“El Instituto Casla descubrió nuevas pruebas respecto a la metodología de la tortura en los centros clandestinos bajo clara influencia cubana”, denunció este jueves Luis Almagro, secretario general de la OEA, junto a la directora ejecutiva de ese centro, Tamara Suju.
De acuerdo a lo que informó el Instituto Casla en su informe de 2019, al que ha tenido acceso el periódico español ABC, esas víctimas fueron sometidas a “privación de la luz solar, ventilación natural y privación del sueño que ocasionan pérdida de orientación del día y la hora”.
“También el sometimiento a temperaturas extremas, a la privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades, privación de atención médica especializada para enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión, provocadas incluso por las torturas, tratos crueles o inhumanos a los que han sido sometidos”, agregó.
Entre las torturas que describe el instituto, se contabilizaron 83 casos de puntapiés, 78 agresiones con objetos contundentes, 40 palizas con tablas y 40 golpes en las costillas, entre otros. Además, hay 50 denuncias de asfixia y ahogamiento fingido, uno de los más graves casos de tortura, ampliamente condenado por las organizaciones internacionales. En 38 de esos casos se colocaron bolsas de plástico en las cabezas de las víctimas.
Tras recibir el reporte, Almagro instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar “de inmediato” la tortura a opositores a la dictadura en Venezuela con apoyo de agentes cubanos, que según dijo se recrudeció en 2019.
“El uso sistemático y generalizado de la tortura en Venezuela como parte del ataque contra quienes aspiran a recuperar derechos fundamentales y democracia constituye claramente un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía de la CPI”, dijo.
Almagro acogió en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la presentación del informe anual del Instituto Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga. El reporte acusa al régimen de Nicolás Maduro de “represión sistemática” y de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
Almagro destacó la falta de “garantías esenciales” para los ciudadanos en Venezuela, donde “el sistema judicial sirve solo a los intereses del régimen” y “las fuerzas de seguridad persiguen sistemáticamente a todo individuo que no obedezca al sistema dictatorial”.
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“Incluso en las zonas urbanas al país, que tradicionalmente eran leales al régimen, ahora el gobierno está enviando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía, así como a los ‘colectivos’ (grupos armados ilegítimos que apoyan a Maduro), para controlarlas e impedir con eso cualquier disenso”, dijo.
Precisamente en esas zonas se están registrando “miles de ejecuciones extrajudiciales”, apuntó.
Almagro recordó que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en julio reportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 de enero a mayo de 2019, confirmando lo que la OEA ya había documentado en 2018.
También mencionó “palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia, violación, y otras formas de violencia” con un “claro” objetivo ejemplarizante, “para sembrar terror”. Y dijo que hasta la semana pasada se tenía registro de la detención arbitaria de unos 400 opositores venezolanos.
En febrero de 2018, la CPI lanzó investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes en Venezuela durante masivas protestas contra Maduro en 2017, que dejaron unos 125 muertos.
En un informe publicado el 5 de diciembre, la oficina de la fiscal de la CPI señaló que “a comienzos de 2020” espera finalizar su evaluación de los documentos aportados entre otros por la OEA y la ACNUDH.
AFP
