A través de una resolución que se publicará este lunes, en el Boletín Oficial, la secretaría de Energía autorizó un aumento inicial de 59% en el precio de la tonelada de biodiesel, que de $ 48.5333 en que estaba pasará a $ 77.300 inicialmente y aumentará de modo escalonado hasta llegar en mayo a costar $ 92.558, completando así un aumento del 90,6 por ciento.
Se trata de un aumento muy superior al de la inflación, que en 2020 fue de cerca del 35% (aún falta el dato de diciembre del Indec), aunque tiene relación con el precio de la soja, principal insumo del biodiesel, cuyo precio internacional subió casi 40% en dólares y 96% en pesos.
El biodiesel, elaborado a partir de la soja, se usa en camiones, tractores y maquinaria agrícola, en tanto el bioetanol, que se produce a partir de caña de azúcar y de maíz, se mezcla con naftas y tiene a los autos como destino final.
Con lo cual se descuenta que habrá un impacto en los precios al consumidor, que buscarán trasladar a los usuarios el precio que el Estado otorgó a los productores de biocombustibles, en un mercado muy regulado. El impacto en surtidores, dijeron fuentes del mercado a Infobae, estaría entre 2,5 y 4 por ciento.
De este modo, el gobierno responde al reclamo de los productores de biodiesel que habían llegado a frenar sus planas en reclamo por el cuasi-congelamiento a lo largo de 2020, cuando solo tuvieron un aumento del 10% para el precio que las petroleras, según regula la ley 26.093, deben pagar por el biodiesel que luego mezclan con sus combustibles. Para atenuar este impacto, el “corte” o porcentaje obligatorio para las petroleras se reducirá a la mitad en enero (del 10 al 5%) e irá aumentando gradualmente hasta volver al 10% en abril. A su vez, el precio del biodiesel también seguirá aumentando, hasta llegar al 90,6% en mayo respecto del precio actual.
El mes pasado, las cámaras de este sector habían intimado a Energía a actualizar los precios, pedido en el que contaron con el apoyo de los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, preocupados por un nuevo cierre de plantas.
El artículo 1 de la resolución suspende hasta el 31 de mayo el procedimiento de fijación del precio de adquisición del Biodiesel que se había aprobado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y el artículo 2 fija el sendero de precios del biodiesel que las petroleras deben mezclar con gasoil para cumplir la ley 26.093. El precio de la tonelada de biodiesel será de $ 77.300 en enero, $ 86.875 en febrero, $ 89.975 en marzo, $ 90.300 en abril y $ 92.558 en mayo., cuando completará el aumento superior al 90 por ciento. El artículo 3 establece, a su vez, que el plazo de pago de las petroleras a los productores de biodiesel no podrá superar los 30 días desde la emisión de factura, y el artículo 4 dispone los cambios en los “cortes” que obligatoriamente deben respetar las petroleras. que del 10% actual pasa al 5 % en enero, al 6,7% en febrero, y al 8,4% en marzo, para volver al 10% en abril.
¿Efecto compensador?
El biodiesel se produce a partir de la sojaSin embargo, la fuente no cree que la medida tenga un efecto “compensador” para los productores de maíz, a los que el gobierno recientemente cerró el mercado de exportación, ya que la demanda de maíz para bioetanol, dijo, es “insignificante” con relación al efecto de los precios internacionales y de la demanda de sectores como el de los polleros agrupados en el “Centro de Empresas Procesadoras Avícolas” (CEPA), una de las entidades integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, ahora visto con sospecha por algunas entidades rurales como Confederaciones Rurales Argentinas, por ser las empresas de CEPA beneficiarias del cierre de la exportación de maíz.
Las compañías petroleras, obligadas a pagar los precios regulados, son críticas del régimen de la ley 26.093, que las obliga a pagar a los productores de biodiesel y bioetanol los precios que decide el gobierno. El régimen, dicen, genera una oferta cartelizada en un mercado cautivo y con precio garantizado a los productores, que luego las estaciones de servicio deben trasladar al consumidor final.
Otro costo del régimen, dicen, es que el Estado deja de percibir divisas por la exportación de maíz, soja y derivados, y de recaudar impuestos por la venta de combustibles. Según esos cálculos, en 15 años, este esquema de promoción impositiva tuvo un costo fiscal de USD 6.000 millones y generó una pérdida de divisas de exportación de USD 1.400 millones.
Resta ver también como el campo, en proceso deliberativo acerca de cómo responderá a la decisión del gobierno de prohibir las exportaciones de maíz, asimilará esta nueva medida del gobierno, que impactará en el costo del transporte (camiones) y en el de la utilización de la maquinaria agrícola.
