A casi tres meses de la legalización del aborto, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un mensaje en alusión al “Día del Niño por Nacer” en el que ratificó su postura de que “el Estado, la familia y los individuos” tienen que “respetar la vida desde su concepción”.
“Afirmamos con la misma certeza que nos da la ciencia biológica que un niño por nacer es una vida, única e irrepetible, y posee el derecho inalienable a vivirla”, señala el comunicado emitido por la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia (Cevilaf).
El denominado “Día del Niño por Nacer” se celebra internacionalmente en cada 25 de marzo, y es un símbolo para los católicos en su rechazo a las iniciativas que legislan a favor de la interrupción del embarazo. En lo religioso, coincide con la Solemnidad de la Anunciación, que en el culto católico recuerda el anuncio del Ángel Gabriel a la Virgen María sobre la concepción de Jesús.
En Argentina, la fecha fue instituida y oficializada en diciembre de 1998 por el presidente Carlos Menem, con la venia del papa Juan Pablo II. Por entonces, el mandatario alentó los jefes de Estado de América Latina a adherirse a la jornada.
A través de la Comisión Episcopal, la Iglesia Católica insistió en que, desde que se inicia la fecundación, esa etapa “es uno de los momentos más vulnerables” de la vida humana y que ”sin el cuidado de sus progenitores y de una familia, esa vida no podría subsistir”.
“Afirmamos y recordamos, además, lo expresado en nuestra Constitución sobre los derechos que tiene esa misma criatura ya desde el seno materno”, expuso el texto.
“Por eso, nos toca a todos, individuos, familia y Estado cuidar y respetar la vida desde su concepción”, agregó, y concluyó: “Apoyados en estos principios de la ciencia y como cristianos, queremos seguir siendo anunciadores convencidos y gozosos del valor de la vida en todas sus etapas”.
Además de Argentina, la conmemoración fue acogida legalmente por Guatemala y Costa Rica, mientras que Nicaragua la asumió al año siguiente. En el 2000 se sumó Bolivia; en República Dominicana desde inicios de 2001; en Perú se instauró por ley en 2002; y en 2003 se sumó Paraguay.
Con el correr de los años, el 25 de marzo como fecha simbólica volvió a tomar fuerza en reacción al avance de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Seguro, Legal y Gratuito”. La pulseada legislativa finalmente fue resuelta en favor del movimiento feminista en diciembre pasado, cuando el gobierno de Alberto Fernández pudo conseguir una mayoría en el Congreso para aprobar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Como era previsible, la sanción de la norma no puso fin a las tensiones y conflictos en torno al aborto. En distintas provincias, se presentaron demandas judiciales para impugnar la ley, tanto de abogados de organizaciones confesionales como de médicos que están en contra de la práctica.
En Chaco, el 28 de enero, la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti habilitó una medida cautelar que ordenó la suspensión de la Ley IVE en la provincia. Y hace unos días le tocó el turno a San Luis, donde la jueza del Juzgado Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, María Eugenia Bona, dictaminó la “inconstitucionalidad” de la normativa. Esa resolución fue a raíz de la presentación por la ex senadora nacional Liliana Negre de Alonso, una de las dirigentes que militan en contra de los pañuelos verdes.
Entre sus argumentos legales, los celestes apuntan que la Ley IVE contraría la Convención de Viena, del Pacto de San José de Costa Rica y de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, que están adheridos a la Constitución Nacional. Sin embargo, otros juristas interpretan que esos tratados internacionales no fueron un impedimento para la sanción de la ley en países que adhieren a la misma normativa internacional. Así lo testimonió la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, durante el debate legislativo donde aclaró que el organismo “no se opone al reconocimiento del derecho al aborto”.
