En una carrera contra reloj, el Gobierno avanza en la redacción de un ambicioso proyecto de ley de reforma judicial para trasladarlo al Congreso durante sesiones extraordinarias.
La apuesta del presidente Alberto Fernández es tener lista esta reforma judicial para fines de enero o, a más tardar, para la primera semana de febrero para instrumentar desde marzo el plan del Gobierno que contempla, entre otras cosas, profundos cambios en el sistema de selección de jueces, dar mayor transparencia al sistema de sorteo de causas, fusionar los fueros penales, federal y de instrucción, otorgar mayor poder de investigación a los fiscales en causas de narcotráfico y evitar que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenga incumbencia en las investigaciones judiciales.
“Hay una decisión del Presidente de darle celeridad al proyecto de reforma judicial para que se pueda tratar en sesiones extraordinarias”, admitió ayer a Infobae un funcionario que está abocado a esta tarea que le encomendó Alberto Fernández a un equipo del Gobierno.
En este sentido, quienes trabajan en estas horas para darle forma a ese proyecto son la ministra de Justicia Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el jefe de gabinete Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello; y la interventora de la AFI Graciela Caamaño, entre otros.
Si bien la intención original del Presidente era anunciar recién en marzo durante la apertura de sesiones del Congreso la reforma judicial, en los últimos días hubo una contra orden. Alberto Fernández decidió avanzar cuanto antes para llevar el tema en extraordinarias y ganar tiempo. Ayer, las fuentes oficiales consultadas coincidieron ante Infobae que lo más probable es que no se llegue a presentar el proyecto de reforma judicial a fines de enero sino la primera semana de febrero. Pero la idea es que haya tratamiento del tema en extraordinarias.
El Gobierno ya anunció que el 22 de enero convocaría por decreto a sesiones extraordinarias. De hecho, Fernández dialogó de este tema con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. En el temario inicial acordaron impulsar el proyecto de reforma al sistema de jubilaciones especiales de jueces y diplomáticos, la creación del Consejo Económico y Social y ahora se agregaría la reforma judicial.
En los borradores que empezaron a cruzar los funcionarios que trabajan el proyecto de reforma judicial y que el Presidente sigue de cerca se plantean los siguientes puntos salientes de la eventual reforma judicial del Gobierno:
Inteligencia “desenganchada”. El Presidente está convencido de que la AFI debe dejar atrás su injerencia en las causas judiciales. Así, se estudia un sistema más transparente de tratamiento de la AFI como auxiliar de la Justicia. Esto incluiría también la publicación de gastos de la AFI y el organigrama de quienes se encargan de llevar adelante investigaciones pedidas por la justicia. Durante su discurso inaugural de gestión en el Congreso el Presidente fue tajante en este punto: “Nunca más la Argentina debe tener una justicia contaminada por servicios, operadores judiciales y procedimientos oscuros”. La interventora de la AFI trabaja en este tema.
Ampliación de juzgados. La idea del Gobierno es multiplicar los 12 juzgados federales de Comodoro Py y establecer una suerte de fusión de los fueros criminal y correccional federal, penal ordinario y penal económico para desalentar la concentración de causas en manos de unos pocos jueces. No está clara aun la cantidad de nuevos juzgados que se buscan crear pero conceptualmente la idea es darle “mayor transparencia al sistema corrupto de Comodoro Py”, como definió un funcionario del Gobierno en relación a los actuales juzgados federales.
Sorteos. La otra cuestión que incluiría el proyecto de ley de reforma judicial sería el de establecer un sistema más transparente de sorteo de causas. En el Gobierno están convencidos de que el actual sistema de designación de jueces para las causas es “arcaico y poco transparente”.
Poder de los fiscales. El proyecto del gobierno apuntará también a darle mayor poder de investigación a los fiscales en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico y las investigaciones de lavado de activos. También se analiza aumentar el personal de las fiscalías y designar fiscales auxiliares.
