La patria camionera ya no es lo que era. En su apogeo, entre 2003 y 2011, Hugo Moyano acumuló poder político y económico, desplegó una fuerza propia sobre la base de su liderazgo en la CGT y convirtió a su sindicato en una marca poderosa dentro del gremialismo argentino. Hoy el líder está recluido en su casa por el COVID-19, su hijo Pablo oscila entre los problemas judiciales y los generados por su carácter explosivo y su sector sindical tiene cada vez menos adherentes.
La única buena noticia en las últimas horas para Moyano es que la Justicia aceptó la oferta del Grupo Clear, piloteada por Ignacio González Pedroso, un allegado a Cristóbal López, para quedarse con OCA, la empresa postal que el líder camionero llegó a manejar como si fuera propia y con cuyo destino está obsesionado desde que decretaron su quiebra en 2019 por una deuda de $5000 millones con la AFIP, que hoy alcanzaría los $20.000 millones, y se pusieron en riesgo 6.000 puestos de trabajo.
El jefe de los Camioneros mantiene la fuerza que le otorga su sindicato, de unos 240 mil afiliados en todo el país y una fuerte capacidad de movilización, aunque hay indicios de que el imperio que construyó se está agrietando.
En principio, por la pérdida de predicamento entre sus pares de otros gremios. El símbolo fue la conferencia de prensa que brindó Moyano, el 17 de octubre pasado, cuando impulsó una caravana de vehículos para hacer su propia celebración por el Día de la Lealtad. Allí, en la sede de SMATA, al lado del líder camionero sólo estaban Mario Manrique (SMATA), Omar Plaini (canillitas), Graciela Aleña (viales) y Jorge García (taxistas). Quedaron lejos esos tiempos en que el moyanismo reunía a una veintena de organizaciones de primera línea, muchas de ellas de un sector clave como el transporte.
El moyanismo tuvo su momento de esplendor cuando su líder dirigía la CGT y a partir de 2003 mantuvo una fuerte influencia en el gobierno de Néstor Kirchner, quien lo eligió como socio sindical para fortalecerse a raíz del conocido “defecto de origen” de su gestión: el 22% de los votos con los que tuvo que asumir como Presidente ante la renuncia de Carlos Menem al ballotage.
Esa condición de favorito le brindó ventajas de tipo económico y otras estrictamente sindicales que fueron facilitadas desde el poder político, Ya desde 1999, el Sindicato de Camioneros había sido autorizado a extender su representación a actividades como logística y distribución, y ese fue el inicio de una estrategia (bendecida desde 2003 por el Ministerio de Trabajo) que contempló una larga serie de “robos” de afiliados de otros sindicatos: supermercados, correos, catering, establecimientos mayoristas, tintorerías, aguas gaseosas y perfumistas son algunas de las actividades que, sólo hasta 2011, le permitieron a Moyano sumar unos 26.000 afiliados de Comercio, 10.000 del gremio que agrupa a los trabajadores de seguridad, 5.000 de Aguas Gaseosas y unos 2.000 de Carga y Descarga.
La cantidad de afiliados que consiguió de esa forma fue directamente proporcional a la bronca que generó entre sus colegas. Aun hoy, muchos dirigentes no le perdonan haber crecido a expensas de otras organizaciones. Por eso era previsible que su fuerza dentro del sindicalismo disminuyera: Moyano ya dejó la conducción de la CGT y también perdió influencia política porque no tiene la llegada que imaginaba al gobierno de Alberto Fernández. Quedó en evidencia desde el 10 de diciembre pasado con su imposibilidad de designar a un dirigente propio como ministro o secretario de Transporte. Recién en febrero pudo ubicar a dos técnicos vinculados con su hijo Facundo en esa cartera.
Aunque en abril el Presidente lo calificó de “dirigente ejemplar” y cuatro meses después lo recibió con su familia en la Quinta de Olivos, Moyano no es un interlocutor privilegiado de la Casa Rosada. Pablo mantiene un canal de diálogo más aceitado a través del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Y la relación de ambos con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es buena, aunque los camioneros lo miran de reojo porque uno de sus principales asesores es Alberto Tomassone, el eterno abogado del Sindicato de Comercio que dirige Armando Cavalieri, un viejo enemigo moyanista.
Moroni tuvo que intervenir en el conflicto entre Pablo Moyano y Mercado Libre luego del bloqueo sindical al centro de distribución de la empresa de Marcos Galperin en La Matanza (medida que el hijo de Moyano decidió sin el aval de su padre) y hasta ahora logró una tregua en el enfrentamiento intergremial en el que están de por medio los 1200 afiliados que los camioneros quieren sacarle al Sindicato de Carga y Descarga, encabezado por el barrionuevista Daniel Vila.
Hoy, en la cartera laboral aseguran que están cerca de un acuerdo en Mercado Libre que pacificaría una situación de alto voltaje político. Ayudó al buen clima la decisión de papá Moyano de correrlo a su hijo Pablo de esa negociación, que quedó en manos del secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, y del abogado laboralista “Huguito” Moyano, otro miembro del clan familiar.
El temperamento irascible de Pablo le sigue generando problemas, aunque en los últimos meses aseguran que está más nervioso que nunca por las alternativas de la causa judicial en la que está involucrado y en donde la fiscalía pidió la elevación a juicio como presunto jefe de una asociación ilícita integrada por la barra brava del Club Independiente y parte de la dirigencia de la entidad.
El complicado frente judicial de Pablo Moyano se analizó durante la reunión que su padre mantuvo con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. El Gobierno sigue de cerca la causa. No casualmente, el locuaz hijo del líder camionero mantiene un perfil bajo desde hace largas semanas.
Cerca de Alberto Fernández prenden velas para que Moyano Jr. no sea elegido futuro titular de la CGT en 2021. En la intimidad lo catalogan como un dirigente “imprevisible” y destacan que la central obrera debe estar conducida por alguien de perfil negociador, con cintura política.
