El Subsecretario General a cargo Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Bóckel, firmó un Convenio de Cooperación Técnica con el Procurador General de la Nación interino, Dr. Eduardo Casal, representante del Ministerio Público Fiscal, para trabajar conjuntamente en materia de prevención, investigación y sanción de los femicidios.
Todo ello, considerando que la República Argentina ha asumido el compromiso de incorporar la perspectiva de género en el diseño de las políticas de los distintos poderes del Estado a partir de la incorporación de diversos tratados y convenciones de Derechos Humanos a su bloque de constitucionalidad.
Entre esos instrumentos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), que imponen a los Estados parte el deber de implementar políticas públicas para eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra las mujeres.
A nivel nacional, la Ley Nº 26.471 –sancionada en 2012- reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios especialmente relacionados con la violencia de género. En particular, esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo y el catálogo de crímenes de odio e incorporó las figuras de femicidio y “femicidio vinculado”.
De esta marco normativo surge, como uno de los compromisos del Estado, la elaboración de información confiable, precisa y unificada que permita dimensionar la magnitud y definir las características de los femicidios en el ámbito nacional, así como la actuación del sistema de justicia, con el propósito de construir insumos para el diseño de políticas públicas que apunten a la prevención, sanción, erradicación y reparación de estos crímenes contra las mujeres.
Por ello, el Defensor del Pueblo de la Nación creó -con fecha 15 de noviembre de 2016- el Observatorio de Femicidios, que tiene por finalidad reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar, y comunicar los datos e información sobre los femicidios ocurridos en nuestro país, en función de la figura que describe el artículo 80, inciso 11º, del Código Penal de la Nación.
Por su parte, la Procuración General de la Nación creó en 2015 la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) con el objetivo de dotar al Ministerio Público Fiscal de una estructura central desde la que se diseñe y ejecute la persecución penal para los casos de violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LBTI)
El Programa de Cooperación entre ambas instituciones incluye:
- Crear un ámbito de cooperación entre las instituciones en miras a considerar la información criminal sobre los femicidios en todo el territorio nacional.
- Comparación de información criminal.
- Intercambio de buenas prácticas.
- Capacitación mediante cursos y seminarios sobre temas relativos a la incorporación de perspectiva de género en las políticas públicas.
El presente convenio se celebró en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 5, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niños.
