El gobierno dispuso la devolución del 15% del valor de las compras hechas con tarjeta de débito por todos aquellos jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y pensiones no contributivas.
La devolución se realizará a través de la cuenta bancaria en la cual se recibe habitualmente el beneficio de la Anses en las 24 horas siguientes a la realización de la compra y tendrá un tope de $700 por mes.
De esta manera, por caso, una compra de $1.000 hecha con tarjeta de débito recibirá una devolución de $150 que se irán acumulando con las sucesivas compras a lo largo del mes hasta llegar al techo de $700.
La medida entrará en vigencia el próximo 1° de marzo y podrá ser utilizada por 7,1 millones de personas. En caso de ser utilizada en su totalidad, esos $700 representarán para el beneficiario un aumento del 4,5% en el caso de la jubilación mínima y del 22,5% en el de la AUH.
Diversos consultores económicos estimaron el ahorro fiscal de no aplicar la ley de movilidad para todos los jubilados en $5.100 millones mensuales, un monto similar a lo que el estado gastará en devolver los impuestos a los sectores de más bajos ingresos.
Fue anunciada este lunes por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien explicó que la devolución se extenderá por seis meses, con carácter prorrogable, y que tendrá un costo fiscal de $5.000 millones por mes.
Esos fondos, explicó la funcionaria, saldrán de una partida fijada por la secretaría de Hacienda, por lo que no se usarán para este fin fondos coparticipables.
La decisión del gobierno se conoció tras el anuncio del aumento a las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del viernes pasado, consistente en una suma fija de $1.500 y un alza del 2,3%. Según ese incremento, casi 3 millones de jubilados cobrarán haberes inferiores a que los que hubieran recibido en caso de haberse mantenido vigente la ley de movilidad jubilatoria, cuya aplicación fue suspendida por la ley de Solidaridad Social y Reactivación Inclusiva. Esa ley, destacó Marcó del Pont, también disponía la implementación el reintegro anunciado.
Diversos consultores economicos estimaron el ahorro fiscal de no aplicar la ley de movilidad para todos los jubilados en $5.100 millones mensuales, un monto similar a lo que el estado gastará en devolver los impuestos a los sectores de más bajos ingresos.
Asimismo, la semana pasada también se conoció el índice inflacionario de enero, que alcanzó el 2,3% con dos datos de gran impacto en el consumo de los jubilados. En el rubro salud, los precios cayeron un 2%, producto del acuerdo del gobierno con los laboratorios para no aumentar los precios de los medicamentos. En el rubro alimentos, el alza se disparó al 4,7%, como consecuencia de haber eliminado la eximición del IVA en los productos básicos.
Esa última medida, dictada por el gobierno anterior, fue “un fracaso” según la funcionaria, dado que “resultó regresiva en términos distributivos porque tuvo un costo fiscal importante, de $3.000 millones mensuales y duró un suspiro. Nuestra propuesta, en cambio no busca financiar la oferta sino la demanda, sobre todo la de menores ingresos”
Según Marcó del Pont, el reintegro anunciado hoy “tendrá efectos reactivantes, ya que son fondos para el consumo. Esperamos que esta suba de la demanda no vaya a precios sino hacia un aumento de la producción por las cantidades que se van a vender. Queremos que esa demanda sea respondida con un mayor uso de la capacidad instalada ociosa, sobre todo en el entramado pyme”.
