El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, anticipó que su gremio “analizará” la decisión de excluir de la doble indemnización a los empleados estatales, confirmada por el Gobierno a través de un decreto, número 156/2020, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.
«Analizaremos lo de la eliminación de la doble indemnización para estatales -dijo en declaraciones radiales-. Hay que saber que nosotros tenemos un régimen particular en el que el trabajador de planta permanente no puede ser excluido del Estado, salvo por un sumario muy bien probado”.
Al referirse a los trabajadores que son de planta transitoria, además, el jefe de UPCN aseguró que la organización está “bregando para que, previo concurso, pasen a esa planta permanente”.
Rodríguez, que también es secretario adjunto de la CGT, lidera el sindicato que representa hoy a la mayoría de los empleados de la administración pública nacional. Por eso es significativa su opinión sobre el tema de la exclusión de los estatales de la doble indemnización.
El Gobierno avanzó con esta decisión porque, según argumentó, aún hay funcionarios designados por el macrismo que se resisten a renunciar y amagan con exigir la doble indemnización en caso de que sean echados de sus puestos. De todas formas, entre esos funcionarios hay algunos que tienen cargos altos y, por lo tanto, podría considerarse que se trata de designaciones políticas que deberían finalizar mediante una renuncia sin derecho a exigir indemnización alguna. Sin embargo, hay muchos casos de nombramientos realizados en niveles intermedios o bajos del Estado y los empleados, en este caso, se incorporaron a planta permanente y mantienen la estabilidad laboral.
También habló sobre el tema el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que es diputado nacional por el Frente de Todos, pero en este caso para respaldar los fundamentos con que el Gobierno tomó la decisión de excluir a los estatales de la doble indemnización.
“No va a haber despidos en el Estado de ningún trabajador que tenga acreditado su trayectoria y su carrera dentro del Estado”, dijo el dirigente kirchnerista.
“Hubo un decreto que intentó que la mayoría de los que habían entrado al Estado en los últimos meses de Mauricio Macri, la mayoría ocupando cargos jerárquicos, cobraran doble indemnización, como último gesto de resarcimiento a la tropa propia, y está claro que el Estado no está para eso”, agregó.
Yasky destacó que el nuevo decreto oficial se aplicará para “casos excepcionales, que tienen que ver con nombramientos que fueron parte de la movida política”, por lo que los gremios, aseguró, “van a garantizar que se cumpla estrictamente” esa decisión.
En diciembre último, el Gobierno publicó un decreto en el que se declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días y allí se establece que, en caso de despido sin justa causa, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente.
Tanto Rodríguez como Yasky, además, hablaron sobre la cláusula gatillo, la herramienta que se incluye en algunos convenios colectivos que prevé la actualización automática de los salarios cuando la inflación supera un porcentaje que acuerdan empresarios y sindicalistas.
Se utiliza, sobre todo, en épocas de alta inflación y durante el gobierno macrista se calcula que hubo 11 convenios en el sector privado en los cuales se firmó una cláusula de este tipo. Sí, en cambio, está vigente en el sector público nacional, como el caso de los docentes universitarios, y a nivel provincial, para los docentes en las provincias de Buenos Aires, San Juan, Tucumán y Santa Fe, y también los estatales de La Pampa.
En enero, Alberto Fernández dejó en claro públicamente que no quería que este año se incluyera la cláusula gatillo en las paritarias. “La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación”, destacó en tono crítico, y agregó: “Una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. Lo que tenemos que hacer todos es desindexarla”.
Al ser consultado sobre el tema, el líder de UPCN se alineó con la postura había adoptado la central obrera que él integra: “La posición sindical, que manifestó públicamente la CGT, es que las paritarias son libres y tienen que darse de acuerdo don la realidad de cada actividad. Tanto el sector empresarial con el sindical son conscientes de la realidad que estamos viviendo”.
Sin embargo, Rodríguez afirmó que “nadie va a tensar una cuerda para que se rompa” porque, aseguró, “todos buscamos recuperar principalmente el empleo, que esa actividad crezca y preservar, por supuesto, el poder adquisitivo”.
“El poder adquisitivo no sólo se maneja por el porcentaje salarial que uno puede discutir en una paritaria sino también por el congelamiento de tarifas, por lo menos por un lapso que permita recuperar el salario, por ejemplo. Algo que hoy vemos como positivo”, sostuvo.
El sindicalista señaló que “la cláusula gatillo fue una salida de emergencia utilizada cuando perdíamos constantemente poder adquisitivo contra la inflación». “Si esto no sucede, y la inflación indudablemente baja y hay otras variables que pueden ser contempladas con respecto a la recuperación del salario, veremos cómo se maneja”, concluyó.
Por su parte, Yasky dijo que “uno de los objetivos claros es que debemos recuperar los salarios en un marco que nos permita ir bajando el índice de inflación, y la cláusula gatillo en estas condiciones es indexatoria».
Por eso el jefe de la CTA de los Trabajadores propuso “una fórmula que pueda garantizar que los salarios no van a perder” contra la inflación y reclamó “terminar con este desastre que dejó el macrismo, que -según juzgó- combinó los dos elementos más negativos, fugar dinero en la misma proporción en la que nos endeudábamos y parar la industria”.
