Cuarentena, día 72. Al principio, el aislamiento, sumado al temor de un virus desconocido que arrasaba en China y en los principales países de Europa, operó de dique de contención para la política. Eran tiempos de Alberto Fernandez, el comandante. El fin de la grieta. Pero en la Argentina la política se mueve de manera fluida, al igual que el agua en una inundación siempre encuentra cómo filtrarse y avanzar.
Durante las últimas dos semanas, a cuentagotas, el Presidente empezó a dar señales de una agenda paralela en la que trabaja el Gobierno más allá de la urgencia sanitaria de la pandemia y la defensa de una cuarentena que, en su éxito, ya comienza a dar señales de agotamiento por sus efectos secundarios: problemas económicos, sociales y angustia.
En sintonía con un cambio de estrategia, que lo llevó a abandonar la reclusión en la quinta presidencial de Olivos para viajar al interior del país y fortalecer la relación con los gobernadores (la semana pasada visitó Misiones y Formosa), habló de modificar la coparticipación y el impuesto a las ganancias, y anunció, sin ofrecer mayores precisiones, un nuevo contrato social de cuatro puntos, cuya confección está a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz.
También pasó a referirse a Malena Galmarini, Sergio Massa, Axel Kicillof, Mayra Mendoza, Maxímo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro como “la nueva generación de dirigentes que piensa una Argentina distinta» (lo hizo durante un acto en Quilmes) y avaló un avance judicial que se volvió particularmente intenso en los últimos días, con la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri por haber implementado una supuesta red de espionaje ilegal durante su gestión.
También con el pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para anular la causa del memorándum de entendimiento con Irán y la decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de ser querellante en las causa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner Los Sauces y Hotesur.
Se trata de un área central para Alberto Fernández. Cuando inauguró el período 2020 de sesiones ordinarias del Congreso anunció como piedra basal de su gestión una profunda reforma judicial, proyecto que podría llegar a la Cámara de Diputados esta semana, según señalaron a Infobae fuentes del oficialismo.
Entre otros puntos, prevé la unificación de los fueros criminal y correccional y penal económico, y la creación de nuevos juzgados que podrían decidir en muchas causas de corrupción del sistema político, sindical y empresario, varias de ellas vinculadas con ex funcionarias del gobierno de Cristina Kirchner. “Con la pandemia, el gobierno nacional tapó importantes causas judiciales para garantizar impunidad”, afirmó a este medio la diputada provincial Maricel Etchecoin, referente de la Coalición Cívica y mano derecha de Elisa Carrió.
Por otro lado, Alberto Fernández dedicó varios minutos de sus entrevistas televisivas y radiales a plantear un tema que lo enfrenta con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hoy reconvertido en socio estratégico para combatir el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires: la discusión por la coparticipación.
“Tenemos que revisar todo y terminar con la discrecionalidad del poder central. A muchos les gusta seguir la lógica del centralismo, y yo no estoy feliz viviendo en un país donde hay ciudades que parecen la capital de Bélgica y otros sectores que tienen ingresos como en los lugares más pobres del mundo”, resaltó durante un acto en la provincia de Misiones.
Es una puja de larga data y apunta contra los beneficios fiscales que recibe la ciudad de Buenos Aires en detrimentos del resto de las provincias, y también es un reclamo que lleva adelante el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El gobierno nacional objeta el incremento que recibió la administración porteña a principios de 2016 por parte del entonces presidente Mauricio Macri para cubrir los gastos que representaba el traspaso de la policía federal al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que pasó de percibir el 1,9% a recibir el 3,75%, unos 126.000 millones de pesos para el 2020.
Antes de que estallara la pandemia en el país, había una mesa de negociación, a cargo de Silvina Batakis, secretaria de Relación con las Provincias del Ministerio del Interior, y Martín Mura, ministro de Hacienda de la Ciudad. El último encuentro oficial tuvo lugar a fines de febrero y desde entonces no volvió a discutirse, a pesar de las recurrentes referencias del Presidente en cada acto oficial.
En cuanto a la política económica, cualquier avance en este rubro está supeditado a un resultado favorable a la renegociación de la deuda, pero mientras tanto el oficialismo planteó, en medio de crisis sanitaria por la pandemia, dos ideas: el impuesto a las grandes fortunas, proyecto que está listo para ser presentado en el Congreso, y la posibilidad de que Estado sea accionista de las grandes empresas a las que asiste, una propuesta de la diputada Fernanda Vallejos que todavía está en estado embrionario.
“Los temas polémicos o pesados no han ingresado al Congreso, y hay dudas de que se puedan tratar en las sesiones remotas, porque son cortas, con temas acordados”, expresó un dirigente parlamentario de Juntos por el Cambio ante la consulta de Infobae.
El primer proyecto, impulsado por el diputado Carlos Heller, tiene el aval de Máximo Kirchner y del propio Presidente, y establece un tributo a los bienes personales declarados a partir de los $200 millones. En cuanto a la propuesta de Raverta, varios ministros del gobierno, como Claudio Moroni (Trabajo) y Nicolás Trotta (Educación), la calificaron de “interesante”, aunque Alberto Fernández evitió pronunciarse al respecto.
Al igual que la discusión por la coparticipación, hay otras iniciativas que quedaron estancadas por la pandemia. Una de ellas es el proyecto para legalizar el aborto, que también el Presidente anunció cuando abrió las sesiones del Congreso y se encaminaba a convertirse en ley luego de la discusión en 2018, cuando tuvo media sanción de diputados pero no logró superar el filtro del Senado. Hasta el momento, no hay fecha para retomar este planteo.
La moderación es la estrategia de Alberto Fernández para acumular el respaldo político necesario para sostener una cuarentena XL. Y todavía el COVID-19 no mostró su peor cara. Pero el Gobierno, producto de su génesis, a veces se mueve como un monstruo de dos cabezas: una gestiona la crisis sanitaria, la otra presiona para acumular poder.
