Argentina vivió un cimbronazo histórico en las PASO y los activos financieros cayeron el dìa después, es decir el 12 de agosto, alrededor del 50%, y el riesgo país voló desde los 800 a los 1.800 puntos. Pasados seis meses, no hay recuperación a la vista. Las acciones argentinas cotizan en Wall Street un 25% por debajo de donde quedaron luego de aquella monumental pérdida. Los bonos en dólares también cotizan un par de escalones por debajo de lo que habían quedado tras aquel golpe. El comportamiento de los activos financieros no hace más que reflejar la falta de confianza y lo que sucede con la economía real: por el momento no aparecen señales de repunte, ni siquiera hay indicios de que se haya tocado un piso más o menos firme.
Casi todas las variables que se van conociendo del primer bimestre del año son flojas. La venta de autos sigue para abajo, el sector inmobiliario profundizó su crisis, pero tampoco hay repunte en la venta en supermercados y shoppings. Probablemente el sector que mejor salió parado en estos primeros meses del nuevo gobierno haya sido el turismo interno, a partir de las restricciones al acceso de dólares y el encarecimiento del tipo de cambio para viajes y contrataciones en el exterior.
Era lógico y esperable que se mantuviera la inercia de la caída de 2019, que marcó el segundo año consecutivo de recesión. El principal motivo del derrumbe fue la escalada de la inflación y el impacto sobre el ingreso real. Tanto los salarios como las jubilaciones perdieron escandalosamente contra el aumento de precios acumulado a partir de las sucesivas devaluaciones que llevaron el tipo de cambio de $20 a $80 en apenas 20 meses.
Y aunque Alberto Fernández prometió en campaña que su primera medida sería “encender la economía”, está claro que se trata de una tarea compleja y que demandará mucho tiempo.
La baja de la inflación de enero entusiasmó a la Casa Rosada y ahora se espera una caída adicional en febrero, que podría ubicarse en torno al 2%. Cualquier recuperación del ingreso real deberá arrancar con una desaceleración inflacionaria. Pero este proceso tiene sus salvedades: tarifas y naftas están congeladas, mientras el Banco Central busca administrar el aumento del dólar oficial. Al mismo tiempo, hay dudas por una política monetaria expansiva, que podría gatillar más inflación dentro de algunos meses.
Mientras tanto, volvieron las políticas de impulso a la demanda. El aumento diferencial a las jubilaciones mínimas y a los beneficiarios de AUH apunta en esa dirección. La fuerte baja de tasas procura que las pymes puedan acceder a financiamiento màs barato y que también bajarle la carga a quienes financian consumo vía tarjeta de crédito.
Los esfuerzos que puede generar el Gobierno para mover la economía son efímeros, ya que los recursos también escasean, como lo demostró el último decreto que dispone aumentos para las jubilaciones. En realidad, será casi imposible que la economía encuentre un piso y comience la reactivación si no aparece el sector privado, promoviendo tanto inversión como empleo.
La renegociación de la deuda aparece como un elemento central en este análisis. Uno de los principales empresarios de la Argentina lo analizaba así durante un almuerzo: “Si vamos a caer en un nuevo default, tenemos que hacer planes pensando en un dólar mucho más alto, cero acceso al financiamiento y posiblemente una depresión económica. Pero si hay acuerdo con los acreedores el panorama ya sería muy diferente”.
La confirmación de la llegada de una nueva misión del FMI para auditar las cuentas públicas -tras un nuevo encuentro entre el ministro Martín Guzmán y la número uno del FMI, Kristalina Georgieva- en el marco del denominado “Artìculo IV” es un paso clave en el proceso que empieza a atravesar la Argentina. A partir de 2007 Néstor Kirchner se había negado a recibir a los técnicos del organismo y la relación fue nula hasta el final de la gestión de Cristina Kirchner. Ahora Alberto Fernández no puso reparos, en el entendimiento de que se trata un paso obligado que se debe atravesar.
La aceleración de las negociaciones con el FMI representa una señal inequívoca para los inversores. Significa que el Gobierno no está dispuesto a perder tiempo. Y esto es extensible a la inminente propuesta de renegociación de la deuda con acreedores privados.
Si bien parece materialmente imposible cerrar un acuerdo antes del 31 de marzo, un retraso de uno o dos meses no sería demasiado grave. El Gobierno puede optar, por ejemplo, por seguir pagando los intereses y reperfilar el pago de capital de los títulos que van venciendo, ya que se trata de bonos emitidos (en pesos y en dólares) bajo ley local.
Un informe elaborado por Alberto Bernal, director de XP Securities, enumera las consecuencias que tendría un default total para la Argentina: fuerte salto del dólar, incremento de la brecha cambiaria, mayor recesión y aumento de la pobreza. Es la visión mayoritaria que ¿Por qué razón al Presidente le convendría someter a su Gobierno a semejante flagelo? Es difícil ensayar una respuesta coherente.
Pero inversores y empresarios siguen con sus dudas. El duro discurso de Cristina Kirchner en relación al FMI hace dudar sobre la postura que adoptaría el kirchnerismo respecto a las características que debería tener una negociación por la deuda. Al fin y al cabo, la ahora vicepresidenta no dudó en 2014 en entrar en default con los bonistas extranjeros, pese a que varios de sus ministros le proponían soluciones válidas para zafar de los embargos del juez Thomas Griesa.
Lentamente Fernández va tejiendo sus alianzas con los empresarios locales, en un intento por revivir la “burguesía nacional” de Néstor Kirchner. A ellos busca llevar tranquilidad sobre los pasos futuros. Es un claro intento por empezar a despejar fantasmas y lentamente ir recuperando la confianza de los inversores.
