Con el foco puesto en lo que el presidente Alberto Fernández llamó ayer “los desamparados” de la sociedad y en los sectores más golpeados por la paralización de la economía debido a la cuarentena y las medidas de aislamiento social con que se busca reducir la circulación del coronavirus y evitar que los efectos sobre la salud de la población colapsen el sistema sanitario, el Gobierno anunciará hoy una serie de medidas fiscales y de ayuda directa para ponerle piso a la caída de la actividad económica. Preparan medidas especiales para monotributistas.
Luego de la reunión del gabinete económico-social en Olivos del que Infobae dio cuenta el sábado, los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, más la AFIP y el Banco Central, quedaron trabajando contrarreloj para anudar un paquete que apunte en especial a cuentapropistas, monotributistas y actividades independientes y/o informales.
Para monotributistas, las propuestas en danza incluyen la posibilidad de asignar una suma fija por dos meses y facilidades para el pago de las cuotas mensuales.
El propio presidente lo dijo ayer, en una entrevista televisiva a distancia: “Tenemos que ver cómo resolvemos al problema del taxista, del monotributista, cómo resolvemos el problema de quien recibe la Asignación Universal por Hijo y necesita más recursos porque no están trabajando”.
Pero el problema es más amplio, como reconoció el propio mandatario al referirse a la situación de las pymes y del pequeño comerciante “que se queda sin vender”. Todas esas situaciones, aseguró, “van a tener una respuesta, vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila, no podemos sumarle a una pandemia la inseguridad para vivir. Pensamos en los desamparados, no los vamos a abandonar”.
En la reunión del sábado el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había puesto el énfasis en los sectores informales y los monotributistas, que estimó en “casi un millón de personas” y los ejemplificó con “el mozo, el carpintero, el taxista o remisero que vive directamente de su propio ingreso y ahora no tiene para moverse ni tiene trabajo”.
La disciplina fiscal o monetaria no son la prioridad del momento: lo que se intenta es evitar una crisis mayúscula, con herramientas como la distribución de alimentos por parte del Ejército en los barrios más carenciados, como citó el propio presidente.
El fisco puede esperar
Otro instrumento serán las prórrogas y exenciones impositivas, de diferente alcance: más amplias para los sectores más afectados (inmobiliarias, construcción, gastronomía, hotelería) y la prohibición, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del corte por falta de pago de los servicios básicos de electricidad, gas y agua, a los que ayer por la noche agregó el servicio de cable.
“Tenemos muchos desafíos el mundo ha cambiado; mañana cuando vean que aumento el numero de casos no se asusten porque los que estamos analizando son los anteriores a la cuarentena. Estamos haciendo lo que la OMS y expertos recomiendan. Cuando uno toma estas decisiones sabe que esta afectando la economía y ahí esta el dilema; yo decidí salvar vidas sabiendo que tenemos que pagar una costo en la economía, trataremos que el costo sea el menos posible», dijo el presidente.
Respecto del DNU, lo que faltaba definir es el alcance temporal de la medida, la compensación a las empresas proveedoras por la caída de ingresos y los mecanismos de salida, para que cuando pase la tormenta haya una salida mediante planes de pago sin intereses de al menos parte de lo que no se abonó durante la cuarentena, que probablemente se estire en función de la evolución de las condiciones sanitarias. Lo que está claro es que se impedirá el corte de servicios, medida que incluso a su favor resoluciones de la Justicia acerca de lo que se consideran “servicios elementales”.
Las constructoras ya plantearon al gobierno no sólo que se prorrogue el pago de impuestos sino directamente que, a los efectos fiscales, los días de aislamiento se consideren inexistentes. Las inmobiliarias ya estaban en una crisis de dimensiones históricas y con la compra-venta del todo parada temen quiebras en cadena. Hasta los alquileres están complicados. Allí, claro, se trata de una relación entre privados y el gobierno busca acordar con la oposición una ley que impida el desalojo pero deje las puertas abiertas a una futura normalización contractual.
Una lógica similar, pero con mecanismos distintos, regirá para los impagos de tarjeta de crédito. En eso, al igual que en mecanismos para evitar que el sistema de pagos –agujereado con la suspensión del clearing de cheques- se corte también para sectores que se mantienen en actividad, como supermercados, transporte, producción alimenticia y agropecuaria, trabaja el presidente del Banco Central, uno de los participantes de la reunión del sábado que salió sobrecargado de tareas.
Propuestas de los economistas
Mientras esperan los anuncios, de los que no está definida aún ni hora ni formato, los economistas cranean propuestas.
Por caso, Fausto Spotorno, en una serie de tuits planteó ayer la necesidad de asegurar el pago por parte del sector privado formal de los sueldos de marzo (en poco más de una semana) mediante un depósito de $ 30.000 por empleado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Las empresas podrían tomar como préstamo a un año con 4 a 6 meses de gracia. La medida, precisó Spotorno, costaría 1% del PBI y podría financiarse mediante la venta de bonos del FGS al BCRA, que los pagaría con emisión, a reabsorber mediante el recupero de los préstamos después de la tormenta.
También Nadin Argañaraz, Ariel Barraud, Andrés Mir y Bruno Panighel, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) difundieron una propuesta de coordinación fiscal entre Nación, Provincias y Municipios para una política de reducción impositiva por un total de 610.000 millones de pesos, 330.000 millones de Nación (1% del PBI) y 180.000 millones por parte de Provincias y Municipios (0,9%). La clave, dijeron, es ordenar todo en base al sistema de coparticipación vigente, para que no haya desmadre ni en la ejecución ni en la salida y eventual recupero de al menos parte del paquete.
El coronavirus, plantea el IARAF, golpea la actividad del sector privado, debilita los ingresos y aumenta el gasto del gobierno. Pura cuenta en rojo a financiar casi exclusivamente con emisión. Pero eso hoy, dice el documento, no es lo relevante, sino “evitar la suba de la tasa de crecimiento de los contagios”.
Todos se afanan por hallarle la vuelta a la crisis más severa que hayan visto jamás. Y no es exageración argentina: la propia canciller alemana, Angela Merkel, definió al coronavirus como el mayor desafío a la humanidad desde la segunda guerra mundial.
Y para peor esta guerra, dijo Alberto Fernández, es contra un “enemigo invisible”.
