El Comité Nacional de Paro convocó al pueblo a salir a las calles por tercera vez este miércoles, contra el denominado «paquetazo» del presidente de Colombia, Iván Duque.
El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) del departamento norteño de Santander, Wilson Ferrer, recordó que está planteada «la exigencia de que el Gobierno atienda los 13 puntos planteados por el Comité Nacional de Paro».
El reclamo incluye reformas laborales, tributarias y en las pensiones.
Al mismo tiempo, los trabajadores rechazan un proyecto para crear el grupo Bicentenario, un holding financiero con varias empresas públicas colombianas.
Para los trabajadores, la herramienta esconde «un mecanismo de privatización de empresas estatales» que hasta podría poner en riesgo a Colpensiones, la empresa pública que administra la seguridad social.
«Defender Colpensiones es la manera de garantizar la pensión vitalicia y que los aportes se hagan de manera intergeneracional», reivindicó.
El dirigente Ferrer advirtió que el paquete también podría perjudicar a organismos como Nueva EPS, el prestador público de salud, o el Banco Agrario, institución que apoya financieramente a los productores rurales.
«Creemos que por el apoyo que hemos tenido de toda la población, no solo por parte de trabajadores, se ha entendido cuál es la magnitud de la exigencia», recalcó el integrante de la CUT, en declaraciones a suptnik.news.
Según Ferrer, la amplia participación de la sociedad colombiana en las movilizaciones del 21 y el 27 de noviembre demuestran el éxito de «un proceso de avance de la movilización social».
«Hemos logrado cautivar a muchas organizaciones sociales que antes no participaban de este tipo de acciones y han entendido que es justamente el futuro de las garantías constitucionales que hemos venido perdiendo todas y todos los colombianos», enfatizó.
Protestas y represión
La masividad de las protestas, sin embargo, trajo como contrapartida una mayor agresividad de las fuerzas del orden, que se expresó en la muerte del joven Dilan Cruz luego de ser alcanzado por un disparo policial durante una manifestación en Bogotá.
Para Ferrer, la muerte del joven de 18 años reavivó el reclamo por la desarticulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), un cuerpo policial conformado para actuar específicamente en las movilizaciones.
En su lugar proponen «una coordinación de civiles y militares capaz de respetar la movilización social».
«Creemos que va a haber una arremetida», reconoció el dirigente, consciente de que, al igual que en las instancias anteriores, pueden aparecer «infiltrados, incluso de la misma institucionalidad estatal, que propician actos vandálicos para que las fuerzas de seguridad puedan reprimir a la población inerme».
En ese contexto, las comparaciones con la situación de Ecuador y Chile aparecieron como inevitables en el concierto colombiano.
«La población ha entendido que lo ocurrido en Ecuador, para desmontar una medida tan antipopular como las que se querían imponer, es un mecanismo totalmente válido», evaluó Ferrer.
Además, consideró que las imágenes que llegaron a Colombia desde Quito y Santiago permitieron que «definitivamente se entienda que esta vía [de las protestas], más que violenta, es una vía democrática».
El Tribuno
