La Asociación Argentina de Fiscales señaló a través de un comunicado lo que entendió como una “planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos”.
La referencia, sin nombrarlo, fue al discurso que el lunes dio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Congreso. “Esas acciones no solo se canalizan a través de proyectos legislativos de reformas, entre los que pueden mencionarse aquellos que procuran modificar el régimen de designación del Procurador General de la Nación, el término de duración de su mandato, el procedimiento para sancionar a fiscales, sino también el anunciado descalabro de crear un Tribunal de Arbitrariedades, y el de composición del Consejo de la Magistratura. La inconstitucional propuesta de creación de una ´comisión bicameral´ para ´seguimiento´ de la justicia, no es otra cosa que un tribunal de inquisición dedicado a la caza de brujas”, sostiene el comunicado que lleva la firma del presidente Marcelo Quintián, del vice Walter Fernández y del secretario general Matías Michienzi.
Se trata de las iniciativas que adelantó Alberto Fernández y de los pedidos que el hizo al Congreso para que aprueben las iniciativas que ya tienen media sanción, entre ellas la reforma al Ministerio Público Fiscal. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, había dicho el jefe de Estados.
La Asociación Argentina de Fiscales resaltó además que “los ataques” al procurador general interino, Eduardo Casal, son por “no poder encontrar consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias en la proposición de una persona que satisfaga las garantías de imparcialidad”. “Y allí es donde se patentiza que no se busca esa condición, sino todo lo contrario, un militante político partidario afín con el oficialismo”, agregó la entidad.
La asociación sostuvo que dentro de los acontecimientos que señala se encuentran “las distintas voces de funcionarios del Partido político gobernante, tendientes a descalificar constantemente los actos de la judicatura, y la instrucción en general”. “Permanentes ataques a los miembros del Máximo Tribunal del país, al Procurador General de la Nación interino, y a todo juez o fiscal que le toca intervenir en procesos que involucran a personas o intereses del partido gobernante”, destacó el comunicado.
Para la entidad se llega así a “niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes” que ponen en crisis la confianza pública. “Pretendemos una relación inteligente, sabia, respetuosa entre los poderes del Estado. Del mismo modo que los jueces y fiscales no opinan en los medios de comunicación sobre los desaciertos de las políticas públicas o sobre las leyes en abstracto, debe comprenderse que los funcionarios de otros poderes también deben respetar esa obligación ético-funcional. Y es que los desacuerdos con los procesamientos, condenas y absoluciones, además de la posibilidad de ser cuestionados por las vías legales correspondientes, no le incumben al Poder Ejecutivo ni al Legislativo”, señaló.
“La misma Constitución prevé los mecanismos del indulto y la amnistía para casos de error judicial o perdón popular por el congreso de penas aplicadas a los jueces. Pero el desacuerdo político partidario no convierte la actividad judicial en errónea, y mucho menos permite presionar a jueces y fiscales para obtener un resultado deseado”, concluyó la asociación que pidió un llamado a la reflexión para “exponer que todas las medidas y acciones señaladas al inicio derivan en ´politizar permanentemente la justicia´” y sostuvo que “la imputación a una persona de la comisión de un delito, no es ´judicializar la política’ ya que el derecho penal de autor se encuentra vedado a la autoridad de los jueces y fiscales. Se juzgan hechos, no formas de ser”.
