A menos de una semana del voto de Argentina en la ONU contra Venezuela, que desató un complejo debate interno en la coalición de Gobierno, Alberto Fernández enfrenta esta semana un nuevo dilema: definir si su administración permanecerá en el Grupo de Lima, que influido por Estados Unidos cuestiona a Nicolás Maduro y su régimen populista.
En este sentido, el kirchnerismo duro exige al Presidente que abandone este foro regional, liderado en las formas por Brasil y Colombia, y permeable a la agenda del Departamento de Estado que apuesta al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
El próximo martes 13 habrá una reunión de cancilleres del Grupo de Lima en donde se busca emitir una nueva declaración contra Maduro. Habrá desde este foro un fuerte aval al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michele Bachelet, que denunció graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y también el Grupo de Lima se propone exigir una vez más elecciones libres, transparentes e independientes para elegir el sucesor de Maduro con un claro apoyo al presidente interino Guaidó, que Alberto Fernández considera un alfil de Donald Trump.
El canciller Felipe Solá no definió aún si formará parte de esas deliberaciones o si incluso la Argentina, como lo hizo en enero pasado, terminará votando por separado del resto de los países del Grupo Lima.
Sin embargo, más allá de la decisión del canciller Solá, la dirigencia del kirchnerismo duro y el Frente Grande que forma parte del Gobierno adelantaron que “es hora” de que la Argentina abandone el Grupo Lima y se distancie de las supuestas “posturas extremistas” de Washington que, al entender de estos sectores promueven, una eventual intervención militar en Caracas.
Alicia Castro, la ex embajadora en Venezuela que enfrenta la política exterior del Gobierno, opinó ayer que “la Argentina debería retirarse del Grupo de Lima, un grupo subalterno creado con el propósito explícito de debilitar la integración regional de América Latina y el Caribe, desarticular la UNASUR y reunir a los aliados regionales de los Estados Unidos con el objetivo de erosionar al gobierno de Venezuela y procurar un cambio de régimen”.
En una nueva ofensiva contra Alberto Fernández y Solá, Castro señaló a Infobae que “el Gobierno había prometido retirarse del Grupo de Lima, creado por Macri, Temer y otros gobiernos de derecha de la región, y luego matizó su incomprensible permanencia prometiendo que nunca acompañaría los votos y decisiones del Grupo de Lima”.
La ex embajadora argentina durante el gobierno de Hugo Chávez no es la única del kirchnerismo que cree que la Argentina debe abandonar cuanto antes el Grupo Lima. El ex embajador en Bolivia y referente de la dirección ejecutiva del Frente Grande, Ariel Basteiro, dijo categórico: “Argentina debe irse del Grupo Lima ya que ese espacio no refleja la postura argentina”.
Basteiro es un hombre de consulta del Instituto Patria que dirige Cristina Kirchner y en diálogo con Infobae aseguró que está convencido de que “el Grupo Lima no tiene ninguna organicidad, lo cual entrar o salir es difuso” pero abogó porque la Argentina se aleje en lo inmediato de ese espacio por la fuerte influencia que allí ejerce Washington.
Alberto Fernández y Alicia Castro, el referente político de Nicolás Maduro en la Argentina
Eduardo Sigal, referente del Frente Grande en política exterior y ex dirigente del Partido Comunista, está alineado con la Vicepresidenta y también abogado por la renuncia al Grupo Lima. “Las relaciones internacionales y la participación en sus organismos no pueden estar sujetas a humores temporarios sino a una estrategia de inserción en el mundo acorde con los objetivos de desarrollo que uno establezca en cada etapa para su país”, expresó Sigal a Infobae.
En esta línea, el representante del Frente Grande remarcó: “si el grupo de Lima se propone entrometerse en los asuntos de terceros países como Venezuela, Argentina debería mantener una posición firme de oposición y de defensa de la autodeterminación y no intromisión en los asuntos internos de otros países. Esa doctrina nos acompaña hace más de 100 años. Si no se respeta ese principio habría que retirarse sin dudarlo”.
