El cupo laboral trans establecido para la administración pública nacional fue una de las principales políticas afirmativas de derechos desarrolladas este año por el gobierno nacional en materia diversidad sexual y una conquista de las organizaciones LGBT+ que se inscribe en el camino trazado por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
La iniciativa ingresó posteriormente como proyecto al Congreso, donde ya obtuvo dictamen de comisión en Diputados y ahora aguarda su tratamiento en el recinto.
«Sabemos que hay organismos que ya cumplieron o superaron el cupo: en el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tenemos un 2% de trabajadoras y ya se alcanzó el 1% también en el Inadi y en el Hospital Laura Bonaparte», dijo a Télam la subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGyD, Alba Rueda, a casi cuatro meses del anuncio.Rueda explicó además que el decreto tuvo un «efecto multiplicador» en algunas provincias.
«Santa Fe reglamentó su ley de cupo trans, Entre Ríos aprobó la suya, el Senado de la Nación sacó una resolución instituyendo una medida similar y la Provincia de Buenos Aires lanzó el Registro Diana Sacayán para aspirantes a ocupar un puesto en el sector público bonaerense» agregó Rueda.
El decreto 721/2020 del 4 de septiembre pasado estableció que puestos laborales del sector público nacional «deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1%», por «personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad» necesarias, «hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen».
«Cuando me enteré del decreto esa medianoche, no podía parar de llorar», contó a Télam Alma Salinas (42), quien a principios de año se incorporó al área de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Productivo como parte de las políticas de inclusión laboral que se pusieron en marcha con el cambio de gestión y que se institucionalizaron a través del decreto.
«Para alguien cisgénero tener la posibilidad de trabajo es importante, pero para nosotres implica en muchos casos tener acceso por primera vez a la educación, a una obra social, a alquilar un departamento, al crédito, a los aportes jubilatorios…», afirmó.
La activista contó a Télam que su transición coincidió también con su alejamiento de un trabajo de 17 años como animadora y relacionista pública de una discoteca, donde «me maltrataban» y su jefe llegó a decirle que «si te hacés travesti acá no trabajás más».
Lejos de todo aquello, hoy Alma se siente «respetada» en su nuevo trabajo, «no solo por mi identidad sino por mi desempeño», y se «emociona» cada vez que se cruza con «otras compañeras trans en pasillos o ascensores».
Entre las contrataciones que mejor expresan el espíritu reparatorio de esta medida, se encuentran la de Luz Aimé Díaz, la joven trans tucumana con una discapacidad visual severa y en situación de prostitución desde los 13 años, que fue absuelta a mediados de este año tras permanecer 30 meses bajo prisión preventiva acusada de un intento de homicidio que no cometió.
El pasado 5 de noviembre ella se convirtió en la primera persona trans en ingresar al Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para personas Travestis y Trans de la Cámara de Diputados; en lo que la diputada Mónica Macha definió como un acto de «justicia transfeminista».
El decreto estableció también que «se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente» por personas trans y que esto «en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes».
La norma creó además una Unidad de Coordinación Interministerial (UCI) encargada de elaborar las condiciones necesarias para el cumplimiento de la norma y su observación y un Registro de Anotación Voluntaria para personas trans aspirantes a ingresar al sector público nacional, próximo a lanzarse.
El texto estipuló adicionalmente que «el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo», razón por la cual quienes no hayan completado la educación básica podrán ingresar «con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos».
Rueda explicó además que actualmente están «trabajando en tres líneas de acción» el pleno cumplimiento del decreto.
«Desde la UCI estamos terminando un diagnóstico inicial sobre la situación de terminalidad educativa, empleo y políticas públicas afirmativos para la población trans que se conocerá en enero, pero también estamos trabajando en la modificación del sistema de recolección de información del Estado para que las bases de datos dejen de ser binarias y se adecuen a la ley de identidad de género», dijo.
«También estamos desarrollando una línea de políticas públicas para la terminalidad educativa y trabajando con las áreas de recursos humanos en la no discriminación y trato digno hacia las personas trans», agregó Rueda.
Por otro lado, el registro de aspirantes ya sorteó con éxito la prueba piloto «y se están reglamentando las bases y condiciones» para luego proceder al lanzamiento.
«Tiene que ser por ley porque es la forma de involucrar a los tres poderes del Estado, porque estamos convencidas que la diversidad es un valor de la democracia que debe ser expresado por el poder legislativo, y porque además debería ser una política que trascienda a los gobiernos y esté a salvo negociaciones temporales», dijo Rueda.
