La sociedad chilena se encuentra movilizada en plena pandemia por un plebiscito constitucional que intentará abrir fórmulas democráticas que ajusten las fallas de un modelo económico percibido como exitoso, pero al mismo tiempo afectado por desprotección social, y que pareció estallar hace un año con fuertes protestas en las calles.
La consulta popular más importante en la democracia que recuperó Chile en 1990 tendrá lugar el 25 de octubre, el mismo día que hace un año una concentración histórica, pacífica y apartidista pidió cambios por un país menos desigual.
La frustración por una vida cara como en Europa, con salarios bajos como sus pares de la región, salud, educación y pensiones privatizadas al estilo de Estados Unidos y altas expectativas en uno de los países más prósperos de América Latina fueron antesala y argumentos del estallido social del 18 de octubre que se prolongó hasta inicios de este año con manifestaciones a menudo violentas.
Un año después, los chilenos buscan un modelo más justo, con mayor bienestar social y calidad de vida, y sus ciudadanos miran como ejemplos a Nueva Zelanda y a Suecia.
Entre la ira y la esperanza
El plebiscito surgió de un acuerdo político inédito en noviembre, al calor de las protestas. Se fijó para el 26 de abril pero se pospuso por el coronavirus que golpeó fuerte a este país de 18 millones de personas. Más de 14 millones pueden votar, entre ellos extranjeros con más de cinco años de residencia, sobre la posibilidad de redactar una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), reformada en gobiernos socialistas y demócratas cristianos, pero percibida como la madre de los problemas de discriminación, concentración de poder económico y desigualdad social.
La consulta constará de dos preguntas. La primera, “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, estará impresa en una papeleta de color blanco y tendrá dos posibles respuestas: “apruebo” o “rechazo”. La segunda, «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”, estará impresa en una papeleta color beige y ofrecerá las alternativas de Convención Mixta Constitucional (una asamblea formada en un 50% por constituyentes elegidos para ese fin y en 50% por actuales miembros del Congreso) o Convención Constitucional (conformada en un 100% por constituyentes elegidos para ese fin).
Una nueva Constitución “no resuelve todos los problemas, sin embargo la crisis social se vincula tanto a las demandas sociales como al sistema político”, explicó a la AFP Claudio Fuentes, politólogo y profesor de la Universidad Diego Portales.
Escándalos de corrupción, crisis de representación y un hartazgo de los partidos políticos antecedieron a esta encrucijada chilena.
“Por lo tanto hay una esperanza doble de la ciudadanía respecto a que se incluyan derechos sociales en la Constitución y adicionalmente, que se resuelven problemas del vínculo político”, apunta Fuentes sobre esta oportunidad para redactar una nueva carta magna que incluya los derechos que exige la gente.
Votar es la clave
La preocupación de esta consulta pasa por la capacidad para estimular la participación electoral, en una recta final hacia el plebiscito que coincide con el inicio de un desconfinamiento a gran escala en el país que suma casi 493.000 contagiados y más de 16.600 muertos por Covid-19.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera (Prensa Presidencia)
Gravita el temor de un repunte de los contagios cuando las últimas encuestas señalan que entre un 50% y 60% iría a votar. “Cuídate para llegar sano al 25 de octubre”, dicen lemas en redes sociales.
Un eventual triunfo del “Apruebo” y una nueva Constitución, redactada por constituyentes elegidos específicamente para esos fines – opción apoyada por más de 70% del electorado según varios sondeos- implicaría un tsunami electoral durante los dos próximos años en Chile.
Diego Schalper, diputado y dirigente de Chile Rechaza, agrupación integrada por movimientos políticos y sociales próximos a la coalición del gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera, sostiene que se han creado falsas expectativas en la población “como si una gran Constitución les va a cambiar la vida”.
“Llevan 30 años calentando la silla en el Congreso, cobrando millones, hemos protestado en todos los tonos por cambios en educación y pensiones, y nunca escucharon ni hicieron nada, ahora mienten diciendo que con leyes se puede ¿por qué no lo hicieron antes de que el país explotara?”, se indigna Gladys Alvarado, una cocinera por el “Apruebo”, en un mitin de mascarillas, distancia y poca gente en el centro de Santiago.
Un año después de la movilización social que emergió del estallido, el poder político ha tenido que hacer y promover cambios impensados e influenciados por la ira callejera, como ocurrió con la inédita aprobación para un retiro de pensiones anticipado de administradoras privadas desde julio que, contra todo pronóstico, ha sido la tabla de salvación en medio del descalabro económico que produjo la pandemia.
