Más de un centenar de detenidos por crímenes de lesa humanidad presentaron en los tribunales sus pedidos de libertad en el medio de la pandemia del coronavirus. La mayoría pertenence a grupos de riesgo por su edad o por su salud y pide irse a sus casas para cumplir allí sus condenas. Unos 26 ya consiguió el aval de la Justicia, aunque no todos pudieron aún concretarlo porque enfrentan acusaciones en otros expedientes en donde se los investiga. A otros 45 les dijeron que no y el resto espera todavía una respuesta en busca de poder salir de prisión.
Pero tanto la fiscalía de crímenes de lesa humanidad como en las organizaciones de derechos humanos se oponen a que estos detenidos puedan beneficiarse en este contexto. Primero porque todavía no se verificó que el coronavirus haya entrado a las cárceles. Pero además porque en prisión están siendo atendidos por sus dolencias.
Hay otras dos interrogantes que plantea la fiscalía ante cada uno de los pedidos: cómo se verificará que los detenidos en sus casas podrán ser cuidados frente a sus problemas de salud en medio de una emergencia sanitaria como la que vive la Argentina y cómo se acreditará que estos represores cumplirán con su condena en sus casas, explicó a Infobae la titular de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos.
En Chile, se planteó una polémica pública en torno a un proyecto para concederle arresto domiciliario a las personas de edad avanzada incluso si cometieron delitos de lesa humanidad. La iniciativa también contempla un indulto para los enfermos terminales. En la Argentina, la pandemia por el coronavirus llevó a la Justicia a plantear la necesidad de flexibiliar las libertades y arrestos domiciliarios por la forma en la que avanza el contagio de esta enfermedad, el estado de emergencia penitenciaria y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte Suprema, hizo especial hincapié en revisar las detenciones de aquellos que pertenecen a grupos de riesgo. Precisamente, en ese rango etario están los acusados de delitos de lesa humanidad. La cantidad de alojados en cárceles federales se viene reduciendo notablemente en los últimos años, tal como lo publicó Infobae el pasado 24 de marzo, al cumplirse el 44 aniversario del inicio de la última dictadura. Pero la irrupción del coronavirus podría bajar aún más ese número.
Esta situación abre interrogantes en los tribunales y sobre todos para los acusadores. “Claramente todos ellos pertenecen a grupos de riesgo, pero hay que estudiar si en estos momentos cuentan con la atención médica que necesitan, en un escenario en donde el virus no ingresó a la cárcel y el Servicio Penitenciario Federal hizo buenos protocolos para evitar que eso suceda”, dijo a Infobae la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Angeles Ramos. La fiscal también resaltó “en las cárceles federales no hay un hacinamiento como ocurre en otros penales provinciales” y se planteó: “Si vamos a flexibilizar las detenciones, esclarezcamos por qué delitos vamos a empezar”.
En el Servicio Penintenciario Federal se registran 132 detenidos por causas de lesa humanidad. Según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en base a los informes de fiscales de todo el país, hasta este lunes un total de 113 presos solicitaron poder irse a sus casas a cumplir su arresto. Algunos planteos fueron realizados antes de que se declarara la pandemia, pero deben ser atendidos a la luz de este escenario. Más de un centenar encontró fundamentos en el decreto de necesidad y urgencia 260/2020 firmado el 12 de marzo por el presidente Alberto Fernández y su gabinete declarando la emergencia sanitaria.
De esos 113 pedidos, se concedieron unos 26, aunque no todos se efectivizaron. ¿Por qué? Porque algunos tienen condenas en distintos tribunales y necesitan que la domiciliaria se otorgue en todas las causas por la que están presos. Es el caso, por ejemplo, del ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, según los registrados a los que accedió este medio.
Uno de los que consiguió que lo enviaran a su casa, en calidad de detenido, fue el represor Carlos Reinhart, de 65 años. Lo llamaban “El Carnicero” porque se encargaba de picanear a los detenidos ilegalmente. Fue reconocido por 35 víctimas en el juicio denominada subzona 14 de Santa Rosa, en La Pampa. Reinhart estaba alojado en la enfermería de la Unidad 4 del penal de esa ciudad, en un área destinada para el protocolo ante casos sospechosos del Covid-19.
