El Senado de la Nación tuvo este viernes una sesión especial en donde se aprobó el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como impuesto a la riqueza para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.
Tras más de seis horas de debate, el impuesto a la riqueza fue aprobado y obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra. Cabe recordar que en el Senado hay 72 miembros: 41 senadores del Frente de Todos, 8 del Frente Pro, 14 de la Unión Cívica Radical; y nueve monobloques conformados por un senador (Avanzar San Luis, Frente Cívico y Social Catamarca, Juntos Somos Río Negro, Justicialista 8 de Octubre, Mediar Argentina, Misiones, Movimiento Neuquino, Producción y Trabajo, Santa Fe Federal).
La iniciativa, que había sido aprobada en Diputados y que ahora se giró al Ejecutivo para su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial, fue aprobada esta noche gracias a la mayoría que ostenta el oficialista bloque del Frente de Todos.
El miembro informante por el oficialismo fue el senador cordobés y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio. En su exposición señaló que se trataba de un aporte “único, por única vez, en una situación trágica que tiene el mundo, y evidentemente en una situación excepcional” e hizo referencia a que se está saliendo de esta pandemia “como salimos de algunas de las guerras mundiales: con miles y miles de muertos en el mundo y con las economías desgastadas”.
El senador hizo referencia al rol del Estado en un país que tiene salud pública y que su accionar es “fundamental” para luego volver a hacer referencia que esta ley “es un aporte que solicitamos a los altos y grandes patrimonios del país, aplicable a las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos”, para diferenciarse de las voces de la oposición que, como todos sabían, iban a hacer referencia al golpe que esto podría significar para las empresas.
“Según un informe de la oficina de presupuesto del Congreso, con este aporte el Estado va a recaudar $ 420.000 millones -120.000 millones de pesos más que en las estimaciones preliminares-” y que según los datos brindados por la Afip alcanzaría a menos de 12.000 personas. “Si tomáramos a las personas alcanzadas, tendríamos que el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte. Para que la gente no se deje engañar, porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos, que no tiene nada de malo ser rico, pero el 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte y no estamos persiguiendo a nadie”.
Para finalizar, el senador oficialista dijo: “tenemos que tener un país con menos pobres pero ¿saben qué sería malo? que los pobres sean solidarios y los ricos no”.
El primero en responder fue el senador radical y miembro de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, que apuntó directo a lo que sería el objetivo del aporte: “Este no es el mejor esfuerzo que podemos hacer, tiene un montón de falencias y no va a resolver nada de lo que decimos que queremos resolver”.
“¿Qué se hace con lo que recauda este proyecto? Por ejemplo, el 25% en proyectos gasíferos y vamos a incentivar a YPF que creo que va a generar un problema de litigiosidad, estamos creando un impuesto para darle fondos a YPF que es mixta, privada y pública y va un 15% al fondo de integración socio urbana y otro porcentaje a las becas Progresar. ¿Esto es solo por un año? Porque este aporte es solo por un año. Esto genera dudas de qué va a pasar”, agregó.
“Digámoslo de una vez, esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez y no entiendo como vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año. Y ya sabemos que pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina”, dijo Lousteau, en alusión a que una vez que llegan, nunca se van.
Desde el oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun expresó: » “Si queremos hacer efectivos los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales, necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar, pedimos un aporte excepcional que creemos cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria”.
Otro senador del Frente de Todos, Mariano Recalde, defendió el proyecto con una curiosa alusión a Diego Maradona. El legislador recordó: “El 22 de enero de 1996, un millonario que era de Boca, pero millonario, dijo ‘Creo que el gobierno debería sacarle más plata a los que más tienen, a mí por ejemplo, y usarla para dársela a los que están más abajo’. Ese millonario era Diego Armando Maradona. Creo que va ser muy bueno que este proyecto se sancione porque va ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Y es un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona.”
Luego lo siguió el senador del Pro Esteban Bullrich, quien adelantó que el bloque no iba a acompañar la medida “no porque creamos que el que más tiene, tiene que pagar menos, sino todo lo contrario. Justamente porque creemos que el sistema impositivo argentino debería ser progresivo y no regresivo. Es por eso que estamos en contra. Nosotros creemos que este gobierno enfrentó muchos problemas y que la pandemia trajo más, pero la verdad que ha mostrado una gran falta de creatividad frente a esos problemas. Se enamoró de la solución cuarentena”.
Sesión ordinaria especial remota del Senado de la Nación en la que se aprobó el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, el 4 de diciembre de 2020, en Buenos Aires, Argentina. (Foto: Charly Diaz Azcue/ Comunicación Senado) “Además, otra ironía, sobre la creación de este impuesto y sus autores. Uno escondió un banco en una cooperativa para no pagar impuestos y crea este impuesto. Y el otro es un evasor fiscal que debía cuatro millones de pesos a la AFIP y se acaba de sumar a una moratoria”, sentenció Bullrich, en alusión a los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, impulsores del proyecto.
Otra dura voz opositora fue la de Roberto Basualdo, de San Juan: “Es un impuesto anti inversiones, confiscatorio y discriminativo que generará un incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina”.
El proyecto aprobado apunta a los patrimonios superiores a los $200 millones, con el objetivo de recaudar $300.000 millones para volcar a planes productivos y sanitarios. La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre $300 y $400 millones, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5 por ciento.
Un dato no menor es cuándo se reglamentará y publicará ya que del total alcanzado el 60% está en pesos y el 40% en moneda extranjera y, de este último porcentaje, el 94% está en el exterior por lo que sería alcanzado por la penalidad. En este contexto, la fecha de publicación en el Boletín Oficial toma relevancia porque será esa la fecha que se tome para cerrar el tipo de cambio con el que se medirá las cuentas en moneda extranjera para saber si alguien está alcanzado o no por el aporte.
