregó que “también dijo que no tenía ningún sentido pelearse con la Iglesia en este momento”.
“Con esta decisión, Mauricio (Macri) demostró que solo puede ser el líder del PRO y nunca de Cambiemos”, sintetizó un dirigente radical , conmovido todavía por la manera en que el Gobierno manejó un asunto que estaba en agenda hace varios meses.
Es que el Estado tiene una deuda desde 2012, cuando la Corte Suprema falló en el caso de una joven de 15 años que había sido violada por su padrastro y se presentó ante la Justicia respaldada por el artículo 86 del Código Penal. Es lo que se conoce como “caso F.A.L.”, donde la joven obtuvo un fallo por unanimidad y el voto conjunto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, más los votos individuales de Enrique Petracchi y Carmen Argibay. Se recordará que, en ese fallo, se remarcó que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos.
Así, una responsabilidad eminentemente técnica que el Estado tiene la obligación de ordenar, para facilitar la actuación de los profesionales que en muchos casos temen ser llevados a la Justicia por la actuación de activistas católicos de las provincias, fue politizada innecesariamente, hasta llevarla a un quiebre de visiones dentro de la coalición, a días de la salida del poder.
