Tras un pedido de audiencia realizada en los últimos días ante la crítica situación que atraviesa el sector, el presidente Alberto Fernández se reunió hoy durante más de una hora con los dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en la residencia de Olivos.
Durante el encuentro, se dialogó «acerca de la delicada situación que atraviesa el Comercio y los Servicios, en el marco de la emergencia generada por la pandemia del Coronavirus”, precisó la entidad que preside Jorge Di Fiori, que viene reclamando medidas para paliar la difícil situación que afronta el sector, que tiene los comercios cerrados por la cuarentena pero que debe hacer frente al pago de obligaciones, como sueldos, alquilares e impuestos.
Trascendió que la institución, representada por Di Fiori, y los vicepresidentes Eduardo Eurnekian y Alberto Grimoldi, llegó al encuentro con el Presidente con algunas propuestas en torno a dos ejes para aliviar la situación de los comerciantes.
El primero se refiere a la posibilidad de establecer un aislamiento social selectivo, que permita un paulatino regreso a la actividad. Para ello, se propuso:
-Autorización de tareas presenciales solamente a trabajadores, fuera de los grupos vulnerables, que residan en, por ejemplo, un radio no mayor a 5 km de distancia del lugar de trabajo para la primera etapa; luego de 20 km para la segunda, y así sucesivamente.
-Establecimiento de horarios especiales para evitar la generación de “horas pico” en los medios de transporte. En la primera etapa, jornadas de 6 horas y luego ampliarlas gradualmente.
-Flexibilización de las restricciones que afectan la logística del comercio electrónico, clave en este momento como alternativa al canal tradicional. “Es indispensable permitirles a los comerciantes ir hasta sus locales o depósitos, con una dotación de empleados limitada y sin atención al público, para que puedan vender y despachar los pedidos directamente a través de un servicio de paquetería, correo o fletes habilitados”, remarcó la CAC.
A la vez, la entidad solicitó una “amplia simplificación de trámites burocráticos y una pronta apertura, al menos parcial, de las sucursales bancarias, indispensable para la realización de ciertas operaciones”.
El segundo de los ejes, en tanto, consistió en medidas de apoyo financiero e impositivo a las empresas. En este sentido se propuso:
-Otorgamiento de un préstamo instantáneo y directo, a tasa cero, que se acredite en las cuentas sueldo de los trabajadores. El monto del préstamo debería ser equivalente a la diferencia entre el salario del trabajador y el pago que efectúe la ANSES (Asignación Compensatoria al Salario) o el Ministerio de Trabajo (Repro Asistencia por la Emergencia Sanitaria).
-Postergación de pagos de los aportes personales y aportes y contribuciones y ART correspondientes a los sueldos de marzo y abril. Además, la apertura de un plan de facilidades de pago en seis cuotas para su cancelación con vencimiento a partir de los 60 días de finalizado el período de aislamiento.
-Exención del 100% del pago de contribuciones patronales de los sueldos de marzo y de abril, extensible a los meses siguientes, según la evolución de la pandemia y de sus consecuencias.
-Postergación de los vencimientos de impuestos que operaban en abril de los tres niveles de gobierno (IVA, impuesto a los débitos y créditos bancarios, Anticipos de Ganancias, Ingresos brutos y tasas municipales).
-Suspensión por dos meses de todos los regímenes de recaudación anticipada de los tres niveles de gobierno (retenciones y percepciones).
Al recibir a la CAC, Fernández buscó contener a un sector fuerte de la economía, que cuenta con 1,2 millón de trabajadores sólo el rubro de comercio, y poco más de 4 millones si se le suman los empleados de los servicios. Fuentes del sector aseguran que algunas empresas pudieron pagar los sueldos en tiempo y forma -las que tienen mayor espalda-, pero otras todavía están analizando cómo hacerlo y “probablemente lo hagan en tramos”.
“El problema más grave lo vamos a tener en abril, porque en marzo se pudo trabajar casi 20 días”, precisaron las fuentes.
Si bien desde el Gobierno se tomaron varias medidas para aliviar la situación del sector privado en medio de la actual parálisis económica, los empresarios insisten en que no son suficientes, además de que, en muchos casos, no terminan de funcionar. Es el caso, por ejemplo, de los créditos bancarios para las pymes, que no fluyen como quisieran, ni siquiera con las garantías ofrecidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Contra las medidas adoptadas, -entre las que figuran los créditos, reducción del 95% y postergación del pago de las contribuciones patronales, y el aporte del Gobierno para pagar parte de los sueldos en empresas de hasta 100 trabajadores- se dispuso por decreto que las compañías no pueden usar el coronavirus como “fuerza mayor” para hacer despidos y suspensiones durante 60 días.
Esta decisión, oficializada por decreto, fue tomada por pedido de la CGT ante el escenario que los sindicatos avizoraban, y luego de que la constructura del Grupo Techint decidiera dar de baja los contratos de 1.450 trabajadores por la parálisis de sus obras. El Ministerio de Trabajo dictó inmediatamente la conciliación obligatoria, pero el objetivo de la empresa se mantiene firme.
