El Movimiento al Socialismo (MAS) busca la inmunidad para Evo Morales y el resto de autoridades a través de un proyecto de ley presentado este sábado en el Senado de Bolivia. El Gobierno interino de Jeanine Áñez denunció ante la Fiscalía por cargos como terrorismo y sedición a Evo Morales, que está asilado en México tras renunciar la Presidencia el pasado 10 de noviembre.
Sonia Chiri, senadora indígena quechua del MAS, firma el proyecto de ley “extraordinaria” presentado sin anuncio previo por su partido, que tiene mayoría en la Cámara de Senadores. El objetivo es prohibir “aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales y el que fuera su vicepresidente durante sus casi catorce años en el poder, Álvaro García Linera. Líderes sociales, dirigentes sindicales, “personas movilizadas”, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento del Gobierno que dirigió Evo Morales también se incluyen entre quienes gozarían de inmunidad.
El texto menciona de forma destacada a las Fuerzas Armadas y a la Policía entre las instituciones, poderes del Estado, empresas públicas e incluso la administración «privada» que estarían obligadas a respetar esa inmunidad.
La propuesta de ley prevé que el Gobierno indemnice a las familias de fallecidos y que se haga cargo de los heridos en actos de violencia “a partir del 10 de noviembre” pasado, fecha en que Morales anunció su renuncia al poder forzado por las Fuerzas Armadas.
Estos actos, añade, deberán ser investigados judicialmente con apoyo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Asamblea Legislativa de Bolivia. Igualmente, reclama la liberación de los detenidos en las movilizaciones desde los comicios del 20 de octubre.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, desde esa fecha hubo 32 muertos, 804 heridos y 1.481 arrestados, aunque solo 54 quedaron detenidos, en distintas protestas en Bolivia.
Las jornadas más violentas fueron los pasados 15, con nueve civiles fallecidos por disparos, y 19 de noviembre, con ocho, en operativos militares y policiales en el conflicto que sufre el país.
La senadora, una comunicadora social conocida por programas culturales para comunidades indígenas, denuncia la «vulnerabilidad» en que se encuentran quienes busca proteger este proyecto de ley, así como sus familias, lo que «requiere de acciones inmediatas del Estado».
La propuesta trascendió después de que en una sesión del Senado se aprobara por unanimidad, entre el MAS y la oposición, un proyecto de ley consensuado para agilizar la convocatoria de nuevas elecciones, que pasó a trámite en la Cámara de Diputados.
La oposición está integrada por Unidad Demócrata, la formación de la que era senadora Jeanine Áñez antes de asumir la Presidencia interina de Bolivia, y el Partido Demócrata Cristiano.
El pasado viernes el Gobierno provisional de Áñez denunció ante la Fiscalía a Morales y el que fuera su ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, acusándolos de terrorismo y sedición por supuestamente instar a actos violentos en el país.
Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de un fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Evo Morales anunció su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir a México, donde está asilado.
La renuncia es calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, que asumió el poder el pasado 12 de noviembre, y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
