«Vamos a cumplir con todas las instancias que sean necesarias para dialogar con el Gobierno, pero si no nos escuchan, actuaremos como históricamente lo hizo el movimiento obrero». Esta fue una de las advertencias más moderadas que se multiplicaron este martes en el cuarto piso de la sede cegetista de Azopardo 802. En la primera reunión del consejo directivo de la CGT que tenía lugar desde hace once meses en ese lugar, los sindicalistas presentes no parecían los mismos que participaron mansamente del acto por el 17 de octubre que el oficialismo organizó en el histórico edificio.
Todas las señales que dio la central obrera en ese encuentro preanuncian un clima de enfrentamiento. Parece haberse terminado la paciencia sindical y no es casual que suceda ahora: los dirigentes de la CGT saben que desde los despachos oficiales se está planeando un ajuste para que se pueda alcanzar un acuerdo con el FMI. Lo que no lograron hasta ahora en materia de incidencia en las decisiones oficiales, ya no lo conseguirán en un contexto de mayores restricciones. Y deberán contener el malestar de los trabajadores sin que los funcionarios se hayan preocupado por contenerlos a ellos.
Por eso hasta Héctor Daer, el cotitular de la CGT con mayor llegada al Presidente, no se preocupó por atajar ni una de las críticas que sus colegas descargaron con desencanto y bronca a lo largo de tres horas de reunión. El comunicado final, titulado “La pandemia no terminó”, está lleno de claras muestras de un malestar inédito en los once meses del gobierno de Alberto Fernández. No sólo advierten que “no puede ni debe ser dilapidado” el “esfuerzo compartido” en esta pandemia, tras sostener que deben mantenerse los programas sociales y la ayuda económica, sino que incluso reclaman “garantizar que el cambio de formula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”.
La central obrera pedirá una audiencia con el primer mandatario, aunque arrancará con un encuentro con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que ha sido el único funcionario que se preocupó por mantener los puentes tendidos hacia la dirigencia gremial. El panorama es explosivo porque el Gobierno no tiene mucho para ofrecer en materia económica si la consigna ahora es bajar el gasto público y reducir el déficit fiscal para acordar con el Fondo Monetario.
El problema adicional es que se llega a este punto de inflexión sin un diálogo productivo desde el 10 de diciembre pasado. Alberto Fernández mostró un comportamiento errático en su relación con el sindicalismo: no les cedió lugares importantes en la grilla de funcionarios ni tampoco se preocupó por darles aunque sea la sensación de que incidían en las decisiones. No es sólo una cuestión de pérdida de poder político, sino que hace largos meses que los dirigentes gremiales se quejan de que carecen de interlocutores eficaces en los ministerios para resolver cuestiones muy específicas.
Por eso uno de los temas que más enardece a los sindicalistas es la crisis de las obras sociales. Conocen al ministro Ginés González García desde hace décadas (en particular, Daer y su jefe sindical, Carlos West Ocampo), pero el titular de Salud, según se quejan, prometió demasiadas cosas que terminó incumpliendo. Como la jefatura de la Superintendencia de Servicios de Salud, que iba a recaer en un técnico de la CGT y finalmente quedó en manos de un amigo del ministro. O el DNU que iba a habilitar plata del Tesoro Nacional para compensar la caída de la recaudación del sistema de salud, que nunca se concretó y el dinero para cumplir esa finalidad sale de un fondo que se nutre de aportes de los trabajadores.
También se le reprocha haber congelado la elaboración conjunta de un proyecto de ley complementario del sistema de salud para corregir asimetrías de las obras sociales que fueron facilitando su desfinanciación. Pero el detonante de la bronca actual es la sospecha de que el Gobierno les transferirá a las obras sociales el costo de las vacunas contra el COVID-19. En la CGT calculan que hay en juego medio millón de dólares y temen que deban afrontarlo desde un sistema con un déficit de 6 mil millones de pesos acumulados a octubre, más una pérdida de 1.500 millones de pesos por mes, según los números que proporcionó a sus colegas el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri.
Carlos Acuña y Héctor Daer, cotitulares de la CGTUno de los más enfurecidos en la reunión cegetista fue el mercantil Armando Cavalieri, del sector de “los Gordos”, quien directamente habló de una medida de fuerza. Es lógico: el veterano dirigente pertenece a un sector que se resentirá aún más cuando el Gobierno restrinja el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que le pagaba una parte del salario a miles de trabajadores de Comercio afectados por la cuarentena. Y los problemas para ayudar al sistema de salud afectan a su obra social, Osecac, la más numerosa del país: tiene más de 2 millones de afiliados.
Pero las quejas sindicales se centraron también en el Impuesto a las Ganancias: el docente Sergio Romero, por ejemplo, lo calificó de “estiletazo al bolsillo de los trabajadores” y pidió que el Gobierno “revise su política recaudatoria”. Y también hubo espacio para protestar contra la supuesta decisión oficial de eliminar la doble indemnización a fin de año. Para la CGT, es imprescindible mantener esta medida y prorrogar también la prohibición de los despidos, pero alertaron que existe un fuerte lobby empresarial para ponerle fin a estas resoluciones dictadas al inicio de la emergencia sanitaria.
¿Podrá evitar el Gobierno que semejante malestar termine en el primer paro general de la CGT contra Alberto Fernández? En principio, depende más del propio jefe del Estado que de los sindicalistas. Pero aún si decidiera comenzar un diálogo en serio con la central obrera, hay factores que interfieren en la búsqueda de un acuerdo social: el ajuste que viene de la mano del acuerdo con el FMI, según alertan los dirigentes gremiales, requiere de consensos mucho más amplios, que incluyan sobre todo a la oposición política y a otros sectores económicos y sociales. Y, como se concluyó en la reunión cegetista, “todavía no está claro cuál es el plan que propone la Casa Rosada, si es que lo tiene”.
