Martín Guzmán llegará este lunes a Nueva York, donde lo esperan interlocutores ansiosos por saber los planes económicos del gobierno, en particular cuál será la propuesta de reestructuración de la deuda pública externa y cómo engarzará con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional.
Guzmán tendrá en Manhattan un desayuno con inversores y empresarios que le preguntarán sobre la estrategia del gobierno, el plan económico, la negociación con el FMI, la inserción internacional de la Argentina y, de importancia inmediata, el desenlace de la saga del BP 21, el bono bonaerense emitido en 2011 por un total de 750 millones de dólares por el gobierno de Scioli bajo legislación de Nueva York y cuya segunda cuota de capital, por 250 millones de la moneda norteamericana, el gobierno de Axel Kicillof ya anunció que no pagará, mientras intenta conseguir el “consenso” de los tenedores de al menos el 75% del valor nominal de los bonos.
El plazo original para lograr ese consenso era en principio este domingo, 26 de enero, pero Kicillof extendió ahora el plazo al 5 de febrero, que consideró la última chance para que los bonistas acepten su propuesta de postergar el vencimiento hasta el 1 de mayo próximo.
Guzmán dijo el martes pasado, en conferencia de prensa, que la estrategia bonaerense está “coordinada” con la Nación y ratificó que el Tesoro nacional no auxiliará a la provincia como especulaban hasta hace poco algunos acreedores.
Poder de lobby
El Consejo es un punto de encuentro de fondos, bancos, analistas e inversores con intereses en la Argentina. Quieren conocer los planes del gobierno de Alberto Fernández y empiezan a estar impacientes al respecto.
El martes, Guzmán se reunirá con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos y del FMI. El gobierno de Trump ya envió a Buenos Aires al subsecretario Adjunto para Asuntos Latinomericanos, Kevin O’Reilly, para hablar de cuestiones bilaterales, y es el principal accionista del Fondo, donde detenta el 16% del poder de voto. El Fondo, con desembolsos ya efectados por 44.500 millones de dólares, es el principal prestamista de la Argentina y también quiere conocer los planes oficiales. Será de la partida Luis Cubbedu, jefe de la misión argentina, que reemplazó al italiano Roberto Cardarelli, jefe de misión durante el fallido acuerdo con el gobierno de Macri. También podrían estar el mexicano Alejandro Werner, director del departamento que sigue las economías latinoamericanas, y Julie Kozak, asignada al seguimiento de la Argentina por su experiencia en casos complejos, como los que ya afrontó en Polonia, Lituania e Islandia.
El Fondo ya ha dicho que está dispuesto a enviar una misión de revisión y negociación a Buenos Aires, que esperaba concretar antes de fines de enero, pero aún no recibió la invitación del gobierno.
Financistas e inversores cercanos al gobierno, como Javier Timerman, hermano del difunto ex canciller Héctor Timerman, han dicho que el gobierno debería apurar las negociaciones si quiere impedir que los inversores “institucionales” en deuda argentina se pongan impacientes y empiecen a vender sus acreencias a fondos buitre, especializados en litigios contra deudores soberanos.
De hecho, un cable de la agencia Bloomberg señaló ayer que Dennis Hranitzky, abogado que ayudó al gestor de fondos e inversor Paul Singer a ganar una batalla de 15 años contra Argentina, está trabajando en la creación de un grupo de bonistas argentinos y ya habría nucleado a unos veinte fondos de inversión. Con un tercio o más de un cuarto de los distintos bonos emitidos, estos fondos podrían trabar los intentos de reestructuración y exponer al país a otro largo período de litigio.
Guzmán conoce muy bien Nueva York, pues estudió en la Universidad de Columbia, en Manhattan, pero tendrá una dura tarea en despejar las dudas y ansiedades de sus contertulios, en especial los del sector privado. Aunque principal acreedor, el Fondo no es tan impaciente: confía en su condición de “acreedor privilegiado”, respaldado por los 188 miembros adicionales a los que la Argentina estaría también “defaulteando” si decide no pagar la deuda contraída con el organismo internacional.
