En ese contexto, explicó que «el costo fiscal es de 63.000 millones de pesos, que debe ser solventado por el Estado y se evaluarán medidas compensatorias». Y apuntó que «esta cifra es menor al otorgamiento del IFE durante la pandemia y ayudaría a igualar las condiciones de los trabajadores de este segmento con el resto».
«Hoy tenemos la posibilidad con este proyecto de saldar una deuda histórica con un sector importante de los trabajadores”, remarcó y recordó “cuando Néstor llegó a la presidencia puso de pie al país, a los trabajadores, luego Cristina continuó con medidas transformadoras”.
Por su parte, Toniolli, agregó que la propuesta «apunta a profundizar el enorme despliegue que viene desarrollando el gobierno nacional desde diciembre del 2019, generando las condiciones para que todo el acompañamiento estatal a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular se convierta en un canal para incorporar a millones de argentinos a mejores condiciones laborales».
