Entre las cosas que el senador provincial Lucas Fiorini quiere que el Senado le pregunte al Ejecutivo y al Ministerio de Salud bonaerense están las de saber “qué recursos materiales y humanos” se destinan a la aplicación del Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo; “si hay camas y salas exclusivamente reservadas” para esas intervenciones en los hospitales públicos; “si es respetada la objeción de conciencia del personal de salud” que se opone a realizar abortos; cuántas prácticas de “Interrupción Legal del Embarazo” se han realizado “desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” y el costo de los insumos usados; cuántas de éstas “han sido practicadas más allá del límite de las 12 semanas de gestación”; qué causales fueron esgrimidas para la realización de estos abortos; si funcionan los consultorios externos de los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires”; etcétera.
Es un total de 12 preguntas que incluyen el pedido de que “se detalle qué especialidades se encuentran suspendidas, restringidas o con funcionamiento normal”, un reclamo que apunta a poner en evidencia que, a pesar de la pandemia y de la emergencia sanitaria que obligó a postergar o suspender muchas prácticas esenciales a la salud pública, no se habría procedido de la misma manera con el llamado Protocolo de ILE.
Son varios los especialistas -como los cardiólogos por ejemplo- que han alertado sobre los graves efectos que puede tener la suspensión de controles y tratamientos.
En texto aparte, Fiorini también propone que el Senado solicite información al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel G. Gollan, sobre los “motivos por los cuales se realizó la compra de 80.000 (ochenta mil) comprimidos de Misoprostol”, en marzo pasado, “por un monto aproximado de $15.000.000 (quince millones de pesos) al Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E., teniendo en cuenta la normativa vigente en la República Argentina que no fomenta ni reconoce, salvo para casos excepcionales, la llamada Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
El misoprostol es un fármaco que se utiliza, entre otras cosas, para provocar abortos y que desde la difusión y sobre todo la propagandización del Protocolo de ILE se usa cada vez más en la Argentina, y con frecuencia sin control médico.
En los fundamentos del pedido de informe, Fiorini señala que la cifra destinada a esa compra resulta “sumamente excesiva”, considerando que en la provincia de Buenos Aires “el promedio de abortos legales realizados entre 2010 y 2016 fue de unos 287, aproximadamente”, según cifras del mismo Ministerio de Salud provincial. “La compra de ochenta mil comprimidos resulta claramente desproporcionada para la atención de abortos que encuadran dentro de las permisiones de la ley”, concluye Fiorini.
En cuanto a las preguntas sobre la priorización de las ILE por sobre otras prácticas, el senador -de origen peronista pero hoy enrolado en Cambiemos- las fundamenta por el “contexto difícil” determinado por la pandemia, que impone a “las autoridades políticas ser sabias y prudentes con las prioridades que se asignan dentro del sistema de salud”.
Dice haber tomado conocimiento por denuncias en redes sociales y por “el testimonio de trabajadores de la salud pública de nuestra Provincia” de que “se está promocionando como prioridad el ‘Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo’, en el marco de la pandemia por coronavirus”.
Considera que esto es “particularmente preocupante dado el perjuicio y postergación que a la vez han padecido otras actividades sanitarias (consultas, operaciones programadas, etc.) que son de gran importancia y que se han visto suspendidas sine die con el fin de prevenir el contagio del personal médico de los pacientes en general”.
Un contexto en el cual llama “poderosamente la atención” que se haya dado “prioridad” a “la efectivización de las interrupciones legales del embarazo” considerando que “el acceso a esta práctica no puede habilitarse displicentemente y menos fomentarse como un bien”; y recuerda el Senador lo que afirma el artículo 86 del Código Penal de la Nación “que explícitamente exceptúa únicamente a aquellos abortos realizados ‘con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios’ o ‘si el embarazo proviene de una violación’”.
“Nos preocupa la interpretación ligera que se hace de estas restricciones”, agrega, recordando la adhesión de nuestro país -en su Constitución y en Tratados Internacionales- a la idea de que el derecho a la vida debe protegerse desde “el momento de la concepción”.
“En el marco de la pandemia es necesario conocer las prioridades y el cuidado con que se utilizan los recursos públicos”, a fin de conocer con exactitud qué atención “se le da por parte del Estado al cumplimiento del mencionado protocolo de interrupción ‘legal’ del embarazo, por el cual se insiste en su realización por medio de campañas que le dan un lugar no justificado, en contraste con la atención que se le debe prestar a las demás cuestiones de salud pública, en especial a las que se relacionan con el tratamiento y la prevención del Covid-19”.
Lucas Fiorini aseguró a Infobae que mantiene un buen diálogo con el actual gobierno bonaerense y con el justicialismo; “pero no por eso dejo de señalar las contradicciones y falencias que observo”.
Abogado y actualmente senador provincial por Cambiemos, Fiorini es de origen, militancia e ideas justicialistas. Integró la Mesa Ejecutiva Nacional de la JUP y fue concejal en su ciudad, Mar del Plata, por el Frente Renovador, antes de sumarse a Cambiemos.
Vale señalar que hace unos días el canciller Felipe Solá adhirió a una declaración junto a otros 39 ministros de Relaciones Exteriores, en la que se afirma la necesidad de proteger “la salud y los derechos sexuales y reproductivos” y adoptar una “sensibilidad de género” en la respuesta a la pandemia de coronavirus.
El texto asegura que “el COVID-19 afecta a mujeres y a hombres de modo diferente” y “que la pandemia empeora las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas”; afirmación que no respaldan con cifra alguna. En cambio, se sabe fehacientemente que el coronavirus ha matado a muchos más varones que mujeres en todos los países afectados. Aun así, los firmantes de la declaración insisten en que “es imperativo que en la respuesta al COVID se tenga en cuenta el género”.
