El derecho a la educación de calidad se vio amenazado en tiempos de pandemia. Con el cierre de establecimientos, los esfuerzos se concentraron en mantener las clases a distancia. Sin embargo, las diferencias en el acceso tecnológico dificultaron el cumplimiento de las enseñanzas y aprendizajes bajo modalidad remota.
A principios de Septiembre el Poder Ejecutivo emitió un decreto que considera a la telefonía móvil y fija, internet móvil y fijo, y tv por cable como servicios públicos que requieren un rol activo del Estado en la tutela de los mismos; lo cual significa un gran paso a la hora de pensar políticas públicas que garanticen el acceso universal, independientemente del poder adquisitivo de cada familia y de cada persona.
Fue un gran paso, pero todavía queda mucho por hacer como lo demuestran los números del siguiente informe realizado en más de 11 barrios vulnerables1 de la ciudad Capital, a más de 140 familias “extensas” (aquellas familias que conviven en la misma vivienda y cuyo vínculo incluye a familiares directos e indirectos) dentro del territorio urbano. El trabajo de recolección de datos, a través de encuestas, fue realizado en conjunto con el Área de Educación Popular y Cultura de la organización territorial Barrios de Pie-Libres del Sur.
Bajo esos parámetros de análisis obtuvimos el primer dato contundente: 9 de cada diez familias cuenta entre sus integrantes, al menos, a una persona en edad escolar que efectivamente se encuentran escolarizados (desde nivel inicial hasta nivel terciario). Dentro de las cuales el 87% corresponde a estudiantes en los niveles primarios (60%) y secundarios (27%).
1 Consideramos barrios vulnerables como aquellos que no cuenta con acceso a los servicios básicos: red de agua, gas y/o electricidad, mantenimiento y limpieza urbano, y la presencia de UPAs y/o CAPs.
SOBRE LAS FAMILIAS CON ESTUDIANTES
Según la Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, más del 68% de las familias argentinas tiene conectividad a internet (por red o WiFi), número que se reduce considerablemente si ponemos el foco en los barrios populares de nuestra ciudad Capital: donde sólo 3 de cada 10 familias tiene acceso a una red estable (31%) ya sea de internet por cable o inalámbrico (wifi). Lo que nos lleva al interrogante de cómo se conectan aquellas familias que no tienen acceso a una red de internet. Aquí algunos datos en ese sentido: el 75% se ve obligado al uso de datos móviles para cumplir con obligaciones de enseñanza, trámites o comunicación a distancias en tiempos de Distanciamiento Social y Obligatorio.
Con respecto a las razones del limitado acceso a una red banda ancha, el 70% declara la imposibilidad debido, en primera instancia, a la falta de recursos económicos para poder hacerlo. Este dato se relaciona de forma directa con otro de los relevados en la presente encuestas: 9 de cada 10 familias (88%) de los barrios populares, sólo percibe ingresos de trabajos informales y/o Planes de Trabajo estatal. En segunda instancia, y en menor medida (20%) no puede acceder a conectividad ya que la red de internet no llega hasta la zona donde se encuentra su vivienda. Y, por último, el restante 30% no lo encuentras necesario ya que sólo cuenta con dispositivos móviles y los mismos se sustentan mediante datos móviles.
DISPOSITIVOS Y EDUCACIÓN
Según los resultados preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, a nivel nacional el 53% de los estudiantes no tiene acceso a una computadora, lo que dificulta la fluidez en el cumplimiento de las obligaciones académicas; ese número se ve radicalmente amplificado en nuestra provincia, para los sectores populares, donde según el presente informe sólo 1 de cada 10 familias con integrantes en edad escolar tiene acceso a una computadora.
Uno de los datos más relevantes en este punto es que, de las familias que tienen acceso a una computadora el 70% fue distribuido por el programa nacional Conectar Igualdad. Programa que en 2018 fue disuelto por el presidente Mauricio Macri y colocado dentro de la plataforma Educ.ar, lo que significó una reducción presupuestaria casi total. Esta decisión se tomó bajo el discurso de que la brecha digital estaba “saldada”, dejando por fuera la discusión acerca de la “cultura del uso y apropiaciones de la nueva tecnología”. Si bien, este punto acerca del uso de los dispositivos fue uno de los menos desarrollados dentro del programa, la desaparición del mismo significó un daño notable al derecho a la conectividad, sobre todo en tiempos de pandemia como el presente.
Con respecto a los usos de los dispositivos, los datos fueron los siguientes:
El mayor uso de los dispositivos está relacionado al cumplimiento de las obligaciones académicas. Si analizamos este dato en relación a los datos sobre la falta de computadoras y de acceso a redes banda ancha, podemos concluir que 7 de cada 10 estudiantes de los barrios populares deben cumplir sus obligaciones de continuidad académica mediante el uso de datos en teléfonos móviles.
El riesgo de abandono escolar afecta especialmente a los y las jóvenes de los sectores vulnerables. Según el informe de UNICEF, al finalizar la pandemia 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes van a ser pobres. Es en ese marco que, declarar las telecomunicaciones como un servicio público y congelar las tarifas hasta el próximo año, y la puesta en marcha nuevamente de programas nacionales como el Conectar Igualdad se vuelven necesarios y urgentes para facilitar e incrementar el acceso de los sectores populares a estos servicios. Y otorgarle a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de sostener sus estudios.
