En la Embajada de Bolivia, ubicada en el microcentro porteño, miles de mujeres repudiaron el golpe de Estado sufrido en ese país el pasado 10 de noviembre calificándolo de «racista, misógino, cívico, clerical y militar», según el documento confeccionado por integrantes del movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries.
La movilización, que tuvo amplia presencia de banderas bolivianas y chilenas, continuó hasta el Obelisco porteño y luego se dirigieron al consulado de Chile, pidiendo la realización en el país hermano de una «asamblea constituyente libre y soberana» y la renuncia del presidente Sebastián Piñera.
En el documento se denunciaron que «las prácticas de tortura, ultraje, violación y violencia sexual aún siguen vigentes en Chile» y «la criminalización y hostigamiento que apuntan directamente contra los Derechos Humanos de mujeres y disidencias sexuales».
Graciela, integrante del Movimiento Trans Nadia Etchazú, dijo que también «esta marcha sirve para visibilizar la cantidad de femicidios y de personas trans» que ocurren en la Argentina.
El escrito -leído en Plaza de Mayo- también hizo referencia al pedido por el aborto seguro, legal y gratuito en el país y exigieron la aplicación en todo el territorio del Protocolo por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), denunciando al presidente Mauricio Macri por haberlo derogado por decreto.
«Exigimos la aprobación en el Congreso del proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con el acompañamiento y apoyo de todo nuestro movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y de la mayoría social que ya conquistamos en las calles», indicaron.
Desde la organización solicitaron que se destine un mayor presupuesto para «la prevención, sanción y erradicación de las violencias»; para la Ley Brisa, «que garantiza la reparación económica para hijes de todas las víctimas de femicidios» y para «programas de prevención y asistencia a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido abuso sexual, como así también formación especializada con perspectiva de género a les funcionaries de la justicia, salud y educación que reciben las denuncias».
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