Si en los años 70 la consigna política de moda era liberación o dependencia, en estos días de miedo e incertidumbre por el coronavirus parece haberse reemplazado por el dilema que está en pleno debate en todo el planeta: economía o salud. Es decir, ¿los gobiernos tienen que evitar la expansión de los contagios aunque eso signifique un golpe a la actividad económica? ¿O al revés, deberían reanudarse las tareas, pese a la pandemia, para que las víctimas no sean producto de la recesión y el desempleo?
Alberto Fernández, al contrario de otros mandatarios en el mundo como Donald Trump o Jair Bolsonaro, ya se definió: “Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida”, dijo hace una semana. Este domingo, al anunciar la extensión de la cuarentena, destacó: «No tenemos que caer en el falso dilema de es la salud o la economía; una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más”.
Todos los esfuerzos están dirigidos a aplanar la curva del coronavirus ante el riesgo de que en unos meses la Argentina se esté mirando en el espejo actual de Italia o de España. Sin embargo, en el empresariado y en el sindicalismo hay tanto miedo a un crecimiento explosivo de los contagiados por el virus Covid-19 como a los heridos que dejará el freno de la economía durante y después de la cuarentena.
La Unión Industrial Argentina (UIA), por su lado, ya le sugirió a dos ministros del gabinete de Alberto Fernández una cantidad de actividades que podrían retomarse durante la cuarentena extendida siempre que se garanticen los protocolos de seguridad sanitaria, como, por ejemplo, en la alta tecnología.
Casi en sintonía, desde la CGT hubo conversaciones con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en las que los sindicalistas le propusieron una comisión tripartita para analizar con el Gobierno y los empresarios qué otros sectores podrían reanudar sus tareas mientras rige el aislamiento obligatorio y, además, cómo impedir una ola de despidos en las empresas que aún no puedan trabajar.
“Hay que ver cómo determinadas actividades de la construcción e industriales que no tienen que ver con áreas metropolitana pueden empezar a girar para que el Estado pueda acudir en ayuda de aquellos sectores que van a tener una cuarentena mucho más larga”, sostuvo el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad), quien pidió “encontrar el camino con el equilibrio necesario: el cuidado de la población y la generación de trabajo y riqueza para nuestro país”.
La preocupación sindical pasó a ser indignación desde que el holding Techint confirmó que dejará en la calle a 1.450 empleados de obras privadas de construcción, hoy paralizadas, en Buenos Aires y Tucumán y Neuquén. A las 48 horas, la respuesta oficial estuvo en boca del Presidente: tras compartir en Twitter un mensaje del papa Francisco en el que pide que no echen empleados durante la pandemia, calificó de “miserables” a los empresarios que despiden en medio de la crisis y les advirtió: “No dejaré que lo hagan”. Anoche, Alberto Fernández insistió: “Voy a ser duro con los que despiden gente”. Este lunes, cuando el ministro Moroni reciba a la compañía dirigida por Paolo Rocca y a la UOCRA que lidera Gerardo Martínez, se verá si produjeron efecto las duras palabras presidenciales. La versión que circulaba decía que darán marcha atrás con las cesantías.
El Gobierno ha tomado medidas para atender a algunos sectores en crisis, pero a veces de manera tardía. La UOCRA está advirtiendo desde diciembre sobre la crisis de la construcción en la Argentina, con una caída que lleva 22 meses consecutivos y 47.000 empleos menos sólo entre noviembre y enero pasados. Pero recién a mediados de marzo logró que el Gobierno armara una mesa sectorial para analizar la situación y encontrar soluciones. En estas horas de pandemia, cuatro ministerios (Economía, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda) estudian herramientas para reactivar la obra pública y mitigar las consecuencias laborales de la parálisis de la obra privada, aunque ahora todo está tamizado por la complicación adicional de conseguir fondos en esta emergencia y tomar medidas durante la cuarentena obligatoria.
Además del conflicto con Techint, cerca de Gerardo Martínez advirtieron a Infobae que vienen advirtiendo al Gobierno que el parate de obras programadas por YPF podría generar 8.000 despidos, mientras que en la Cámara Argentina de la Construcción hablan de unas 100.000 pérdidas de fuentes de trabajo si no llega a tiempo el salvataje que están prometiendo los funcionarios para impedir la debacle del sector.
Los empresarios, de todas formas, esperan con ansiedad que se concreten las medidas que anunció el Gobierno para aliviar a las compañías afectadas por la pandemia: habrá financiamiento a tasas del 24% para pagar los sueldos, rebaja de cargas patronales y una nueva versión del Programa de Recuperación Productiva (Repro) dirigido a las pymes. “Esperamos que haya acceso efectivo a esos créditos. El año pasado muchas empresas se endeudaron con tasas elevadas empresas y hoy hay moras en el pago. Por eso, si no llegan los créditos, ¿cómo harán para sobrevivir?”, se preguntó este domingo el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en diálogo con Radio Ciudad.
Los efectos del aislamiento obligatorio también preocupan a la CTA Autónoma, que encabeza Ricardo Peidró, que en un documento difundido hace 24 horas considera que “para que la cuarentena sea eficaz es necesario que un conjunto de actividades muy amplias continúen funcionando, muchas de las cuales han quedado exceptuadas expresamente del cumplimiento de las obligaciones que se establecieron de manera general” y, por otra parte, destaca que, “en tanto se trata de un fenómeno temporal, será necesario generar medidas tendientes a minimizar los daños que este proceso genere sobre el entramado de relaciones económicas y laborales”.
Esta central obrera, sobre la base de “más de 70 denuncias y reclamos colectivos” de trabajadores, criticó “la falta de delimitación clara entre las líneas de producción que deben seguir funcionando y otras que claramente no son esenciales y que incluso podrían fortalecer la producción de aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia del conjunto de la población; otras que no garantizan las condiciones necesarias de salud y seguridad en el trabajo, así como también está la situación de empresas que han recurrido a despidos y suspensiones colectivas”.
En este último punto, el relevamiento de esta fracción ceteísta registra que en la primera semana de la cuarentena hubo denuncias sobre despidos entre el personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de kioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el complejo Cinemark, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet, entre otros.
Por eso la CTA Autónoma propuso abordar de manera urgente estos cuatro puntos: “1) Determinar con la mayor precisión posible las áreas de la producción que deben continuar funcionando y fortalecerlas con la redistribución de los recursos y trabajadores que se desempeñan en las áreas o líneas de producción no esenciales; 2) Garantizar las máximas condiciones de salud y seguridad en el trabajo, principalmente aquellas que hacen a la consecución de los objetivos de las políticas sanitarias fijadas por el Ministerio de Salud; 3) Adoptar medidas para proteger los puestos de trabajo y los salarios durante la cuarentena, incluyendo la suspensión de los despidos; 4) Garantizar la actividad sindical, la libertad de circulación de dirigentes y abogados gremiales, y fortalecer los mecanismos oficiales para la presentación de denuncias como protección principal de quienes están desarrollando actividades”. Lo sintetiza el abogado de esa central, Horacio Meguira: “Es posible encarar una pandemia con derechos”.
¿Economía o salud? Quedan pocas certezas en pie en medio de la zozobra que genera el avance del coronavirus. Y algunos interrogantes aún sin respuesta, como si el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas podrán sortear los desafìos de esta época impiadosa para concentrarse en lo importante. Por ejemplo, en algo que dijo Alberto Fernández y cuya veracidad nadie puede discutir: “Aquí nadie se salva solo”.