En esta misma línea, más de 500 referentes de la izquierda latinoamericana le entregaron una carta abierta al Presidente en donde rechazaron el voto de la Argentina la ONU, que ratificó la existencia del plan sistemático de violaciones a los derechos humanos que se ejecuta en Venezuela.
En esa carta abierta, que lleva la firma del ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Atilio Borón, entre otros, se destaca que “los países con los que votó la Argentina en la ONU son los mismos que están trabajando con Estados Unidos para que usted fracase (por Alberto Fernández) y vuelva el neoliberalismo en Argentina”.
En la extensa carta de este grupo de intelectuales, se deslizan las mismas opiniones que el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, lanzó poco antes del voto en Naciones Unidas al sostener que “hay una visión sesgada” de los derechos humanos en Venezuela. Pese a enfrentar la política exterior del Gobierno, Raimundi continúa en su puesto en DC.
Marco-Enriquez Ominami, el máximo referente hoy del progresista Grupo de Puebla, líder de la izquierda chilena y amigo de Alberto Fernández, evitó una definición concreta sobre lo que debe hacer la Argentina ante el Grupo Lima para no meterse en temas internos del país.
Sin embargo, en diálogo con Infobae, Ominani fue claro en su posición y en mensaje diplomático destacó: “Soy de los que creen que la política exterior en América latina debe ser menos ideológica pero más politizada. Prosur era un proyecto ideológico y UNASUR era un proyecto político. Y el Grupo de Lima es un grupo ideológico y no de integración. A ese grupo lo que le importa es que una visión partidista e ideologica debe reinar y no responde a los intereses de los pueblos o los estados”, dijo.
Alineamientos internacionales
Desde que llegó al poder, Alberto Fernández se rehusó a salir del Grupo Lima. Prefirió dar el debate interno en ese espacio o bien mantener un silencio stampa como señal de desagrado.
A la vez, la Argentina se sumó al Grupo Contacto con la Unión Europea, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay en torno al esfuerzo común de fomentar el respaldo a una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela. Esta fue una decisión para exhibir cierta equidistancia con Estados Unidos, que tiene otra hoja de ruta para lograr desplazar al régimen populista.
El canciller Solá aclaró desde el primer momento que la Argentina se iba a negar a firmar en el Grupo Lima eventuales declaraciones que fomenten sanciones contra el régimen de Caracas. Y la administración de Alberto Fernández se expuso abiertamente en contra del Grupo Lima, por ejemplo, en enero pasado cuando rechazó una declaración en la que los países de ese foro condenaron “el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión para elegir democráticamente a su Mesa directiva”.
La situación hoy cambió. Tras el voto de Argentina en contra de Venezuela en la ONU, las presiones del kirchnerismo duro se acentuaron, mientras Martín Guzmán negocia con el FMI, que es controlado por el Departamento del Tesoro.
La continuidad o no en el Grupo de Lima va más allá que una postura híbrida de “permanencia administrativa” como la que planteó hasta ahora Alberto Fernández.
El gobierno de Estados Unidos acaba de mostrar su satisfacción y elogiar a la Argentina por su voto en la ONU. Y el embajador norteamericano en Buenos Aires, Edward Prado expresó ayer a Infobae que “en el caso de Venezuela, en el que todo el mundo reconoce la crisis, tanto Estados Unidos como Argentina buscan el mismo fin: una solución pacífica, política y rápida que dé espacio a un renacimiento democrático y económico en ese país”.
Prado añadió: “En el corto plazo, hay grises. Argentina acaba de votar en las Naciones Unidas a favor de condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta resolución pide elecciones libres, justas, transparentes y creíbles”. Aunque fijó una suerte de línea que Washington no está dispuesto a traspasar: que no serían posibles elecciones en Venezuela mientras el régimen ilegitimo de Maduro controle los mecanismos de campaña y elecciones.
