Dirigentes del kirchnerismo, ex presidentes de distintos países de Latinoamérica, actores, periodistas y funcionarios del gobierno nacional firmaron este domingo una solicitada para reclamar la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou. El pedido llega diez días después de que el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado ordene su regreso a la cárcel para cumplir la condena por el caso Ciccone.
La decisión de Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron el regreso a la cárcel de Boudou, cuya condena a 5 años y medio de cárcel fue confirmada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia. El magistrado revocó el arresto domiciliario al considerar que habían cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa, que en su momento era que debía estar con sus hijos mellizos de dos años y que su esposa, ciudadana mexicana, debía trabajar para sostener la familia.
“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, señala el texto que fue firmado por los ex presidentes Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras).
En la solicitada los firmantes cuestionaron a la Justiciar argentina y a los medios de comunicación. “Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”, indicaron.
La solicitada publicada este domingo en las redes sociales y en algunos medios de comunicaciónAdemás, aseguraron que “es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente” y afirmaron que los “medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política”.
Según indicaron, “la situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra, objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal”. Además, consideraron que “un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner”.
“Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros”, agregaron.
Amado Boudou junto a la entonces presidenta Cristina Kirchner (NA)Entre los funcionarios y legisladores que firmaron la solicitada se encuentran el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la titular del PAMI, Loana Volnovich; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los legisladores Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Norma Durango y Leopoldo Moreau; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.
“Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas”, sostuvieron.
El texto reclama “la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas” para que “en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos”. También señala que “lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno”.
“Es lo que en la región conocemos como la “guerra judicial”, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras”, expresaron en el texto.
