La proyección del impuesto extraordinario tendrá el espejo del fuero Contencioso Administrativo Federal, los tribunales que deberán atajar cualquier intento de anularlo si se transforma en ley para lo que todavía deberían activarse -aunque más no sea de forma remota- los engranajes mínimos del Poder Legislativo. La letra chica hablará de grandes patrimonios de personas físicas y jurídicas, pero el ojo deberá estar puesto en cómo se fije la capacidad contributiva de cada uno.
La cuestión es una cornisa: ya hay tributos a las posesiones (Bienes Personales) y tampoco se puede asegurar que quienes exteriorizaron capitales continúen teniéndolos bajo control tres o cuatro años después como para que se les sea exigida esa capacidad. El hecho imponible, en ese caso, se consumó con el pago del impuesto especial de acuerdo con el monto de lo exteriorizado. Y culminó, por lo que quienes hayan ingresado al blanqueo terminará siendo un listado referencial. La Justicia tiene dos herramientas para validar una norma polémica: desechar los planteos en contra y fallar a favor, o dilatar en el tiempo una decisión adversa. En tiempos de pandemia, el tiempo se torna muy valioso.
El otro aspecto controversial que abrirá un debate jurídico será la potestad para que los intendentes sean autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Fuera de la coyuntura y del reclamo de los jefes comunales para tener herramientas que le permitan saltar la ausencia de operatividad en el territorio de la Secretaría de Comercio Interior, es un debate que se abre a futuro sobre el poder de policía que tienen los municipios. De manera más extensa, por qué no podrían también fiscalizar la ubicación de las antenas de telefonía en sus distritos.
Esa cuestión fue zanjada en un fallo de la Corte que no lo habilitó. Pero extiende la discusión respecto a la denominación de federalismo que, en plena pandemia, podría ser resuelto con una resolución, sin mayor despliegue. Pero también les dará a los intendentes la chance de interactuar con los jueces a cargo de los procedimientos tanto cautelares como de inspección. Todo un empoderamiento que puede hacer emerger un nuevo paradigma, a nivel político.
Gabriel Morini/Ámbito
