A través del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la validez del decreto que declara servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga.
En la última sesión del Senado de la Nación, el Frente de Todos impuso su mayoría para sancionar el DNU de Alberto Fernández. Con 46 votos a favor del kirchnerismo y 26 en contra de la bancada de Juntos por el Cambio, tras más de 10 horas de debate el decreto fue validado por la Cámara Alta.
Este lunes en el Boletín Oficial salió publicada la Resolución 95/2020 en la cual el Senado de la Nación -representado en las firmas de Claudia Ledesma Abdala de Zamora y del Secretario Parlamentario Marcelo Fuentes- declara “la validez del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°690″.
El DNU 690/20 establece modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e incorpora un artículo a esa norma a través del cual otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Asimismo, determina que la autoridad de aplicación -el Ente Nacional de Comunicaciones- “garantizará su efectiva disponibilidad”.
El DNU había sido anunciado por Alberto Fernández el pasado 21 de agosto. A través de su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado comunicó que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y la TV paga. No obstante, los declaró servicios públicos esenciales. De este modo, las empresas que prestan estos servicios no podrán en el futuro aumentar los precios a sus clientes sin contar con una autorización previa del Estado.
“De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, expresó el Presidente.
Ni bien se conoció el anuncio, desde el sector de las telecomunicaciones rechazaron la decisión y acusaron al Gobierno de de dictar un decreto innecesario e injustificado. Aseguraron que, de esta manera, las autoridades nacionales intervienen en el sector.
En la sesión del último jueves la medida del Gobierno fue muy cuestionada por la oposición. “Es súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre y discrecionalidad y atenta contra las inversiones. ¿Con esto incentivamos la inversión de miles de millones que se necesitan para el 5G en Argentina y cerrar una brecha con el resto del mundo? La respuesta es no”, criticó el senador Martín Lousteau. De todas maneras se mostró abierto a apoyar un congelamiento de precios: “Es justo y necesario”.
Con discursos moderados los legisladores de Juntos por el Cambio rechazaron el decreto, pero se mostraron favorables a la decisión del Gobierno de frenar los aumentos de precios. En efecto, le dieron la espalda al resto de la iniciativa, por su impacto en los planes de inversiones del sector y la incidencia, por ejemplo, en las cooperativas del interior del país. Y a la forma de impulsarla, a través de un decreto de necesidad y urgencia.
“Este DNU es demagógico, no es sostenible, es confuso. El sector productivo está preocupado, le estamos cambiando las reglas del juego de un día para otro, sin escucharlos, sin tenerlos en cuenta”, declaró Gladys González, legisladora del PRO y autora de un proyecto de ley que declara a internet “servicio humano y público”. “Por supuesto estamos de acuerdo en congelar tarifas en tiempos de pandemia. Pero esto tiene implicancia sobre la calidad del servicio. Es probable que las grandes corporaciones puedan soportar, pero no las pequeñas y medianas empresas, no las cooperativas, que son las que en nuestras provincias llevan la capilaridad de estos servicios”, agregó.
“Cuánta elegancia a veces para decir que no cuando en realidad es sí. Demasiada capacidad para el firulete cuando en realidad estamos debatiendo casi en el marco de una coincidencia”, dijo en su turno Alfredo Luenzo, del Frente de Todos. “No estamos estatizando absolutamente nada”, remarcó.