En Mendoza se concedieron una decena de arrestos domiciliarias de manera cautelar, excepcional y provisorio, incluso para acusados que estuvieron prófugos.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia -con la firma del juez de feria Carlos Rosenkrantz- resolvió abrir la feria para analizar el planteo de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del ex teniente coronel Juan Daniel Amelong por sus crímenes en la represión ilegal en Rosario, ante la pandemia, su edad (68 años), su historia clínica y su “deteriorado” estado de salud. El tema quedó en manos del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario. Among fue condenado en 2010 a cadena perpetua en la llamada causa “Guerrieri I”, y al año siguiente lo sentenciaron a 13 años de cárcel por los crímenes ocurridos en una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná. Más tarde volvió a ser condenado a diez años en la causa Guerrieri II. Sobrevivientes lo señalaron como uno de sus torturadores. A uno de los juicios apareció con una venda blanca en la frente que decía “Legalidad”.
La Cámara Federal de Casación Penal también analizó planteos de detenidos en base a problemas de salud. En medio de una seguidilla de negativa, el que consiguió un nuevo análisis de su caso fue Ramón Alberto Ojeda Fuente, condenado por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Ahora el Tribunal de esa provincia deberá evaluar si le conceden el arresto que le habían negado, teniendo en cuenta la pandemia.
Ojeda tiene 74 años y sufre patologías “crónicas, evolutivas e irreversibles con riesgo de sufrir descompensaciones”: problemas cardíacos -que incluyen tres by pass-, antecedentes de presión alta, ACV, diabetes y EPOC, además de «hiperplasia prostática benigna, litiasis vesicular e hipoacusia bilateral”. “Tanto los profesionales del Cuerpo Médico Forense como del Hospital Penitenciario Central coincidieron en que la mejor alternativa para el mismo era su arresto en modalidad domiciliaria”, advirtió la defensa. Condendo a 20 años de cárcel en la causa “Arsenales II-Jefatura II” por los delitos de asociación ilícita agravada, privación ilegítima de libertad, torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía, Ojeda había conseguido la domiciliaria hace unos años, pero perdió el beneficio cuando se lo acusó de golpear a su pareja. Lo condenaron además a un año y medio de prisión por ese delito.
Los que vienen sumando rechazos, hasta ahora, son los apellidos más destacados de la represión ilegal. Los pedidos de los marinos Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Jorge Radice y Adolfo Donda fueron rechazados al igual que el del ex jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura, Miguel Etchecolatz. Sin embargo, los planteos no están cerrados y buscan que se les conceda la apelación a esas negativas.
Frente a esta cadena de pedidos para que puedan los acusados y/o condenados por represión ilegal salgan de la cárcel, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió varias cuestiones a la hora de estudiar los pedidos de los detenidos en causa de lesa.
“Si están alojados en centros del Servicio Penitenciario es porque pueden estarlo. Muchos otros presos ya se fueron a sus casas en arresto domiciliario, por lo tanto los que están ahí detenidos es porque su situación médica ya fue evaluada -dijo a Infobae la fiscal Ramos-. Entonces ahora hay que tener en cuenta si son grupo de riesgo y si están bien tratados dentro de la prisión; si existe algún indicador para que se contagien o para que no puedan seguir el tratamiento médico dentro del penal”.
Según señaló, tampoco «es lo mismo un detenido en la unidad que está en Campo de Mayo, que solo aloja a presos de lesa y que en la que no se reciben internos nuevos, que una unidad que sí tiene circulación de presos. Tampoco es lo mismo un detenido en una cárcel del interior que alguien que está preso en el penal de Ezeiza donde hay un hospital intramuros”. A su criterio, “el Servicio Penitenciario adoptó muy buenos protocolos para el personal penitenciario, para los detenidos y para las personas que ingresan al sistema, con el fin de que estén 15 días aislados antes de integrarse al penal en busca de minimizar los riesgos”.
“Frente a eso aparece el pedido de un detenido hablando del temor a un posible contagio del coronavirus. Cómo va a hacer ese detenido de riesgo para cuidarse en su domicilio, quién lo va a cuidar, frente a un sistema sanitario en emergencia y una obra social que es la de la fuerza de seguridad que tiene suspendida sus prestaciones comunes», se preguntó.
“El hecho de tener una Obra Social hoy no lo coloca en mejor situación dada la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país”, agregó.
Existe “un deber para el SPF de implementar protocolos acordes a ese grupo poblacional que los resguarden o generen acciones para minimizar la posibilidad de contagio y eso viene sucediendo”, resaltó. «A criterio de esta fiscalía, en estos momentos no han cambiado las circunstancias para que estas personas continúen en prisión, sobre todo cuando por «no existe ningún reporte oficial de la existencia de algún caso sospechoso intramuros”.
