Alberto Fernández iniciará su segunda semana como presidente sin luna de miel política y con una agenda desbordada de conflictos de poder que protagonizarán la Iglesia, las entidades del campo, los industriales y la oposición parlamentaria.
A los que se debería agregar el complejo alimentario, la industria farmacéutica, el sistema bancario y los inversores en Vaca Muerta y en la minería tradicional, si el presidente avanza con un conjunto de medidas que afectarán intereses económicos que casi fueron intocables durante los cuatro años de Mauricio Macri en Balcarce 50.
En Casa Rosada entienden los reclamos sectoriales, pero anuncian que no retrocederán un sólo centímetro. En las cercanías del Presidente explicaron a Infobae que ya se había anunciado la agenda política en el discurso de asunción y que nada cambió desde ese momento.
“El que avisa, no traiciona”, replican los secretarios y ministros más importantes del Gobierno cuando se hace referencia a los cuestionamientos de la Iglesia, el campo, los industriales y la clase media que pagará casi un 30 por ciento más por cada dólar que use en sus vacaciones en el exterior.
La Iglesia consideró que la participación de Alberto Fernández en la Misa de Luján -al lado de Macri- y los mensajes que habían llegado desde Santa Marta a través de amigos cercanos de Francisco implicaban que la despenalización del aborto quedaba afuera de la agenda presidencial.
Los cálculos de la Iglesia quedaron por la mitad. Alberto Fernández no mencionó el asunto en su discurso de asunción y no lo tiene previsto en la convocatoria de sesiones extraordinarias -así lo había prometido en la campaña electoral-, pero fue fiel a sus convicciones y ordenó que se publicara el Protocolo que derogó por decreto Macri a pocos días de terminar su mandato.
La decisión presidencial causó una fuerte reacción de la Iglesia. “No sorprende porque el ministro González García es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el Protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que se adhieran. Y así ya se instala el aborto libre en la Argentina”, opinó el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, monseñor Alberto Bochatey.
La reacción de monseñor Bochatey encendió las alarmas en Balcarce 50. Y Alberto Fernández decidió que se convocara a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para atenuar las críticas que pueden afectar su agenda social y de política exterior: el presidente necesita a Cáritas y a los curas villeros para ejecutar su plan contra el hambre, y a su vez no quiere distanciarse de Francisco, que ya enfrió la relación política cuando canceló una audiencia privada en Santa Marta que ya estaba concedida.
La reunión entre Alberto Fernández y la CEA está prevista para el miércoles y sus términos se pueden anticipar. La Iglesia continuará apoyando la iniciativa contra el hambre, pero a su vez propondrá que el jefe de Estado postergue el debate de la ley de despenalización del aborto. En esta encrucijada política Alberto Fernández deberá decidir si cumple con sus electores o privilegia su relación con la Conferencia Episcopal y el Papa.
Alberto Fernández conoce la importancia de las retenciones en el inconsciente colectivo del campo. De hecho, el presidente se distanció en 2008 de Cristina Fernández de Kirchner por las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y no quiere repetir el axioma que Carlos Marx escribió en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte: “los hechos se repiten una vez como tragedia y otra como farsa”.
Parece que Marx, en este asunto específico, no estaba tan equivocado: las cuatro entidades que representan al campo -Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- se encontrarán mañana para analizar qué hacer frente al aumento de las retenciones fijadas por Alberto Fernández a través de un decreto que publicó ayer el Boletín Oficial.
A diferencia de Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario no tiene una estrategia agonal con el campo para satisfacer internas palaciegas. Alberto Fernández subió las retenciones para enfrentar el déficit fiscal ante la imposibilidad de obtener inversiones directas y créditos blandos en el corto plazo.
“No hubo un incremento, solo estamos dejando en pie lo que puso (Mauricio) Macri. Había puesto una limitación con una fórmula de 4 pesos por dólar en un momento en que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy; hay que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo, el campo también», señaló el presidente para explicar su decisión política.
A diferencia de la Conferencia Episcopal, que fue convocada a Balcarce 50, Alberto Fernández aún no decidió llamar a la Mesa de Enlace para tratar un asunto político-económico- que abrió un conflicto entre la Casa Rosada y el campo.
Durante toda la campaña electoral, Alberto Fernández enfatizó que no impondría la doble indemnización y ese discurso provocó un acompañamiento explícito de Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). “No creo que sirva la doble indemnización.
Nosotros la tuvimos en un momento en que se generaba empleo porque crecía la economía. Estas cosas no se resuelven cambiando la ley laboral”, opino el presidente cuando todavía pujaba por derrotar a Macri en los comicios presidenciales.
Cinco días después de jurar en el Congreso, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) imponiendo la doble indemnización. Consultado al respecto, quizás para despejar una probable contradicción en su discurso político, el Presidente señaló: “Yo hablé con (Miguel) Acevedo sobre la necesidad de poner un punto de arranque, si no es todo muy complejo; el Congreso dictó la doble indemnización y Macri la vetó y desde ese momento se sucedieron 120 mil despidos nuevos”.
La decisión presidencial de decretar la doble indemnización fue replicada por José Urtubey, vocero de la UIA. “La mejor manera de generar y mantener el empleo es con políticas productivas y no con un ancla artificial”, opinó el empresario más peronista que tiene la UIA en su comisión directiva.
La agenda económica y social de Alberto Fernández tensó la relación con la Iglesia, el campo y los empresarios. Pero esta situación política no concluye en esos protagonistas del poder en la Argentina. En la semana que comienza, el presidente también deberá enfrentar a la oposición en la Cámara de Diputados cuando convoque a sesiones extraordinarias y envíe al Congreso su primer paquete de leyes vinculadas a la emergencia.
No se espera un conflicto parlamentario respecto a las iniciativas relacionadas con la Emergencia Sanitaria y la Emergencia Alimentaria, pero los tambores sonaran al tratar la Emergencia Económica. Los diputados y senadores de Juntos por el Cambio no cederán en sus facultades legislativas, y precisamente la Emergencia Económica significa una cesión de atribuciones del Congreso hacia la Casa Rosada.
Este lunes por la tarde el Presidente convocó a la sesión inaugural del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, que integran empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos y representantes sociales y religiosos.
Una oportunidad para aplacar las turbulencias políticas causadas por la doble indemnización, el Protocolo del aborto, la suba de las retenciones y la decisión de desdoblar el mercado cambiario, cuando aún no se conocen las medidas bajo estudio vinculadas a los laboratorios, el sector alimentario, las inversiones en minería y Vaca Muerta.
