La justicia de Nueva York le ordenó al Gobierno pagarles 224,2 millones de dólares a dos fondos de inversión que permanecían en default desde el 2001.
El analista Sebastián Maril anticipó el fallo de la jueza Loretta Preska de Nueva York, que convalidó el reclamo de los fondos Attestor Master Value (por USD 67,9 millones y Trinity Investments (USD 156,3 millones).
Se trata de dos fondos que no participaron de la reestructuración de los canjes 2005 y 2010, aclaró Maril.
«Estos dos fondos constituían la mayor tenencia de bonos en default y no reestructurados de los casos iniciados ante el Juez Thomas Griesa”, dijo Maril a Infobae, en relación al magistrado que llevó todas las causas de la Argentina hasta su fallecimiento.
De este modo, “ahora la Argentina tan solo tiene cerca de USD 300 millones (más intereses) en litigio de aquel default del 2001”, explicó Maril.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que “se seguirá negociando y apelando” y aclararon que “era algo que estaba al caer hace tiempo”, aunque es el primer fallo en contra del gobierno argentino desde que asumió Alberto Fernández como presidente en diciembre pasado.
Los bonos defaulteados fueron emitidos entre 1997 y 2001 en este caso y sus tenedores originales no entraron a los canjes posteriores a la cesación de pagos de fines del 2001, que se llevaron a cabo en 2005 y 2010.
Sin embargo, estos dos fondos los compraron entre 2013 y 2014 y, con el default del 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner, comenzaron su reclamo judicial, mientras pedían la aceleración de la deuda respectiva.
El default del 2014 se basó en la sentencia de Griesa del 2011, ratificada por la cámara federal de Nueva York, que quedó confirmada de hecho cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomó el caso y el fallo quedó firme en favor de los acreedores que no habían aceptado los mencionados canjes y reclamaban el pago completo de sus títulos.
El 93% de los acreedores había aceptado dichas reestructuraciones, pero, a falta de cláusulas de acción colectiva (CACs) en los bonos que no se pagaron, la justicia norteamericana consideró que el país debía pagarle al resto de los bonistas.
El gobierno de Mauricio Macri solucionó la mayoría de los casos pendientes entre 2016 y 2017, como señaló Maril, a través de un acuerdo que avaló Griesa.
