El último informe sobre camas disponibles (en instituciones públicas y privadas) fue publicado en 2018. Habla de un total de 220.910 en todo el país, incluyendo 8.293 unidades de terapia intensiva para adultos y 1.823 unidades de terapia intensiva pediátricas. Esta información se volvió crucial porque es la que primero exhibe la capacidad del sistema de salud para responder frente a una emergencia sanitaria. Cuanto más lejos del porcentaje recomendado por la OMS (8 camas cada 1000 habitantes) se presente, más limitada será la una respuesta. Argentina tiene un índice 5.02, con grandes variaciones entre región centro (5.71) y NEA (3.59) y NOA (3.94).
Desagregar ese “Análisis de la Situación de Salud en la República Argentina» que hizo el equipo del por entonces ministro de Salud Adolfo Rubinstein (en rigor, secretario) complejiza el escenario. De esas 220.910 disponibles, hay 85.784 que son camas para “internaciones prolongadas”, es decir, geriátricos u hospitalizaciones que impiden contar con ese recurso en medio de una emergencia. Tampoco las camas de maternidad y neonatología están disponibles, un 15.003 sumados ambos tópicos. Sumando camas generales, especiales, pediátricas y para hospital de día, finalmente, Argentina tenía disponibles 110007 camas disponibles.
Tenía disponibles porque se supone que hoy tiene más. Hay una gran maquinaria en todos los rincones del país para generar ese recurso en playones de las fuerzas armadas, centros deportivos, religiosos, grandes escuelas, en los 10 nuevos hospitales modulares que se están construyendo con crédito de UNOPS, dentro de las 17 Unidades de Pronta Atención que se desarrollaron en tiempos del sciolismo en la provincia de Buenos Aires, o junto a ellos. Pero el número no se conoce.
En concreto, no hay información de cuántas camas disponibles hay o habrá. El Ministerio de Salud actual no brinda esa información. En parte, porque está realizando una tarea de control sobre lo que le dicen las obras sociales de los sindicatos, que estaría bastante por debajo de lo que habían declarado. También porque las provincias se mostraron reacias a contar su propia disponibilidad, en líneas generales, también por debajo de lo que venían diciendo.
Finalmente, porque el propio ministerio se demoró más de la cuenta en obtener esa información crítica, sin la cual es imposible realizar una política pública seria en medio de la emergencia sanitaria que exigirá atención hospitalaria en un porcentaje que rondará el 15% de los contagiados, o sea, ¿3 millones de personas? ¿1 millón? ¿En cuánto tiempo? “Tendríamos que habernos puesto con esto en febrero, pero la verdad es que nos desbordó la situación”, reconoció un funcionario del equipo de Ginés González García.
Otro dato importante de este análisis es la cantidad de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que existen en el país, discriminados por región. El dato es particularmente significativo porque los CAPS dependen de los intendentes, ya que además de ejercer tareas de prevención y difusión de conductas saludables, dan la primera atención de la población más pobre.
Son 7844 en todo el país, de los cuales 3078 están en la región centro, lo que incluye el conurbano. Una gran cantidad, 1953, tiene atención médica diaria y con especialidades 901 tiene atención médica por lo menos tres días por semana, y 45 tienen guardia permanente.
Si los intendentes del conurbano tuvieran el presupuesto necesario de parte de Nación o de la Provincia de Buenos Aires para equiparlos, con todo lo que dicen que distribuyen pero la verdad que todavía no llegó (material para dar seguridad al personal sanitaria, más médicos y camas en varios lugares donde hay espacio), buena parte de la emergencia podría tratarse directamente ahí, como ya se está planificando, pero a una velocidad que no toma en cuenta la rapidez con la que se desplaza el virus.
Infobae pudo constatar el caso de una provincia y de una intendencia del conurbano de la Tercera Sección Electoral que en público dan una cifra de camas disponibles y de terapia intensiva que no son ciertas. En ambos casos le pusieron, lisa y llanamente, un cero a la cifra real: donde dicen 300 hay 30, por ejemplo. Lo hacen por las buenas razones: no quieren asustar a la población. Mientras tanto, rezan para que las curvas de infectados que empezaron en China, siguieron en Europa y continúan en Estados Unidos, se comporten distinto en nuestro caso, confiados en que “Dios es argentino”.
“La realidad demostrará qué hay y qué no”, concluyó un funcionario de larga trayectoria en la gestión pública, casi un sabio a la hora de discriminar qué puede hacer el Estado a esta altura, y qué no, en una carrera contra el tiempo que logró poner entre paréntesis hasta prejuicios ideológicos, porque lo que hoy cotiza no es el relato sino la capacidad operativa para desplegarse en la emergencia, con información y recursos humanos, tomando decisiones basadas en la evidencia científica.
Las nuevas condiciones para la política sufrieron un cambio tan drástico que los intendentes del conurbano que recibieron el llamado de Cristina Fernández de Kirchner, preocupada por la situación, contaron que la primera pregunta que les hizo la Vicepresidenta es cuántas camas tenían en el distrito.
La realidad mató al relato. Y todo lo que no se hizo en décadas en esas barriadas cada vez más sumergidas quedará evidenciado apenas el virus empiece a circular con la fuerza de lo que no encuentra ningún freno de aislamiento social, calidad de vida o condiciones de higiene.
Este fenomenal cambio de prioridades encuentra a la dirigencia política ante el desafío de la eficiencia en la gestión. Llegó el momento en que la sociedad va a juzgar por la capacidad que tendrá cada gobernante (Presidente, ministros, gobernadores, intendentes) para llevar adelante una estrategia efectiva contra el virus.
No todos los que nos gobiernan tienen esa experiencia. Buena parte, nacieron y se criaron en la épica discursiva sin realidad, lo que les permitió ordenar su visión del mundo sin necesidad de contratarla con los hechos. O adecuando los hechos al relato.
El Estado argentino podrá ocultar la cantidad de casos infectados testeando menos personas de las que presentan síntomas, como sospechan muchos. No dirá las camas disponibles para los pacientes que necesitan hospitalizarse ni las de terapia intensiva para aquellos que requieran cuidados especiales en sus pulmones deteriorados por el COVID-19, quizás simplemente porque no lo sabe.
Lo que nunca podrá modificar es la cifra de muertos porque, cuando esta pesadilla termine, la realidad se mostrará en blanco sobre negro y sin ninguna capacidad de ocultamiento.
