El juez federal Julián Ercolini envió este martes a juicio oral a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, en una causa por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la nueva sede de la Procuración, tras el rechazo a un planteo de la defensa para apartar al magistrado del expediente por «temor de parcialidad».
El magistrado dio por terminada la instrucción y dispuso su sorteo ante un Tribunal Oral, que quedará a cargo del juicio a Gils Carbó por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, informaron fuentes judiciales.
El camarista Pablo Bertuzzi ratificó a Ercolini «frente a la ausencia de argumentos autónomos» para apartarlo, debido a que el planteo de la defensa, señaló el integrante de la Cámara Federal, «sólo se apoya en el contenido de notas periodísticas que, en los términos planteados, se presentan conjeturales».
«La recusación intentada luce carente de cualquier fundamentación que pueda traducirse tanto en apreciaciones de carácter subjetivas como en hechos objetivos que de algún modo comprometan la imparcialidad del magistrado cuyo apartamiento se pretende en estos actuados», concluyó Bertuzzi.
Gils Carbó se encuentra procesada por presuntas «negociaciones incompatibles con la función pública» en la causa que investiga la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la propia Procuración.
Ercolini la había procesado por presunta «administración fraudulenta», un delito más grave, pero la Cámara Federal cambió la calificación a «negociaciones incompatibles» .
La defensa de Gils Carbó pidió apartar al juez, declarar la nulidad del procesamiento y evitar el envío del caso a juicio, ante las denuncias vinculadas al funcionamiento de la «Mesa judicial» del macrismo y maniobras para obligar a renunciar a la entonces Procuradora General de la Nación.
La exprocuradora, incluso, fue citada a declarar como testigo en esa pesquisa que investiga presiones por parte de funcionarios ligados a la Justicia, entre ellos el actual diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, durante la gestión de Cambiemos.
De hecho, la propia Gils Carbó fue objeto de presiones para forzar su salida del cargo, como ratificó el fiscal Gabriel de Vedia, quien en el año 2017 mantuvo un diálogo con Rodríguez Simón en el que este le dijo abiertamente que si la entonces procuradora no renunciaba entonces «meterían presas a sus hijas y a ella».
Los abogados de Gils Carbó habían recusado a Ercolini por temor de «parcialidad» y en la presentación acompañaron un artículo del diario Perfil en el que se consignaba una entrevista brindada por el presidente Alberto Fernández en la que que se refirió «a un encuentro que habría mantenido con el magistrado instructor (Ercolini) con motivo del vínculo generado entre ambos en el ámbito académico».
Según ese artículo, que reprodujo declaraciones del Jefe de Estado, «el doctor Ercolini le habría confesado que se vio obligado a dictar el auto de procesamiento» a Gils Carbó «en virtud de injerencias indebidas».
La Cámara, sin embargo, rechazó el pedido de apartamiento y citó los argumentos del juez, quien desmintió «una conversación del tenor de la descripta» y además agregó que «de haber existido algún tipo de presión o coacción hacia su persona para el dictado de alguna resolución lo hubiera denunciado oportunamente».
En relación a las medidas tomadas por Ercolini, el exministro de Justicia León Arslanian, uno de los abogados de la exprocuradora, destacó en diálogo con Télam que «a lo largo de todo el proceso no se acreditó en modo alguno que la doctora Gils Carbó haya incurrido en ninguna acción ilegítima, ilícita, o directamente incurrido en irregularidad alguna».
Arslanian, quien comparte la defensa de Gils Carbó con el letrado Martín Arias Duval, subrayó que el juez «le había atribuido (a la exprocuradora) una defraudación por administración fraudulenta, que fue desechada luego y revocado el auto, ante nuestra apelación, y la Cámara dejó el hecho calificado como negociaciones incompatibles con la función pública, cosa que ni por casualidad está demostrada».
«La Cámara corrigió la calificación que había utilizado el juez, aunque en vez de disponer el sobreseimiento seleccionó una calificación menor, que de todas maneras nada tiene que ver, porque el desempeño de la doctora Gils Carbó fue intachable, así que se va a tener que discutir en el juicio oral y público», afirmó Arslanian.
Y sobre la adquisición del inmueble para el Ministerio Público, señaló que «gracias a esa compra, la Procuración tiene una sede decente como para funcionar y para desplegar las acciones que, de acuerdo a su plan de trabajo, se había trazado la doctora Gils Carbó».
Fuente: telam
