La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció que las «sanciones sectoriales» adoptadas contra Venezuela y la pandemia del coronavirus contribuyeron a empeorar la crisis social y económica del país, en pleno debate sobre el resultado de las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
«Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos», declaró Bachelet, al actualizar desde Ginebra su informe sobre la situación en el país sudamericano, seguido con atención desde Caracas.
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Bachelet lamentó que los programas económicos y sociales puestos en práctica en los últimos años no hayan logrado elevar un nivel de ingreso que sigue siendo «dramáticamente bajo», «insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado».
En este sentido, reclamó un refuerzo de los servicios básicos, «particularmente para los grupos más vulnerables», y lamentó «la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas».
Bachelet considera que la situación humanitaria y económica que Venezuela venía arrastrando desde hace años se vio «agravada» tanto por la pandemia como por las «sanciones sectoriales», lo que limita «aún más» el acceso de la población a servicios básicos.
«Reitero mi llamado a que se levanten las sanciones sectoriales», indicó.
El Gobierno de Maduro esgrimió esta parte del informe de Bachelet para denunciar el «efecto perverso» de los castigos, de los que Caracas responsabiliza principalmente a Washington.
Estima que los ingresos cayeron un 99% y cree que las sanciones equivalen a «crímenes de lesa humanidad», algo que esgrimió también ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). Sin embargo, el Ministerio de Exteriores venezolano también considera que el informe reproduce «fallos» de otros documentos previos y afirmaciones «sin fundamento alguno» y que «no han sido debidamente contrastadas».
Asimismo, la expresidenta chilena indicó preocupación ante «las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas», agregó, reiterando una de sus habituales críticas.
Otra de las recurrentes reivindicaciones de la oficina de Derechos Humanos pasa por reformas policiales y judiciales, a la que Bachelet también suma un llamamiento «a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente».
La exmandataria chilena aseguró que 152 personas fueron excarceladas desde junio de 2020 en el marco de los casos compartidos a través de los mecanismos de cooperación.
El Centro de Comunicación Nacional, que opera como brazo mediático de Juan Guaidó, cree que este análisis «deja nuevamente en evidencia» a la «dictadura» de Maduro.
En ese sentido, el Gobierno venezolano rechazó «las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos», que enmarca «en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela».
Las autoridades venezolanas y la oficina de Bachelet renovaron un año su acuerdo de cooperación, algo que para Caracas ratifica su buena voluntad para cooperar.
Sin embargo, el Ministerio que dirige Félix Plasencia también instó a la ONU actuar «con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo».
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