Tras la aprobación de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, desde el Hospital Público Materno Infantil, institución de referencia en ginecología y obstetricia de la Provincia, explicaron que la infraestructura está preparada para cumplir con la ley, ya que la práctica en general no demanda internación ni utilización de quirófanos. Sin embargo, adelantaron que buscarán más médicos para atender a las mujeres ante un posible aumento de la demanda, ya que el 85 por ciento de los profesionales de esa institución se declararon «objetores de conciencia».
El gerente interino y director de Perinatología, Esteban Rusinek, informó que el hospital ya viene trabajando con el aborto no punible en los casos habilitados hasta ahora: cuando el embarazo es producto de una violación o implica riesgo para la vida de la mujer.
«Tenemos un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos y médicos que hacen asesoría y escuchan a la paciente. Se implementa la consejería para la decisión de la interrupción», indicó. Y explicó cuál será el cambio. «La única diferencia que tiene esta ley con respecto a hoy es que también se podrá interrumpir el embarazo de forma voluntaria, sin necesidad de que exista una causal de salud hasta las 14 semanas», sostuvo.
Al ser consultado sobre cuántos médicos son «objetores de conciencia», es decir que se opondrían a intervenir en la interrupción voluntaria de un embarazo, el gerente interino detalló que lo son el 85% de los médicos sobre un plantel de 25 profesionales de obstetricia y ginecología.
De todos modos, aclaró que al tratarse de un procedimiento programado, no habrá inconvenientes y que un consultorio de médicos no objetores atenderá los casos que se planteen. «Las pacientes no van a tener ni siquiera una entrevista con médicos que sean objetores», recalcó.
Agregó que trabajan para incorporar médicos que no tengan objeciones, de manera de reforzar la estructura ante un probable aumento de la demanda.
Esteban Rusinek sostuvo que «la infraestructura del hospital Materno está preparada para hacer lo que manda la ley» que se aprobó ayer en el Congreso. Explicó que la interrupción del embarazo en los primeros tres meses generalmente se practica de forma ambulatoria, sin necesidad de internación, ni quirófanos. Agregó que incluso la están realizando en los centros de salud.
«Esto es asesorado y controlado por un programa de Nación, de Salud Reproductiva y Sexual, al que nosotros adherimos. Estamos coordinados», dijo.
Las mujeres que quieren pedir la interrupción del embarazo se comunican a una línea 0800 del Gobierno de la Nación, que coordina y establece dónde y en qué plazo se hará la atención.
Plazos
La ley aprobada recientemente obliga al establecimiento médico a responder al requerimiento de interrupción del embarazo en un plazo máximo de 10 días corridos. También establece penas de tres meses a un año e «inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena» para las autoridades o profesionales de una institución de salud que dilataran injustificadamente, obstaculizaran o se negare a practicar un aborto.
Al ser consultado sobre este punto, Rusinek respondió: «Nosotros estamos al tanto porque realmente nos estamos manejando de esa forma. Tratamos de no interferir una vez que está tomada la decisión. Vamos a intentar hacer lo posible para que en los 10 días esto se resuelva. Yo creo que sí se puede».
Explicó que generarán un ordenamiento para que haya coordinación y que no falle la estructura o se interrumpan los plazos.
«Es un procedimiento que no es de emergencia ni de urgencia. No entra por la guardia, sino que es programado, así que es cuestión de ordenarlo», señaló.
La nueva ley establece también que se debe garantizar el trato digno a las pacientes y poner a disposición información sobre anticonceptivos.
Sobre este punto, Rusinek expresó: «Hay un consultorio de salud reproductiva y sexual donde se hace consejería, realmente entendemos que cuando la paciente llega al momento de interrumpir al embarazo es verdad que llegamos tarde, así que se viene trabajando permanentemente en todo lo que es la consejería de salud reproductiva».
Puntualizó que tras el parto, las pacientes se van con información y métodos anticonceptivos.
Esteban Rusinek destacó que el hospital está al servicio de la comunidad. «Por eso es que hacemos hincapié en la consejería y tratar de que no lleguen a una interrupción del embarazo. Si llegan, tratamos siempre de conservar la privacidad, de mantener a la paciente protegida y de que esto sea rápido y efectivo», finalizó Rusinek.
El Senado aprobó ayer la ley de interrupción voluntaria del embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
Marianela Pereyra/El Tribuno
