“Las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir situaciones como el toque de queda o los confinamientos. Claro que lo pueden hacer, pero están sometidas, como es lógico, a la autorización judicial correspondiente”, dijo la ministra en una rueda de prensa.
Si un tribunal local rechaza las medidas propuestas por un Gobierno regional, podría apelar al Tribunal Supremo, que sentaría precedentes aplicables a todas las comunidades.
Sin el estado de alarma, las autoridades españolas no tienen la prerrogativa de suspender libertades civiles como la libertad de movimiento o de reunión. Las comunidades con altos índices de contagios, como el País Vasco, le pidieron al Gobierno central que lo prorrogue.
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